Las agujas de la sala de máquinas del PSOE de Pedro Sánchez han dejado de señalar el centro político, ese centro que hace no mucho quiso disputar a Ciudadanos; y apuntan ya sin reservas hacia la izquierda en su intento de absorber el voto de ese sector político. El presidente del Gobierno español ha confirmado este martes su nueva estrategia en la primera sesión del pleno de política general, bautizado como debate del estado de la nación en Madrid. Tras la derrota electoral en Andalucía, quiso trasladar la sensación de que ha declarado la guerra a las empresas energéticas y a la banca con dos nuevos impuestos cuya efectividad está por ver: ya se da por hecho que estas empresas repercutirán cualquier pérdida en la factura que cobran al consumidor. Serán, además, temporales, con dos años de vigencia, y se calcula que recaudarán 7.000 millones.
“Iremos a por todas”, llegó a decir. En un contexto en que la fatiga y el enfado de la población preocupan a los gobernantes tras dos años de pandemia y ahora con el alza espectacular de los precios, regaló los oídos de los ciudadanos: confirmó que activará un impuesto sobre los beneficios extraordinarios que han obtenido las grandes empresas eléctricas, de gas y petroleras por el alza de las facturas de la luz y los combustibles en plena guerra en Ucrania; y le añadió un nuevo impuesto sobre las grandes entidades financieras que “ya se están empezando a beneficiar de las subidas de tipos de interés”.
“Este Gobierno no va a tolerar que haya empresas o individuos que se aprovechen para amasar más riqueza”, remató. Se presentó como el antagonista de un PP “fuerte con los débiles, y débil con los fuertes”, aunque al mismo tiempo le tendió la mano y presionó para que renueve los órganos constitucionales. Mientras anunciaba sus medidas, la Bolsa caía y entidades como el BBVA perdían un 5%.
A falta de que se concreten los detalles de los impuestos, el que afectará a las eléctricas es en realidad una práctica ya extendida en los gobiernos europeos, incluidos algunos de signo conservador. Estas medidas lo reconcilian con sus socios en el Consejo de Ministros, Unidas Podemos, y no son mal vistas por ERC y otros apoyos habituales como EH Bildu, aunque quieren garantías y controles para que estas empresas no hagan pagar el impuesto a los ciudadanos o busquen subterfugios como ocurrió con el descuento en algunas gasolineras. El PNV ya avanzó hace días que es partidario de que las eléctricas también asuman los costes de esta crisis, pero previno sobre el efecto en cascada que puede producirse y sobre la posibilidad de que paguen los platos rotos los consumidores y la industria.
Sánchez tiene una baza: el impuesto a las eléctricas y la banca estará en vigor en 2023 y 2024 y gravará los ejercicios de este año y el próximo, y lo que ocurra después o con sus resultados se sabrá una vez pasadas las elecciones generales. Moncloa calcula que el gravamen a las eléctricas recaudará 2.000 millones al año; y el de la banca rascará otros 1.500 al año.
Sin consultar las medidas
Sánchez presentó estas medidas por sorpresa, sin negociarlas con todos sus socios, aunque algunas de ellas entran en el terreno de las competencias autonómicas. Por ejemplo, los impuestos tendrán que concertarse con las haciendas forales de la comunidad autónoma vasca y Nafarroa. Y dio la sensación de que las ha improvisado tan solo dos semanas después de anunciar la prórroga del decreto anticrisis con el descuento del 50% en el transporte público y un posterior impuesto a las eléctricas. Este martes ha elevado la apuesta hasta un 100% de descuento (gratis) en los abonos de varios viajes de cercanías y media distancia de Renfe y en Rodalies desde el 1 de septiembre y hasta fin de año, y añadió el gravamen a la banca.
Anunció cien euros mensuales para los estudiantes mayores de 16 años que ya tienen beca. Se centró en los parches para taponar la sangría de la inflación, pero sin medidas de reactivación económica. Ahí lo fió todo a los fondos europeos y declaró su “orgullo” por el ritmo de ejecución, pero la oposición no piensa lo mismo.
Sin novedades para Catalunya y en la agenda democratizadora
La sensación de que actúa sobre la marcha en función de las encuestas o del impacto social de sus anuncios se confirmó con el supuesto plan para el año y medio que queda de legislatura. Un día antes habían prometido un plan para dar profundidad y garantizar la legislatura, pero se pasó de puntillas. Se habló de una Ley de Industria, otra de protección al informante por corrupción, la reforma de la Ley de Secretos Oficiales sin dar fechas ni pistas de los contenidos, y no hubo una sola palabra sobre el espionaje o la reforma del Centro Nacional de Inteligencia, ni tampoco sobre el cambio en la Ley Mordaza.
El impulso y la valentía que Sánchez presume de tener ante las eléctricas no lo mostró con el modelo territorial, con Catalunya y Euskadi, o la agenda democratizadora. Tampoco concretó cómo se aplicará en los Presupuestos de 2023 el aumento del gasto en Defensa que ha provocado un cisma con Podemos, ahora reconducido con las medidas sociales. A Catalunya le dedicó un par de frases, y apostó por “seguir trabajando por el reencuentro” y superar la brecha, sin concreción. No citó el cumplimiento del Estatuto de Gernika pese al bloqueo en las transferencias pactadas con el PNV. Tenía otras intenciones.
El socialista se justificó por esta crisis. Recalcó que “comparte el enfado y la frustración” de la gente, que la inflación afecta a todo el planeta y no solo al Estado y se debe al consumo masivo tras meses de encierro en casa, y a la guerra en Ucrania. Justificó el apoyo bélico recordando el abandono que sufrió la república por parte de los aliados y, ante un eventual corte del gas ruso, matizó que no afectaría tanto al Estado pero que Madrid podría ayudar a Europa si se desbloquearan las interconexiones energéticas.
