Koldo Martínez Urionabarrenetxea dice que, si él hoy es como es, se lo debe a que con 10 años leyó la carta de despedida de su abuelo José Antonio. Lo hizo a escondidas, en un descuido de su madre, que ya le había contado que un día de 1936 la Guardia Civil se llevó a su aitona para siempre.

Aquella lectura le generó muchísima impresión. Era la carta de un hombre que sabe que lo van a matar y manda un último adiós a su familia. La historia quedó, como muchas otras de represaliados del franquismo, dentro de casa.

Ha sido el empeño familiar y la ayuda de una asociación memorialista de Arrasate, Intxorta 1937, la que ha conseguido, hace muy poco, arrojar algo de luz sobre un episodio del que quedan muchas incógnitas. El senador navarro de Geroa Bai habló de su abuelo durante el debate de la recién aprobada ley de Memoria Democrática con la esperanza de que el nuevo texto, aunque incompleto, pueda ayudar a muchas familias a saber qué ocurrió con sus familiares.

La historia nos suena, aunque para cada familia sea la única. El día que se llevaron a su abuelo, el 1 de noviembre de 1936, los franquistas también secuestraron al párroco y dos coadjutores, varios hombres y algunas mujeres –una de ellas muy embarazada– que encerraron en el cuartel de Ondarreta.

En algún momento a partir de entonces los fusilan en la tapia del cementerio de Oiartzun y no se sabe más. No hay información oficial, y el certificado de defunción está firmado tres años después de la desaparición.

Solo hay un documento: una carta manuscrita que hace llegar el abuelo del senador a su familia a través de un primo, el único que se salvó de aquella saca. En 1977, aquellos restos de la tapia del cementerio se entierran en el interior. El gesto da una gran tranquilidad a la viuda. Pero faltaba muchísima información.

Los cargos

No ha sido hasta hace relativamente poco que la familia ha sabido más detalles, sobre todo por el empeño de una de las primas del senador de unos tres años a esta parte y la ayuda de Juan Ramón Garay, de la asociación Intxorta 1937.

Tras recorrer los archivos de Coruña, Salamanca, Gipuzkoa y muchos otros, la familia de Koldo recibió por parte del Ministerio del Interior unas referencias que aclaran los cargos que se le imputaron a su abuelo: auxilio a la rebelión, espionaje y posesión de armas. “Un auténtico disparate”, asegura Martínez, teniendo en cuenta cómo era su abuelo.

“Mi abuela, que sí que era del grupo de mujeres del PNV y recigió firmas para el estatuto por los caseríos, siempre decía que mi abuelo era un hombre sencillísimo, trabajador y padre de familia, que tenía una única pasión: la caza”.

En las fichas de afiliación de su abuelo figura que era escribiente de Unión Cerrajera. Era muy religioso. La carta habla por sí sola: está plagada de encomiendas a Dios y de agradecimientos a los que eran sus jefes. No es la carta de un subversivo fabricador de armas.

Lo que todavía no saben es si su abuelo fue juzgado por aquellos cargos, si hubo sentencia. Los documentos que han conseguido solo aclaran que fue puesto a disposición del Gobernador Civil el 2 de noviembre y los cargos que se le imputan. Ahora quieren acceder a todos los documentos del Ministerio del Interior.

“Lo que nos dicen es que mucha documentación se ha perdido, y otra está sin digitalizar”. Hay otras dudas, más familiares, que es más difícil resolver: “Nos queda la cosa de saber quién delató a mi abuelo, y por qué, quién pensó que era una mala persona y que había que denunciarle”.

La ley de Memoria Democrática puede ayudar, al menos, a digitalizar los fondos y simplificar su acceso a los miles de ciudadanos que, como la familia del senador, siguen sin tener información. Pero deberá contar con presupuesto económico para ser funcional. “Siempre digo que tenemos que saber. La mirada debe ser tranquila, sin rencor ni odio, con humildad pero con firmeza. Nos gustaría saber, pero no para acusar a nadie”.