Navarra Suma ha afirmado este lunes que el departamento de Salud del Gobierno de Navarra compró en otoño de 2020 más de 560.000 mascarillas FFP2 a "un precio muy superior" al mercado, según la propia Intervención del Gobierno, cuando las mascarillas que fueron adquiridas por medio de la operación de Sodena ya estaban almacenadas.
La portavoz de Navarra Suma en materia de Salud, Cristina Ibarrola, y la portavoz en Derechos Sociales, Marta Álvarez, han ofrecido este lunes una rueda de prensa en la que han señalado que el caso de Sodena ha mostrado "la negligencia, el descontrol y la incompetencia del Gobierno de Navarra, que ha conllevado pérdidas de dinero público, algo que en absoluto está justificado por un buen fondo de la operación".
Además, Cristina Ibarrola ha señalado que, "en otoño de 2020, mientras las mascarillas -de Sodena- se amontonaban en un almacén, el Servicio Navarro de Salud continuaba comprando mascarillas y lo hacía, según la Intervención, a un precio muy superior al precio de mercado".
Así, ha asegurado que Salud firmó un contrato para la compra de más de 560.000 mascarillas por 2,30 euros más IVA la unidad, "a mayor precio que los pedidos del acuerdo de Sodena". "Salud compró más de 560.000 mascarillas con un coste de 1,5 millones cuando meses antes había compradas 683.000 FFP2 que hoy siguen almacenadas sin utilizar", ha señalado.
La parlamentaria Marta Álvarez ha asegurado que "lo que estamos viendo es que estamos ante un Gobierno que considera que el dinero público no es de nadie y que está a su servicio para hacer lo que le venga en gana".
Por ello, Navarra Suma ha solicitado las comparecencias en el Parlamento foral de la consejera de Economía y Hacienda, Elma Saiz; del consejero de Desarrollo Económico y Empresarial, Mikel Irujo; de la consejera de Salud, Santos Induráin, y del director general de Intervención. "Vamos a seguir indagando y preguntando y vamos a llegar hasta el final en la exigencia de responsabilidades", ha afirmado Álvarez.
Sobre la operación de Sodena, la parlamentaria ha añadido que "la consejera Elma Saiz debía saberlo, el consejero Mikel Irujo debía saberlo, la consejera Induráin debía saberlo, y la presidenta del Gobierno, como responsable del Gobierno y presidenta de la Corporación Pública Empresarial, también lo tenía que saber, porque es su responsabilidad, lo contrario solo denota una actitud negligente".
