pamplona - La Ley de Apoyo a las Víctimas del Terrorismo aprobada en 2011 contempla diferentes indemnizaciones en función de que el atentado esté resuelto desde el punto de vista procesal. En estos casos, el Estado paga los máximos establecidos para la reparación material, que asciende a 500.000 euros. En cambio, si el procedimiento no está esclarecido, se aplica el baremo mínimo, que es justo de la mitad: 250.000 euros.

El profesor Ignacio Pérez Macías aseguró ayer que “las víctimas anteponen la justicia al aspecto económico”, y que “España cuenta con “uno de los sistemas normativos más avanzados en materia de víctimas del terrorismo”.

No obstante, “ante un mismo hecho, como es un atentado terrorista, existe una respuesta desigual por parte de la Administración”, lamentó el profesor, quien desveló tener constancia de que gracias al movimiento asociativo y las víctimas se está trabajando un nuevo proyecto legislativo que “elimine esta diferencia”.

Pérez Macías recordó que antes de que entrara en vigor la actual Ley de Apoyo a las Víctimas del Terrorismo, lo habitual era que “el Estado abonara la indemnización que pedía el juez en cada caso” y que habitualmente también era distinta en función del criterio que tuviera el magistrado. - J.E.