- Como si se tratara de la carta a los Reyes Magos, Navarra Suma defenderá en la comisión parlamentaria sobre el Plan Reactivar Navarra un amplio paquete de medidas que, en el improbable caso de que resultaran aprobadas, dispararían el gasto público a unos niveles difícilmente asumibles.

Son 39 las propuestas registradas por la coalición de derechas. Todas ellas, excepto la que pretende reducir la estructura del Gobierno, suponen un coste añadido en un contexto en el que Hacienda calcula que la recaudación se resentirá este año en 818 millones (el 20%). Además, llegan sin calcular previamente su coste económico y desde la premisa de no incrementar ningún impuesto e incluso relajar la presión fiscal ampliando plazos de pago de impuestos, concediendo ayudas tributarias a la inversión y generación de empleo y priorizando las devoluciones, en especial de IVA. En definitiva, un planteamiento de complicado -por no decir imposible- equilibrio financiero, al que el portavoz de Navarra Suma, Javier Esparza, al menos dejó abierto el resquicio de pagarlo recurriendo al endeudamiento.

“Es el Gobierno el que tiene que decir de qué estamos hablando y de cuánto se va a dotar el plan”, señaló Esparza en la rueda de prensa en la que presentó sus medidas, en las que -dijo- se ha puesto “el foco en las personas”.

Por lo demás, muchas de las propuestas de Navarra Suma forman parte del ADN de su agenda desde finales del siglo pasado. Entre ellas, está el TAV, para el que defiende seguir con el ya obsoleto acuerdo que UPN firmó con el Gobierno de Rajoy en 2018, así como iniciar la segunda fase del Canal de Navarra, al tiempo que insta a desarrollar el plan de inversiones en carreteras con 75 millones de euros y a aumentar la dotación del de Infraestructuras Locales.

Otras propuestas contemplan, en materia de vivienda, un nuevo decreto de habitabilidad para flexibilizar condiciones, ayudas directas al alquiler, agilización de trámites para la construcción y la rehabilitación del parque del Gobierno.

En salud apuestan por invertir en UCI de pediatría, habitaciones individuales en los hospitales, nuevos equipos de quirófanos en Tudela, la reforma del hospital materno infantil del CHN y de varios centros de salud, la producción propia de equipos de protección individual (EPI), una ley de atención sociosanitaria, el impulso de la investigación y la reprogramación de la actividad sanitaria.

En educación, reclama un plan económico de ayudas de emergencia, inversiones tecnológicas, la adecuación de los centros a la “nueva normalidad” y la gratuidad de los centros públicos de 0 a 3 años, así como conciertos con los privados.