El Parlamento de Navarra ha sacado adelante una moción de Geroa Bai por la que se exige al Gobierno de España que respete el autogobierno foral y modifique su propuesta para gestionar los nuevos impuestos sobre los beneficios de la banca y las energéticas.

El texto de Geroa Bai no pone el acento en el fondo de la cuestión, con la que la coalición de Gobierno está de acuerdo, sino que incide en un aspecto clave: tal y como está ahora redactado, el Estado pasa por encima de la Ley del Convenio y el autogobierno y arrebata a Navarra la gestión de estos impuestos mediante una fórmula jurídica que Geroa Bai denuncia como contrafuero.

El texto original se ha visto modificado y ha generado un baile de posturas elocuente.

El PSN ha apoyado el texto de Geroa Bai, pero podría decirse que con la boca pequeña. Su postura estaba comprometida desde que el presidente Sánchez aseguró al senador Koldo Martínez (Geroa Bai) en la Cámara Alta que el Estado iba a respetar las competencias de la Comunidad Foral, pero los socialistas se han opuesto a los otros dos puntos de la moción.

No eran propuestas de Geroa Bai, pero sí que la coalición de Barkos ha permitido que se incorporaran a su iniciativa dos propuestas. Una de EH Bildu que reforzaba la apelación directa al Gobierno de España para que se respetara la potestad de Navarra; y otra de Navarra Suma para solicitar un informe jurídico al Consejo de Navarra.

La estrategia del Estado para evitar conveniar la fórmula

El parlamentario Mikel Asiain (Geroa Bai) ha sido el encargado de defender el texto, que busca modificar la redacción del proyecto del Gobierno que, “tal y como está ahora mismo”, no respeta el marco competencial de Navarra.

El tema es el siguiente: el Estado, en el texto, habla de ambos gravámenes como prestaciones patrimoniales públicas no tributarias. Una redacción jurídica que en el fondo permite al Estado controlar la tasa. Si fuera un impuesto como tal, tendría la obligación de conveniarlo con Navarra mediante la Ley del Convenio, y la Comunidad Foral tendría potestad para gestionarlo. De ahí que Asiain insistiera en la importancia que tiene el cambio y también la importancia que en este caso tiene una figura jurídica y no otra. Hay que recordar que el impuesto va a tener un importante impacto sobre los beneficios de dos sectores gigantes.

El PSN no ha querido entrar a ese debate. La parlamentaria Ainhoa Unzu se ha escudado en el fondo del asunto (los impuestos a la banca y energéticas), pero es algo que no está en cuestión porque Geroa Bai ha repetido varias veces que está a favor de estos impuestos.

En definitiva, Unzu ha querido hacer ver que la moción de Geroa Bai es poco menos que una carrera por ver quién se puede colgar la medalla de defender más el autogobierno. “Pero el autogobierno no se defiende de boquilla”, ha apostillado Unzu.

Precisamente, lo que busca la moción es defender el autogobierno con hechos porque ahora mismo el texto del Gobierno central no lo garantiza, le ha contestado Asiain.

Esta cuestión necesita de impulso político, y si se suma el jurídico, bienvenido sea

Mikel Asiain - Parlamentario de Geroa Bai

El resto de partidos ha seguido esa estela de posicionamientos sorprendentes, algunos más entendibles que otros. Podemos, por ejemplo, ha acusado su protagonismo en el Gobierno de España: ha apoyado el texto de Geroa Bai, pero se ha abstenido en la apelación directa que pedía EH Bildu y también en la petición del informe al Consejo. I-E, sin embargo, ha apoyado todos los puntos.

Las dudas de Navarra Suma

La postura de Navarra Suma también ha sido poco clara. Ha apoyado la petición inicial de Geroa Bai, se ha abstenido en la de EH Bildu y por supuesto que ha votado a favor de su enmienda.

Pero es que esta, ya de por sí, era algo extraña. Piden que el Consejo de Navarra haga un informe jurídico que casi ninguna fuerza ha entendido para qué va a servir. María Jesús Valdemoros lo ha justificado para reforzar la seguridad jurídica de la moción. “Pero de lo que se trataba era de hacer un posicionamiento político. Si se suma el jurídico, bienvenido sea, pero se trataba de darle impulso político”, le ha contestado Asiain.

Valdemoros ha dicho que “el convencimiento de la defensa de las competencias de Navarra no significa prescindir del rigor jurídico, tenemos que ir arropados”. Suena un poco a esas dudas iniciales que de un tiempo a esta parte le surgen a la derecha cuando tiene que defender sin ambages la postura de Navarra frente a la del Estado.

Por tanto, el Parlamento ha apoyado por unanimidad una petición para que el Gobierno de Navarra vele por el cumplimiento del Convenio frente al Estado, y además también han salido adelante una petición directa al Gobierno de España a que modifique el texto y una petición para que el Consejo de Navarra haga un informe al respecto.