Derechos sociales: crece la inversión el 36,4% para ampliar coberturas a las personas y avanzar en cohesión social

pamplona - La reversión de los recortes de dinero y servicios que aplicó el mandato anterior (2011-2015) y la recuperación de derechos y prestaciones para la ciudadanía más vulnerable, unido al incremento de usuarios en la totalidad de los servicios han sido los hitos que han marcado la gestión del Gobierno de Navarra en el ámbito de los Derechos Sociales en la legislatura que ahora concluye. Recuperación y gestión que han sentado bases para continuar avanzando en la cohesión social, según destacan desde el departamento y sustentan las cifras. El aumento presupuestario del departamento, incluyendo Vivienda y Empleo, ha sido del 36,4%, -de 335,9 millones en 2015 a 458,2 millones previstos para 2019 y 443,2 en 2018- y excluyendo ambas, del 50,7%. Estas cuantías dan cuenta de la recuperación económica que ha posibilitado revertir unos recortes que soliviantaron a la ciudadanía, en general, y empobrecieron a importantes sectores, en particular, a partir de 2012 y que ahora han iniciado la recuperación, aunque en algunos casos (Cooperación al Desarrollo) no hayan alcanzado la inversión que restó UPN (un 80%).

Los objetivos al inicio de la presente legislatura (2015-2019) para esta amplia parcela que constituyen los Derechos Sociales perseguían reducir el número de personas que sufren pobreza severa en Navarra; aumentar la atención y mejorar la gestión y prestaciones de ayudas y servicios para las personas dependientes, reforzar la protección y promoción de los servicios públicos así como de la atención primaria de los servicios sociales, garantizar un ingreso mínimo a todas las personas, mediante una renta garantizada, y completar ingresos a viudas y pensionistas.

Tal y como destacaron en la toma de posesión de sus cargos tanto la presidenta, Uxue Barkos, como el vicepresidente Miguel Laparra, se ha tratado “de recuperar en su integridad los pilares del Estado de Bienestar y, en especial, la atención a la dependencia reforzando las prestaciones y eliminando las listas de espera”. Plan de Infancia, programa de envejecimiento activo, mejora de los ingresos para la población mayor son retos destacados que han visto logros en estos cuatro años, no sin dificultades.

Las cifras con las que se cierra la legislatura dan cuenta del balance: en estos cuatro años, sube el presupuesto de Derechos Sociales un 36,4% (los cuatro anteriores bajó 34,6% por los recortes); hay 15.674 personas dependientes con derecho a prestación, 4.987 atendidas más (aumenta el 56,8%), baja de 3,47 meses a 1,61 meses el tiempo de valoración de cada expediente y crecen un 60,6% el total de prestaciones y servicios para estas personas dependientes.

En el pago de la renta garantizada (RG) solo en 2018 se han invertido 103 millones para beneficio de 36.303 personas ( 18,71% menores) agrupadas en un total de 12.562 familias, situando a Navarra en segunda posición en la comparativa de cobertura de las CCAA. Con esta medida, vinculada al empleo, y las políticas de inclusión, se ha reducido la pobreza severa en unas 12.000 personas desde la reversión de la crisis. La ayudas a entidades sin ánimo de lucro que operan en los ámbitos de los derechos sociales han aumentado un 64,63% en la legislatura y hoy en día las personas usuarias de los servicios sociales ascienden ya a 64.190 (51.046 en 2015).

cambio social “Cada vez es más evidente que el cambio en Navarra ha sido fundamentalmente un cambio social; hemos pasado de la crisis y los recortes sociales a una Navarra que crece con fuerza y que refuerza los elementos centrales del Estado de Bienestar como son la sanidad, la educación y los derechos sociales”, afirmaba hace unos meses el vicepresidente de Derechos Sociales, Miguel Laparra en un primer balance de la legislatura. “Y algo para nosotros fundamental; que el desarrollo de Navarra sea igualmente social, para toda la sociedad, esto es, también para las personas en situación de dependencia o discapacidad, para la infancia, para la juventud y en general para las familias más vulnerables” aseguraba.

Laparra insiste en que “estos avances sociales son fruto de la buena marcha de la economía, las diferentes reformas fiscales progresistas y el trabajo coordinado con las cuatro fuerzas políticas que apoyan al Gobierno.”

Al frente del Departamento de Derechos Sociales, concebido en la estructura del Gobierno con rango de vicepresidencia, a igual nivel que la vicepresidencia Económica, ha permanecido los cuatros años Miguel Laparra, profesor universitario e investigador, quien en el momento de su nombramiento era director de la Cátedra de Investigación para la Igualdad y la Integración Social (CIPARAIIS). Este departamento se ha organizado en torno a cuatro grandes áreas de gestión: Inclusión y Protección Social, Observatorio de la Realidad y Evaluación de las Políticas Sociales, Agencia de Autonomía y Desarrollo de las Personas y Servicio de Empleo-Nafar Lansare.

planes y leyes organizativos Derechos Sociales cierra legislatura con un balance positivo en cifras pero también en lo concerniente a la confección de planes y marcos normativos para regularlas. En estos cuatro años se han lanzado en torno a doce planes de gestión. Plan de Inclusión Social, Plan de Infancia y Familia (el primero), Plan de Vivienda, Plan de Discapacidad, Plan de Estrategia Gitana, Plan Estratégico de Servicios Sociales, Plan de Voluntariado (casi ultimado), acuerdo de políticas activas de empleo, estrategia de Atención Primaria de los Servicios Sociales o la estrategia de Envejecimiento Activo. También dentro de la política de atención a la dependencia, destacan las ayudas para contratar personas cuidadoras, compatibilidad entre prestaciones y subvenciones o el nuevo sistema de conciertos residenciales.

En estos cuatro años, el Departamento de Derechos Sociales ha impulsado leyes de trascendencia para el futuro. Se trata de normativas que actualizan el marco legal de Navarra que o bien no existían o eran obsoletas. Las leyes del Derechos Subjetivo a la Vivienda, de la Renta Garantizada, de Complemento de Pensiones (se completaba al SMI de 2017), de Mecenazgo Social, ley de Conciertos, la ley de Fundaciones o el decreto de la financiación de los servicios sociales. “Estos planes, que su inmensa mayoría llevaba 10 y 15 años sin actualizarse o no existían, se han hecho con notable participación de personas y sectores implicados y el trabajo en la búsqueda del consenso ha sido permanente. Ha habido más cercanía con las asociaciones”, dice el departamento.

El acuerdo programático de las cuatro fuerzas que han gestionado el cambio (2015-19) señala que las políticas sociales “no son solo un conjunto de servicios y prestaciones, sino un compromiso que obliga a todas las actuaciones del Gobierno”. El anterior Ejecutivo (2011-15) cumplió con los objetivos de déficit ordenados desde Madrid pero su gestión hizo mella en prestaciones reconocidas por ley y desestructuró el objetivo de avanzar en la cohesión social.