todo gobierno le ocurren situaciones extraordinarias a lo largo de una legislatura. Crisis económicas, dimisiones, polémicas, desastres naturales. Sucesos generalmente sobrevenidos que se atienden con mayor o menor previsión y acierto, y que en ocasiones acaban lastrando de forma inevitable un legado que hasta entonces parecía consolidado. Ejemplos hay muchos y son fáciles de recordar, también en Navarra.

Casualidades de la vida, al Gobierno de María Chivite le ha tocado lidiar con una pandemia inédita que ha obligado a tomar medidas extremas. Del confinamiento domiciliario al toque de queda, pasando por cierre de la hostelería, la mascarilla obligatoria y un reajuste del sistema sanitario con un evidente empeoramiento del servicio, especialmente en la atención primaria. Una excepcionalidad que, sobre el papel, hubiera arrasado con cualquier presidencia.

Pero no ha sido así. Más bien al contrario. La mayoría de los gobiernos que se han sometido a las urnas en los últimos dos años han visto consolidadas o ampliadas sus mayorías. El ejemplo de Isabel Díaz Ayuso puede ser el más claro, pero también están el de Urkullu en Euskadi o el de Feijóo en Galicia, con estrategias sanitarias diferentes. Solo en Catalunya ha habido cambio de presidencia, aunque más por un reequilibio de fuerzas en el soberanismo que por un vuelco electoral. De hecho, el principal incremento de votos en aquellas elecciones fue para el PSC, encabezado por quien hasta entonces había sido ministro de Sanidad.

Hay sin embargo un hecho diferencial en esta última ola. Puede que por su espectacularidad en cuanto a número contagios, porque la sociedad ya daba por superada la pandemia con la vacunación o simplemente porque, tras dos años de restricciones, la gran mayoría quiere ya volver a la normalidad. Pero la impresión es que esta vez algunas decisiones impopulares sí empiezan a tener coste político.

Lo han admitido de facto los propios líderes autonómicos, paralizados por el efecto Ayuso y el éxito electoral del grito libertario, e incapaces de acordar medidas comunes para el periodo navideño. Nadie quiso aguar las fiestas, y todo se quedó en recomendaciones genéricas y la obligatoriedad de la mascarilla en exteriores para indignación de la calle. Solo después, y ya con los casos desbordados, se ha optado por restricciones de aforos y horarios, uno de los pocos ámbitos donde las administraciones tienen autoridad para actuar sin la normativa de excepción que había permitido el estado de alarma.

No era este seguramente el escenario que esperaba encontrar en este inicio de año el Gobierno de Navarra. La aprobación de los presupuestos, bien nutridos de fondos europeos, y una reforma fiscal de claro guiño electoralista dibujaban un horizonte cómodo, con una mayoría estable, acuerdos con Madrid, buenos resultados en las encuestas y una vuelta a la normalidad que por ahora no será posible.

No está claro todavía cuándo ni dónde va a parar la curva de contagios, ni qué implicaciones va a tener en cuanto a hospitalizaciones, ingresos en UCI y, finalmente, en fallecidos. Tal vez la pandemia esté ya en su fase final, como vaticinan algunos expertos, pero ahora mismo no parece lo más seguro. A corto plazo serán necesarias medidas y restricciones, y la sociedad ya no va a ser tan comprensiva como hasta ahora.

Lo ha intuido Navarra Suma, que va a llevar al Parlamento la reprobación de la consejera de Salud y de su equipo. No es probable que la iniciativa salga adelante, pero obligará al Gobierno a comenzar el año a la defensiva y buscando el apoyo de sus socios, que también se han mostrado críticos con la gestión de las últimas semanas. Y para eso hará falta más mano izquierda y menos triunfalismo del que ha hecho gala el Ejecutivo foral en las últimas semanas.

La tramitación de la Ley de Cambio Climático y, sobre todo, la reforma del Convenio Económico han evidenciado algunas grietas importantes en la cohesión del Gobierno. No hay riesgo por ahora en la coalición, suficientemente estructural como para soportar estas diferencias puntuales. Pero hay heridas que conviene sanar antes de que los daños sean ya irreversibles.

El escenario en cualquier caso ofrece también argumentos para el optimismo en el Palacio de Navarra. Más allá de las dificultades sanitarias, los últimos datos de recaudación y empleo muestran síntomas esperanzadores. Lo que unido a un aumento de la inversión pública y el ahorro privado acumulado en la pandemia puede facilitar un repunte económico en los próximos meses. Y ya se sabe que cuando la economía va bien, todo lo demás resulta secundario.

Son las luces y las sombras de un año clave para el Gobierno, que encara su tercer ejercicio presupuestario con el objetivo de salir del marco que le ha impuesto la pandemia, y que amenaza con lastrar todo su legado. Queda tiempo todavía, pero el margen de maniobra cada vez será menor. Y lo que no se consolide en los seis primeros meses de 2022 difícilmente lo hará a partir de septiembre, con los partidos sumidos en una vorágine electoralista que marca ya el debate nacional, y que cada vez va a estar más presente también en Navarra.

Aunque la sociedad por lo general ha sido compresiva con la gestión sanitaria, la pandemia también empieza a pasar factura al Gobierno

La incertidumbre invita a afrontar con prudencia y cohesión interna los meses que quedan por delante