Torra declara por desobediencia por los lazos amarillos

La noticia saltó en el comienzo de un curso político marcado por la sentencia de otro proceso judicial, el del caso del procés en el Tribunal Supremo, que estará muy presente en los actos institucionales de la Diada del 11 de septiembre, ya que estarán dedicados a “los presos políticos y los exiliados”, según anunció el Govern y el Parlament ayer.

Todo ello mientras las diferencias dentro del soberanismo sobre cómo responder a esa sentencia del procés persisten, después de una cumbre independentista en Ginebra (Suiza) que sirvió para lograr algunos “avances”, pero que se saldó sin ningún acuerdo.

Gobierno de concentración, investir al expresident Carles Puigdemont o adelantar elecciones son algunas de las propuestas dispares y poco coincidentes que se escucharon desde ERC y JxCat, pero el juicio a Torra, ya con fecha señalada, podría condicionar cualquier escenario de futuro.

El presidente catalán será juzgado por desobediencia a la Junta Electoral (JEC), por no retirar a tiempo lazos amarillos y símbolos partidistas en edificios públicos en campaña electoral, y la Fiscalía pide un año y ocho meses de inhabilitación para el ejercicio de funciones de gobierno, con lo que no podría seguir al frente del Govern si fuera condenado.

En un comunicado, la Oficina de la Presidencia de la Generalitat denunció que las “prisas” del TJSC le ha hecho incurrir, en su opinión, en un “error procesal”, ante el que va a emprender acciones legales que aún no ha concretado.

“La prisa es enemiga del rigor”, denunció Torra en el comunicado, en el que identifica como “error procesal” el hecho que “se ha acordado la fecha del juicio oral (31 de julio de 2019) con fecha previa al auto de admisión y denegación de pruebas (2 de septiembre)”.

El comunicado oficial también alerta de que la fecha del juicio coincide con otro vista programada ya del abogado de la defensa y con el pleno del debate de política general en el Parlamento de Cataluña, acordado por la Junta de Portavoces aunque aún no convocado.

Este asunto podría aparecer hoy en la reunión de la Mesa del Parlament, la primera tras la pausa de verano.

Por otro lado, en una rueda de prensa conjunta, la consellera de Presidencia, Meritxell Budó, y el vicepresidente del Parlament, Josep Costa, presentaron los actos institucionales de la Diada del 11 de septiembre.

Explicaron que la dedicarán a “la resistencia colectiva y la libertad de los presos políticos y exiliados” con la celebración de un acto organizado conjuntamente por ambas instituciones bajo el título Tornarem.

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, destacó ayer la celeridad con la que la justicia ha fijado la fecha de su juicio, lo tachó de precipitado y lo contrastó con los tiempos del juicio a los impulsores del 1-O encarcelados: “La Justicia es lenta solo cuando quiere”.

Así se expresó en un comunicado de la Oficina del Presidente de la Generalitat, en el que se recuerda que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) citó a Torra el 25 y el 26 de septiembre para juzgarle por la presencia de lazos amarillos en edificios públicos durante la campaña electoral.

“Se trata de la demostración más evidente de la celeridad interesada de la justicia”, y recordó que los políticos procesados en el Tribunal Supremo por impulsar el 1-O llevan en prisión provisional casi dos años esperando a la resolución de su juicio.

“Consideramos que estamos ante un señalamiento marcadamente precipitado, cosa que se refleja en el hecho de que se ha acordado la fecha del juicio oral (31 de julio de 2019) con fecha previa al auto de admisión y denegación de pruebas (2 de septiembre)”, expone el texto que asegura que es contrario a lo que marca el artículo 785.2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LeCrim).

La Oficina de Torra exige a los jueces y los tribunales no solo que sean imparciales “sino que tenga la apariencia de imparcialidad”, y creen que haber fijado de este modo la fecha del proceso del presidente lo pone en duda. - Efe/E.P.