Diez años de la Ley Foral de Transparencia: potente pero infrautilizada

Es uno de los datos principales que figurará en la memoria de actividad del Consejo que se publicará en primavera, y quizá el mejor indicador de que, cada vez más, la ciudadanía hace uso de su derecho de acceso a la información pública.

Pero a pesar de que año a año crecen las peticiones, Navarra está muy lejos de explotar al máximo una herramienta esencial para el control público, y que forma parte del día a día de la vida pública de los países más avanzados de Europa.

Cuando se cumplen diez años de la aprobación de la primera Ley de Transparencia de Navarra (que fue pionera en su tiempo, se adelantó año y medio a la del Estado y sirvió de guía para otras leyes de transparencia a nivel autonómico), promotores y expertos subrayan la necesidad de que la gente tome conciencia de la potentísima herramienta que tienen a su disposición y la usen más. Y, al mismo tiempo, instan a los poderes públicos a dotar de recursos suficientes a organismos como el Consejo de Transparencia, con muchas limitaciones para llevar adelante una verdadera pedagogía de la transparencia.

Ya en junio de 2021 la noticia era que durante los seis primeros meses del año las peticiones al Consejo de Transparencia habían superado holgadamente a todas las formuladas durante el año anterior. En 2020, la institución dirigida por Juan Luis Beltrán atendió 46 peticiones, más que las del ejercicio precedente, cuando se registraron 33. Es decir, que la tónica ha sido creciente hasta que ahora ha pegado un acelerón y se ha doblado.

MÁS MOVIMIENTO EN LAS PETICIONES

En realidad, el Consejo de Transparencia tiene parte de su actividad centrada en la atención de quejas. Es el órgano al que recurren los ciudadanos en caso de que hayan visto que la Administración no atiende sus peticiones de información.

Por ejemplo: si un ciudadano solicita por la web del Gobierno Abierto de Navarra, pongamos un supuesto, unos datos sobre cuánto ha gastado el Ejecutivo en comprar obras de arte y no obtiene respuesta, puede pedir amparo al Consejo de Transparencia para que sea este órgano el que medie entre la administración y el ciudadano y se resuelva la incidencia.

Teniendo esto en cuenta, un mayor número de quejas apunta hacia un mayor movimiento en las peticiones de información hacia la Administración.

Pero, diez años después de la puesta en marcha de la primera ley que permite a los ciudadanos acceder a toda la información pública (desde datos económicos a detalles concretísimos sobre todo lo que tiene que ver con lo público), "son muchos los debes".

Todo ello pese a que en 2018 el Gobierno de Barkos actualizó y amplió el ámbito de la transparencia con una nueva ley en lo que fue una "corrección muy buena" del texto.

LEY "INFRAUTILIZADA"

Es lo que opina Guzmán Garmendia, director general de Telecomunicaciones y Digitalización y uno de los promotores de la Ley foral de Transparencia de 2012. "Fue pionera en el Estado y sirvió de ejemplo a otras leyes de transparencia, pero se quedó corta relativamente pronto", reconoce Garmendia, que tiene claro que esa norma "sirvió para posicionar a Navarra, que ya no se ha bajado de entre las comunidades con mejor transparencia".

Tiene la sensación de que la ley está infrautilizada. "La herramienta es potentísima, pero las consultas que llegan son mínimas, irrisorias y repetitivas", opina. Para acortar esa brecha, aboga por una mayor sensibilización a la ciudadanía y a las empresas, que podrían explotar muchísimo más las posibilidades de los datos públicos abiertos.

Es algo en lo que también coincide Juan Luis Beltrán. Beltrán ve positiva la tónica de crecimiento continuo de las peticiones, porque "quiere decir que poco a poco el ciudadano va entendiendo que tiene un derecho a saber, que está regulado en una ley y que le proporciona instrumentos concretos". Pero el ritmo es "mucho menor del que debería ser".

Esto ocurre porque "las leyes de transparencia son necesarias, pero no basta solo con tenerlas: es necesaria una labor de sensibilización mantenida en el tiempo".

Y el problema es que los encargados de impulsar esa sensibilización son los políticos. Beltrán se explica: "Los políticos, y hablo en general, se preocupan de parecer transparentes, pero no de serlo realmente". Esto quiere decir que siempre hablarán bien de las bondades de la transparencia en el ejercicio de la cosa pública, pero a la hora de la verdad no quieren que el ciudadano pueda rastrear cada paso que den "porque nadie es perfecto y siempre alguien se equivoca en algo".

"Los políticos, por eso, pasan olímpicamente de sensibilizar y de dotar de recursos a órganos como el Consejo de Transparencia".