Navarra y la CAV firmarán en breve un convenio para reforzar los trabajos conjuntos en materia de atención a víctimas, memoria histórica y fomento de los Derechos Humanos. Se trata de oficializar y dar rango institucional a una colaboración que se desempeña desde 2015, que ya se ha firmado con otros territorios del Estado -en septiembre se hizo con Catalunya- y que se quiere extender a los comunidades vecinas de Aragón y La Rioja. Una colaboración institucional que está en la línea de los objetivos europeos de la Agenda 2030, que hace hincapié en las colaboraciones entre territorios en materia de Derechos Humanos, algo que aplauden las instituciones europeas en tiempos en los que los fondos comunitarios servirán para sufragar todo tipo de actuaciones.
El acuerdo lo tomó este miércoles el Gobierno de Navarra en su sesión semanal, y será este jueves cuando haga lo mismo el Ejecutivo de la CAV. En el caso del territorio vecino, el Parlamento de Vitoria tendrá que validar el convenio, pero se trata de un mero trámite. De hecho, el próximo hito será la firma del protocolo por parte de las consejeras Ana Ollo (Relaciones Ciudadanas) y Beatriz Artolazabal (titular de Justicia en la CAV), que se hará antes o después en Pamplona o en Vitoria dependiendo de cómo evolucione esta cuarta ola del coronavirus.
La idea de firmar un convenio era algo que se empezó a pensar en 2019, pero que quedó parada por la irrupción de la pandemia. El protocolo pretende fijar en un periodo de cuatro años -prorrogable automáticamente en caso de que las dos comunidades así lo aprueben- una serie de colaboraciones fijas en tres materias específicas dependientes de la dirección general de Paz y Convivencia, al frente de la que está Martín Zabalza.
La primera, en materia de atención a víctimas, tanto de ETA como de otras violencias. Navarra tiene su propia oficina -dirigida por Blanca Buruzco-, inspirada en la que ya tenía la CAV, y lo que se pretende es que el intercambio de información, archivos y datos sea continuo para proporcionar una mejor atención ciudadana.
El segundo bloque tiene que ver con las políticas de memoria histórica. "En esto de la memoria histórica hay varias velocidades, y Navarra y la CAV son comunidades que están a la cabeza", reflexiona la consejera Ollo consultada por este periódico. En ese sentido, el convenio servirá para mejorar los trabajos conjuntos entre el Instituto Navarro de la Memoria -dirigido por Josemi Gastón- y el instituto Gogora -que tiene al frente a Aintzane Ezenarro-, el organismo equivalente en la CAV. Ambos centros ya venían trabajando conjuntamente, pero el convenio reforzará esos lazos. Es lo que ha pasado con el instituto Memorial Democràtic, de Catalunya, con quien se firmó un convenio similar en septiembre. El intercambio de bases de datos, bancos de ADN y archivos ha permitido localizar restos y testimonios de ciudadanos navarros y catalanes en uno y otro territorio.
El tercer bloque de trabajo tiene que ver con las políticas de Derechos Humanos. Es un aspecto que la Unión Europea tiene muy claro en sus objetivos de Agenda 2030, y especialmente en el ámbito de la educación. Por ejemplo, el programa navarro Escuelas con memoria se ha convertido en un proyecto que también quieren para sus territorios otras administraciones.
ARAGÓN Y LA RIOJA, LAS SIGUIENTES
En ese sentido, Navarra trabaja junto con otros gobiernos para firmar protocolos similares. En septiembre de 2020 ya se rubricó uno entre el Ejecutivo foral y la Generalitat de Catalunya. Las consejeras Ollo y Ester Capella -por aquel entonces responsable de la consejería de la que depende Memorial Democràtic- firmaron un protocolo para compartir bancos de datos de ADN para localizar víctimas del golpe militar de 1936.
Y ahora se habla con el Gobierno de Aragón para firmar un protocolo similar. De hecho, es algo que podría verse en un plazo corto de tiempo, en unas dos semanas, al tiempo que también se avanzan los trabajos con el Gobierno de La Rioja.
