La justicia comienza a aplicar la sentencia de las herriko tabernas

- Cinco años después y en pleno estado de alarma por la crisis del coronavirus, la justicia española ha dado los primeros para ejecutar la sentencia dictada por la Audiencia Nacional y ratificada por el Supremo que supone la incautación de 107 herriko tabernas. Según informaba ayer Sortu a través de un comunicado, “la Audiencia Nacional ha comenzado en los últimos días a ejecutar la sentencia de las herriko tabernas y sociedades, al haber ordenado el embargo de sus cuentas bancarias. Ya han empezado a embargar las cuentas y nos tememos que en los próximos días se produzca el embargo de todos ellos”, apunta la formación de la izquierda abertzale.

El caso 35/02 o de las herriko tabernas arrancó en abril de 2002 bajo la instrucción del juez Baltasar Garzón y con el manto de que las “herriko prestaban un servicio financiero al Movimiento de Liberación Nacional Vasco (MLNV), controlado por ETA”. Doce años después, en junio de 2014, la Audiencia Nacional dictaba una primera sentencia en la que impuso las mayores condenas (de tres años de prisión) a Joseba Permach, Rufi Etxeberria, Juan Kruz Aldasoro, Joseba Álvarez y Karmelo Landa, a los que atribuyó un delito de pertenencia en organización terrorista.

Los magistrados también condenaron por este mismo delito a Jon Gorrotxategi, Floren Aoiz y Antton Morcillo, a los que impusieron un año y medio de cárcel, y aplicó una pena de un año y tres meses de cárcel a otros doce dirigentes de Batasuna por un delito de “colaboración con organización terrorista”. La sentencia también acordó el decomiso de 111 herriko tabernas y absolvió por falta de pruebas a otros 14 acusados.

Un año después, la Sala Segunda del Tribunal Supremo rebajaba a un año y tres meses de prisión la condena a los cinco principales acusados -Permach, Etxeberria, Aldasoro, Álvarez y Landa- con el atenuante de “dilaciones indebidas”, por lo que ninguno de ellos se vio obligado a ingresar en prisión. Sin embargo, el alto tribunal ratificó el decomiso de 107 herrikos, para su subasta “en beneficio del Estado”.

Sortu señala en el comunicado emitido ayer que “durante cinco años la ejecución de la sentencia ha permanecido latente pero, mientras tanto, han sido muchos los bares y sociedades que han mantenido su aportación política y cultural. Un esfuerzo que reconocemos y aplaudimos. Por lo tanto, no cabe sino concluir que nos encontramos ante una malísima noticia para Euskal Herria”.

Añade que el fallo judicial es “un enorme robo a la izquierda abertzale y a Euskal Herria” y “debería pertenecer al pasado”, y afirma que el Gobierno “mantiene su particular son de guerra por el coronavirus, al poner guardia civiles y militares en la primera línea de la propaganda contra la crisis sanitaria”, pero , “sin embargo, en el Reino español aún sigue imperando el autoritarismo”.

Sortu asegura que “se equivocan si creen que con esas maniobras van a conseguir que la izquierda abertzale ceje en su camino”. Además, subraya que “en el proceso de liberación de Euskal Herria” han dado “pasos firmes” y seguirán “luchando para avanzar en esa dirección”. “Aunque la situación es compleja, este ataque no nos callará”, zanja Sortu.

El sindicato ELA expresó su “rechazo de plano” a la “incautación” de las “herriko tabernas” y considera que la ejecución ahora de esta sentencia “pretende justificar una confiscación patrimonial sólo comparable a la perpetrada por el franquismo” .