Entre 1975 y 1985, grupos de extrema derecha cometieron al menos 26 atentados en Navarra o a navarros fuera de territorio foral. Estos atentados van desde los asesinatos terroristas de Montejurra, al de Ángel Gurmindo en Hendaia, la desaparición del pamplonés José Miguel Etxeberria, al ametrallamiento de librerías, ataque a sedes de partidos políticos y sindicatos y de varios establecimientos de hostelería y la peña Alegría. En total 3 personas asesinadas, una persona desaparecida, 21 acciones con daños materiales.
La consejera de Relaciones Ciudadanas Ana Ollo acompañada del director de Paz y Convivencia Martín Zabalza, ha presentado esta mañana este informe que la Dirección General Paz, Convivencia y Derechos Humanos del Gobierno de Navarra encargó al Instituto de Derechos Humanos Bartolomé de las Casas, de la Universidad Carlos III de Madrid, sobre la situación de las víctimas de grupos de extrema derecha en la Comunidad Foral durante la Transición.
El objetivo es "exponer la satisfacción de los derechos de las víctimas de actos terroristas cometidos por grupos de extrema derecha en Navarra. Conocer si han sido reparadas por las Administraciones Públicas, si los hechos sufridos fueron esclarecidos por investigaciones policiales y judiciales y si han recibido algún tipo de reconocimiento legal. Especialmente, el trabajo está dirigido a profundizar en el derecho a la verdad. También en "potenciar el valor de la memoria", con la finalidad de contribuir a la clarificación del pasado y a la construcción de la memoria, tanto individual como colectiva. El informe se ha realizado desde la perspectiva de defensa de los derechos humanos, con una mirada de memoria crítica con ese pasado violento. "Pero sobre todo con esa mirada a las víctimas y a la necesidad de amparar su derecho a la verdad, pero también a la reparación que como sociedad les debemos", ha reflexionado.
El estudio se realizó con una docena víctimas de acciones terroristas de grupos de extrema derecha en Navarra y con víctimas navarras que sufrieron las acciones terroristas fuera de Navarra. Se ha intentado dar voz, reconstruir los hechos a través de sus vivencias y testimonios y conocer las dificultades o vicisitudes para obtener el reconocimiento legal, principalmente, por parte de la Dirección General de Apoyo a Víctimas del Terrorismo del Ministerio del Interior, por ser la unidad administrativa encargada de la asistencia y reparación a este colectivo.
De este modo, el informe recoge un cuadro cronológico de atentados reproducido en la parte inferior de la noticia. También se menciona la relación de grupos y bandas de extrema derecha que actuaban ya desde los últimos años del régimen: Guerrilleros de Cristo Rey, Triple A (Alianza Apostólica Anticomunista), ATE (Anti-Terrorismo ETA), Batallón Vasco Español o Acción Nacional. Muchas de ellas con un denominador común del "mesianismo católico" que autojustificaba su acción violenta por las "reivindicaciones territoriales o separatistas, la imposición de un credo religioso o la represalia por una acción previa", según se indica en el estudio.
La investigación también constata que las acciones violentas "en muchos casos eran apoyadas o encubiertas por sectores del aparato del Estado. Algunos funcionarios eran contrarios, por convencimiento ideológico, al establecimiento de un sistema político democrático".
"Estamos ante un grupo de personas que, en gran medida, no han tenido un reconocimiento administrativo ni judicial como víctimas del terrorismo", se afirma en el informe. "Han transcurrido muchos años desde que sufrieron la violencia; algunas mostraron recelo y reticencias para participar en la investigación; otras han declinado la invitación a colaborar. Y, por si todo esto fuera poco, aún se percibe cierto temor a ofrecer su testimonio al quedar sin esclarecer la autoría o complicidad de los atentados donde resultaron dañados", se afirma también. Un "déficit en el derecho a la justicia" en Navarra que ahora recuerda el Ejecutivo. Aunque el estudio no comprende la totalidad de los actos de violencia ocurridos en la Comunidad Foral, sí se ha obtenido un resultado representativo de los atentados de extrema derecha en Navarra. "Es una lista abierta", porque pudo haber acciones no denunciadas en su momento, y está abierto a incorporaciones posteriores.
El equipo ha estado dirigido por Javier Dorado. Es doctor en Derecho por la Universidad Carlos III de Madrid y profesor titular de Filosofía del Derecho en esta misma Universidad. Dorado, subdirector del Instituto de Derechos Humanos Bartolomé de las Casas, ha recordado que estamos ante "hechos realmente graves pero muy desconocidos todavía" con el objetivo que puedan "salir del callejón de la desmemoria, arrojar luz sobre un periodo no tan pacífico " como lo entienden las nuevas generaciones y contribuir a una "historia completa del terrorismo en Navarra".
Otro de los investigadores ha sido Ignacio Ángel Pérez Macías, experto en terrorismo. Es también doctor en Derecho por la Universidad Carlos III donde es profesor de Derecho Internacional Público. Pérez Macías, que no es la primera vez que colabora con el Gobierno de Navarra, ha destacado que el ánimo de las víctimas no está en la restitución económica, sino en el interés por "la verdad, contar que fueron objeto de estas acciones y que formen parte de la memoria". Para este investigador, el estudio contribuye a que "nada ni nadie" víctima del terrorismo quede en el olvido, a su juicio "una asignatura pendiente" con algunos colectivos, en contraste con las víctimas de ETA, y en la intención de que la historia reciente "no debe ser olvidada".
En ese sentido, el informe concluye que, si bien menor cuantitativamente que la violencia de ETA, "el daño causado fue elevado, a una sociedad que pretendía avanzar hacia la consolidación de la democracia. El terrorismo de extrema derecha dejó un rastro de sufrimiento personal y social, que no ha sido tratado con la justicia que merecen todas las personas que han sufrido la violencia terrorista".
