- El pleno del Parlamento aprobó ayer con el apoyo de todos los grupos a excepción de UPN y PP una moción presentada por Geroa Bai en la que se insta al Gobierno foral a revisar los protocolos y medios para detectar la necesidad de nuevos procedimientos tras el desarrollo de la Ley de Regulación de la Eutanasia. Los únicos en oponerse fueron los dos partidos tradicionales de la derecha navarra, porque Ciudadanos, la tercera pata de la coalición, votó a favor, en lo que ya se está consolidando como una tradición: romper la disciplina del grupo y que cada partido vote por su cuenta, sin previo aviso y con mutismo total.

La encargada de defender la moción fue Ana Ansa (Geroa Bai), que dijo que “la muerte es parte integral de la vida y desde ella termina por conseguir su sentido” y que esta debe tener calidad “para ser vivible”. “La eutanasia va sobre la vida, sobre cómo la quiero vivir, de ser libres hasta el final porque la dignidad de mi vida es más concreta que el principio de dignidad del ser humano”, insistió.

A su juicio, es necesario despenalizar la eutanasia y el suicidio asistido porque “si no seguirán siendo prácticas clandestinas donde el sufrimiento de ayudar a alguien a morir va a ir acompañado del sufrimiento de ser condenado”. Para esto, explicó, el primer paso es “controlar los síntomas de enfermedad que nos está llevando a la muerte”, lo cual implica no solo evitar el dolor sino también atender otros aspectos como el miedo, la ansiedad o la necesidad de no dejar nada pendiente tanto de los pacientes como de sus familias. La eutanasia debe ser “un proceso” y “una relación deliberativa” entre el médico y el paciente, lo que implica que debe ser una petición “reiterativa” y hecha “desde la autonomía del paciente y el conocimiento veraz y claro de la situación”.

Patricia Fanlo, del PSN, consideró que la Ley de Eutanasia es “necesaria” porque va más allá de garantizar principios como la dignidad humana o la libertad, sino que también asegura el derecho a la vida, a la integridad física y moral, a la ideológica, a la conciencia y a la intimidad.

Txomin González, de EH Bildu, se mostró crítico con la objeción de conciencia en esta materia, indicando a este respecto que “las administraciones públicas tienen la obligación de prestar todas las prestaciones recogidas en la cartera de servicios”.

Mikel Buil, de Podemos, dijo que “esta moción prepara a Navarra para tratar el tema con el rigor que se merece”, aunque se mostró crítica con el hecho de que las comisiones dependan de las comunidades autónomas por el miedo a que esto suponga una merma de derechos en comunidades gobernadas por la derecha. También en esto se detuvo Marisa de Simón, de I-E, quien subrayó que “hace falta una normativa y una organización que garantice ese derecho a la muerte digna”. Los únicos en contra fueron los de UPN y PP. Cristina Ibarrola criticó que se debata una moción sobre un aspecto que de momento no es legal y por tanto, es imposible prever el escenario que se planteará.