El Gobierno español aprueba 212 millones para obras de saneamiento y depuración

El Consejo de Ministros ha autorizado a la Dirección General del Agua disponer de casi 212 millones de euros en cuatro años para la financiación de contratos y encargos de inversión prioritarios en saneamiento y depuración, con el objetivo de dar cumplimiento a varias directivas de la Unión Europea.

Con tal fin, el Gobierno español en su reunión de este martes ha aprobado la modificación de los límites de gasto con cargo a ejercicios futuros, establecidos en el artículo 47 de la Ley General Presupuestaria, para posibilitar a la Dirección General del Agua, dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico (Miteco), la financiación de licitaciones de contratos y encargos de inversión, reajustes de anualidades, revisiones de precios y gestión de incidencias.

Todos estas cuentas se harán con cargo a la aplicación presupuestaria denominada 'Inversiones reales', con un crédito inicial a nivel de vinculación de 211.756.310 euros, que se distribuirán en cuatro años de la siguiente forma: 206.614.207,21 (2023); 208.853.323,23 (2024); 171.945.122,37 (2025) y 69.061.543,38 (2026), según la Moncloa.

El cumplimiento de las directivas europeas, entre ellas la Directiva Marco del Agua 2000/60/CE, así como el compromiso de cumplimiento de las grandes líneas prioritarias en materia de agua desde 2023 hasta 2026, suponen actuaciones prioritarias en áreas de saneamiento y depuración para dar cumplimiento a la normativa europea y garantizar un medioambiente hídrico más sostenible.

Asimismo, contempla medidas para implantar los Planes de Gestión de Riesgo de Inundación y las relativas a la conservación y mantenimiento de las infraestructuras hídráulicas.

Además, incluirán licitación para la ejecución de obras provenientes de la aprobación de los Planes Hidrológicos, así como la conservación y gestión administrativa del dominio público hidráulico, la estrategia nacional de restauración de ríos y obras ambientales, la seguridad de las infraestructuras y la explotación, mantenimiento, conservación y mejora de las mismas.

Según la Moncloa, se considerará la necesidad de realizar expedientes de revisión de precios de las obras en ejecución y reajustes de anualidades.