Sánchez usará el debate del Congreso para guiñar a sus socios y asegurar la legislatura

Tras la enésima crisis de gobierno que protagonizaron el PSOE y Unidas Podemos a cuenta del crédito extraordinario de mil millones del Consejo de Ministros para incrementar el presupuesto de Defensa, Pedro Sánchez y Yolanda Díaz dejaron en el aire la reunión de la comisión de seguimiento de su pacto que tenía que reconducir esta polémica. Díaz comenzó a hablar de fórmulas imaginativas para superar esta discrepancia, y todo parece indicar que hablaba del paquete de medidas sociales y económicas que va a presentar este martes el presidente español, Pedro Sánchez, en el debate de política general que arranca en el Congreso, y que va a permitir contrapesar el gasto en defensa militar con el mensaje de que no se hace a costa de recortar en lo social. Se pretende cerrar esta crisis con el mensaje de que cumplir el compromiso con la OTAN para elevar el gasto en Defensa hasta el 2% del PIB en 2029 no es incompatible con mantener el gasto social.

Buena parte del foco mediático se va a situar en la salud de la coalición cuando arranque este martes el debate de política general en el Congreso de los Diputados, bautizado en Madrid como debate del estado de la nación. La portavoz del Gobierno español, Isabel Rodríguez, ha confirmado este lunes en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que se van a anunciar medidas “para la clase media y trabajadora”, y que en este pleno se va a “marcar claramente cuál será el trabajo del Gobierno en el año y medio que resta de legislatura”. 

En otras palabras, se intentará trazar una hoja de ruta que garantice la legislatura tras el varapalo en las elecciones andaluzas, que se saldaron con la mayoría absoluta del PP. El problema radica en que PSOE y Unidas Podemos no se bastan por sí mismos porque no alcanzan una mayoría absoluta y, aunque entierren su hacha de guerra, tendrán que lanzar guiños a otros socios. En este debate existe una forma empírica de comprobar si hay guiños: los grupos pueden presentar 15 propuestas de resolución, y se verá si el PSOE y Unidas Podemos permiten que se aprueben las de sus socios o, al menos, si apoyan una buena parte de ellas.

Recupera de manera incipiente el diálogo con Catalunya

Moncloa comienza a ser consciente del enfado de ERC. Los republicanos catalanes y el PNV son los dos principales socios de Sánchez, con quien tienen firmados sendos acuerdos de investidura. En el caso de ERC, Bolaños se reunió con Vilagrà la semana pasada y se comprometió a convocar dos veces en lo que queda de año la mesa de diálogo para abordar el conflicto político, este viernes serán los propios presidentes Sánchez y Aragonès quienes mantengan un encuentro, y se están lanzando algunos globos sonda sobre la posibilidad de recuperar la reforma del delito de sedición. Ese último punto podría casar con el compromiso por la desjudicialización que se volvió a poner sobre la mesa la semana pasada. 

ERC no descartaría apoyar una reforma de esa naturaleza aunque no responda a sus aspiraciones. ERC quiere también abordar una reforma fiscal y que la legislatura gire a la izquierda. Esa exigencia de mirar hacia la mayoría progresista se la trasladó hace días en público EH Bildu a La Moncloa y, aunque no tiene un acuerdo de investidura, la coalición se ha implicado cada vez más en la gobernabilidad.

Compromisos con el PNV

En cuanto al PNV, los jeltzales pidieron a Sánchez tras la derrota andaluza que tenga una hoja de ruta clara. Está por ver si lo que Rodríguez presenta como un plan que dará profundidad a la legislatura lo es en realidad. Fuentes del grupo jeltzale no adelantan el contenido de sus propuestas de resolución ni confirman si tocarán asuntos clave para la relación con Sánchez, como las transferencias pendientes para que se cumpla el Estatuto de Gernika (empezando por las líneas de tren de cercanías, donde podría resultar más factible el acuerdo, porque en el resto de cuestiones Moncloa no ha movido ficha), o el reparto de los fondos europeos y la inversión en infraestructuras. 

El PNV ha lamentado también la ausencia de implicación del PSOE en reformas determinantes en materia de transparencia y democratización, como la reforma de la Ley Mordaza, de los secretos oficiales o del Centro Nacional de Inteligencia. Es habitual que el Congreso tumbe las propuestas sobre el reconocimiento nacional.

Un pleno difícil

Podemos aprieta con lo social. Pide un fondo de 10.000 millones en educación y sanidad, limitar el precio de la gasolina y el gasoil, abaratar diez euros el bono transporte y una ley de familias. Avisa de que, si no reacciona, el PSOE puede perder el gobierno.

El debate comenzará este martes a las 12.00 horas con la intervención de Sánchez, quedará interrumpido hasta las 16.00, después intervendrán los grupos de mayor a menor, y el miércoles tomarán la palabra los que no puedan hacerlo el martes. El miércoles, los grupos registrarán sus propuestas de resolución, que podrán ser enmendadas y se votarán el jueves. 

También el jueves, se votarán la Ley de Memoria Democrática (que verá la luz con el apoyo, entre otros, de PNV y EH Bildu), la reforma del Consejo General del Poder Judicial para que pueda volver a nombrar a dos miembros del Constitucional, y la prórroga del decreto anticrisis con medidas como el descuento en el transporte público, donde el PNV admite que es difícil oponerse. El pleno llega en un contexto difícil de inflación, y tras el polémico beneplácito de Sánchez a la actuación de Marruecos en Melilla. Para el decreto anticrisis, Rodríguez volvió a apelar al PP, aunque no tienen un acuerdo. Con ellos se ha vuelto a producir una ruptura en el diálogo sobre el poder judicial.