- El uso de tarjetas opacas es solo el penúltimo de los capítulos que cercan a Juan Carlos de Borbón por su conductas antes y después de su inviolabilidad. No hay día que no salgan a la palestra informaciones acerca de presuntos delitos de corrupción que habría cometido. De hecho, ayer se conoció que la Fiscalía investiga si el emérito dejó de declarar a Hacienda el dinero supuestamente donado por el empresario mexicano Allen Sanginés-Krause entre 2016 y 2018. La cantidad recibida y no declarada que acarrea un delito fiscal debe ser superior a 278.000 euros, según cálculos de técnicos del Ministerio de Hacienda. A partir de esa cantidad se genera una cuota del Impuesto de Sucesiones y Donaciones en Madrid superior a 120.000 euros, la cantidad mínima para que un fraude implique delito fiscal. La pena, que también puede incluir la prisión, dependerá de si los cobró en concepto de donación o no. Pero no acaba ahí.
A través de la Fundación Zagatka, donde el testaferro era su primo Álvaro de Orleans-Borbón, el rey recibió el 9 de junio del 2009 un cheque de unos 4,6 millones de euros para asesorar supuestamente sobre el desarrollo urbanístico de un resort en la Riviera Maya. Su familiar lo justificó ante Credit Suisse en concepto de la venta de unos terrenos en Playa del Carmen, México, de la sociedad Huaribe SA, filial del Grupo OHL, según publicó El Confidencial. El máximo accionista de la constructora OHL es el holding que posee Juan Miguel Villar Mir, uno de los empresarios que recibió todos los honores por parte de Juan Carlos I cuando este reinaba, y que se sacó de encima el recinto, al que llamó Mayakobá, en 2016 por un precio de 470 millones de euros, comprado curiosamente por Sanginés-Krause, el mismo empresario que pagaba los regalos al emérito. Entre ellos se incluían tratamientos médicos, viajes con su amiga Marta Gayà por todo el mundo, restaurantes, clases, e incluso la educación de la hija de la infanta Elena, Victoria Federica. Esta estudió en el prestigioso colegio británico St Mary's School Ascot, el mismo donde cursaban las hijas del empresario mexicano.
En relación al primero de los asuntos, las cantidades necesarias para generar un delito fiscal son muy similares: un mínimo de 278.702 euros en el caso de una donación y 275.862 euros en una renta no declarada ni con un origen justificado, según el cálculo realizado por el sindicato de Técnicos de Hacienda (GESTHA) con las normas tributarias de la Comunidad de Madrid. Si es una donación, la cantidad a partir de la cual se generaría una cuota superior a los 120.000 euros depende del patrimonio preexistente del emérito, algo que nunca ha salido a la luz. Lo único que se conoce es la asignación anual que recibió hasta el año pasado (161.000 euros en 2019) y que Felipe VI le retiró en marzo.
Es una parte de la pléyade de sociedades, cuentas y empresarios que habrían girado durante décadas en torno al exjefe del Estado. La sombra del emérito gravita sobre estos negocios y conecta ya los diferentes frentes judiciales que hay abiertos en Suiza y el Tribunal Supremo en torno a su figura, y pone a la Casa Real contra las cuerdas, incluido a Felipe VI.
Estas informaciones se conocen después de que se desvelara que un coronel del Ejército del Aire muy próximo a Juan Carlos I pagara varios eventos de familiares del anterior jefe del Estado en su nombre con dinero que, se sospecha, procedería de donaciones de amigos del padre de Felipe VI y que él no declaraba a la Hacienda española. A este colaborador, Nicolás Murga Mendoza, se uniría un amigo millonario, el mexicano Allen de Jesús Sanginés-Krause, que está en el origen de una parte del dinero con el que el rey emérito sufragó su alto tren de vida al menos en los ejercicios fiscales correspondientes a los años 2016, 2017 y 2018, según la investigación de la Fiscalía Anticorrupción.
