El Foro Social ha denunciado este viernes en Bilbao que la Audiencia Nacional recurre dos de cada tres terceros grados concedidos por el Gobierno vasco y las Juntas de tratamiento de las cárceles vascas a presos de ETA.

Esta denuncia ha sido realizada por portavoces del mismo en la presentación del sexto y último monográfico del observatorio creado por esta entidad para vigilar la política penitenciaria aplicada a los presos de la banda.

En dicho monográfico el observatorio aprecia la existencia de "unos jueces y una fiscalía que, con sus decisiones, han convertido la Audiencia Nacional en un verdadero búnker completamente ajeno a la realidad social actual".

Consideran que con sus decisiones han generado "un tapón que, 11 años después de la Conferencia de Aiete, debemos reconocer que nadie había previsto".

Según los datos del Gobierno vasco de octubre 2022, recogidos en este monográfico, al cumplirse un año del traspaso al Ejecutivo vasco de la gestión de la competencia de prisiones, se progresó a tercer grado a 25 reclusos de ETA, el 5,5% del total de las 475 progresiones concedidas.

El Foro asegura que de esas 25 progresiones de grado, se recurrieron 16, lo que representa el 64 % de las otorgadas a reclusos de la banda terrorista, lo que han calificado de "algo inédito, porque son muy pocos los casos en que los tribunales recurren las decisiones de progresión de grado tomadas por las Juntas de Tratamiento Penitenciario".

Por ello, censuran que "estamos asistiendo a una enmienda a la totalidad a los funcionarios de prisiones que diariamente, evalúan la evolución de las personas presas en sus itinerarios de reintegración y, por ende, al propio Gobierno Vasco, que ratifica estas decisiones y que realiza los rigurosos informes argumentado estas decisiones".

El Foro Social estima que desde septiembre 2020 existe "un lobby, fuertemente ideologizado, instalado en esferas judiciales, policiales, mediáticas y en alguna asociación de víctimas de ETA" que "condiciona los procesos de reintegración tan necesarios para la convivencia democrática".

En otro orden de cosas, el Foro Social estima también que con el acercamiento de los siete presos aún en cárceles próximas a Euskadi, se cerrará la etapa para conseguir que la totalidad de reclusos de ETA cumplan sus condenas en las cárceles de Zaballa, Basauri, Martutene e Iruñea.

Entienden que tras el cierre de esta fase se abre una nueva que tendrá como objetivos "desactivar toda la política de excepcionalidad en materia de permisos y terceros grados y de las leyes 7/2014 y 7/2003 de acumulación de penas y de cumplimiento de 40 años íntegros" y abordar la cuestión de los huidos y deportados de la banda terrorista, "que sigue fuera de la agenda de resolución".