“Somos el Govern más autonomista de la historia”. La afirmación la profirió esta pasada semana un militante de Esquerra en una asamblea abierta por vía telemática en la que participaron más de 900 personas y donde se analizó la sacudida electoral que sufrieron los republicanos, con una pérdida de 300.00 votos, el 28-M.

Tras esa jornada electoral, y justificándose en una previsible llegada de la derecha a La Moncloa, Pere Aragonès salió a la palestra para amagar con un cambio de rumbo en su estrategia de negociación, dando por finiquitada una mesa de diálogo que dormía hace tiempo el sueño de los justos y percatándose de que buena parte de la base social de su partido y del independentismo también se ha echado a bostezar, en lugar de a soñar, ante los escasos resultados tangibles en favor de la autodeterminación, castigando a la formación que, en solitario, ostenta el poder. Al menos, a Junts le quedaba el consuelo de una pieza codiciada, Barcelona. Tampoco es que el president ofreciera un plan concreto: aludió a recoser la unidad mediante un “frente democrático” pero descartando una lista unitaria en las Cortes españolas, como hace años que le vienen demandando desde JxCat.

Pero el debate ya está abierto una vez se han escuchado voces críticas que han alterado el guión por el que discurría la gobernabilidad y las tácticas políticas de Oriol Junqueras. Los pactos con el PSC, principalmente el presupuestario en la Generalitat, los continuos respaldos al Ejecutivo de Pedro Sánchez a cambio de transformaciones legislativas que no van al corazón del procés, la necesidad de reavivar el relato soberanista y la puesta en cuestión de figuras como la de Gabriel Rufián están sobre la mesa.

Pero mientras las bases reclaman autocrítica, la dirección se refugia en que les penalizó la abstención y en que quizás deban mejorar la política comunicativa. “Hay aspectos de la acción de gobierno que nos han pasado factura, porque algunas no están bien hechas o porque no las hemos explicado bien al pecar de cierta prudencia o modestia”, se excusó el presidente de ERC. Un militante, incluso, pidió realizar un congreso nacional pasadas las elecciones del 23-J, pero la propuesta quedó en el aire.

Independencia, al centro

Sobre la figura del actual portavoz de Esquerra en el Congreso, flotó el argumento de que alguien que como candidato en Santa Coloma de Gramenet solo pudo crecer en un concejal sin arrebatar la mayoría absoluta a la socialista Núria Parlon, no debería repetir como jefe de filas en Madrid, algo que sin embargo volverá a ocurrir aunque una parte de las bases entiendan que con Rufián allí será imposible alejarse de los socialistas. Otros afiliados lanzaron también críticas al conseller de Educación, Josep González-Cambray, cuyas políticas habrían supuesto un desgaste ante las críticas de los sindicatos de docentes. Algunos discursos elevaron la censura hasta la cúpula.

Frente a quienes apelaban a “volver a poner a la independencia en el centro”, otros señalaban que “tras habernos dejado la piel” en la capital del Estado, “no nos vamos a acercar más a la independencia si hablamos más”. Así, Rovira prometió continuar en la lucha por la república catalana: “No voy a hacer nada más en toda la vida”. “Es perfectamente legítimo que haya gente que esté enfadada y seguramente el más de todos soy yo, más enojado que yo no habrá casi nadie en este sentido”, indicaba posteriormente Junqueras.

A su entender, la independencia no es “una cuestión de tiempo sino de fuerzas, de correlación de fuerzas. Esto se gana siendo más”. Ante las generales, se le preguntó a Junqueras qué resultado esperaba en estos comicios, a lo que no contestó, y el mismo militante pidió que se abra un proceso de reflexión interna. En la asamblea se anunció que habrá una ronda de reuniones a nivel territorial para abordar estos debates.

“Tiempos difíciles”

Así, Aragonès se prepara para un posible nuevo escenario que algunos califican como la reinflamación del procés si PP y Vox llegan al poder y, como ya han advertido, revierten la supresión del delito de sedición y establecen por ley la prohibición de celebrar un referéndum de autodeterminación, amén de las causas abiertas aún por el 1-O y que no se han dilucidado. “Viene un escenario difícil para Catalunya a partir del 23 de julio”, confesó el jueves en un encuentro empresarial, instando a “estar preparados porque las condiciones objetivas serían mucho más difíciles”, y situando los objetivos del Govern en la democracia y en que decida la ciudadanía. El acuerdo de claridad como método para la resolución del conflicto no parece que pueda cobrar impulso. “Siempre ha de haber espacio para la autocrítica”, dice Aragonès, consciente de que hay que “elevar la intensidad para avanzar hacia nuestros objetivos, un referéndum reconocido internacionalmente”. Y la asume: “La exigencia de la militancia de ERC es la mía”.

El fallo sobre la inmunidad de Puigdemont, en puertas del 23-J

En puertas de las elecciones generales del 23-J, un asunto saldrá del túnel del tiempo para cobrar protagonismo. La sentencia del Tribunal General de la Unión Europea (TGUE) sobre la inmunidad de Carles Puigdemont se hará pública el miércoles 5 de julio. De decidir que se mantenga, el expresident podría pasearse por Europa sin tener que sufrir por ninguna euroorden y, según cómo, habría que ver si podría incluso pisar el Estado español, una posibilidad que, solamente el hecho de estar presente, causaría un sobresalto en plena campaña. Ahora bien, si el ex Jefe del Govern perdiera la inmunidad, empezaría un nuevo proceso judicial en Bélgica que tendría que analizar si hay que extraditarlo o no, teniendo como base el pronunciamiento que hizo el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) el pasado mes de enero, y el Estado español volvería a centrar todas las miradas por perseguir a un president por el hecho de haber permitido la celebración del 1-O. La resolución del TGUE, que tiene sede en Luxemburgo, de hecho, dictará dos sentencias: una sobre la decisión del Parlamento Europeo de no defender a los eurodiputados de Junts (donde se incluyen los exconsellers Toni Comín y Clara Ponsatí), y la otra sobre la inmunidad, que es la más importante y la que podría llegar a tener efectos sobre un eventual retorno del expresident a Catalunya.

Todavía tendrá otro recurso 

La Eurocámara, en el proceso, alegó que Puigdemont accedió al escaño de eurodiputado “probablemente de forma ilegal” –después de que así lo permitiera su entonces presidente, el malogrado David Sassoli, tras el fallo favorable a Oriol Junqueras de la justicia europea en diciembre de 2019–. En caso de que la sentencia sea adversa para los intereses del expresident, le queda la posibilidad de presentar un recurso ante el TJUE, la segunda instancia de la justicia comunitaria, que también tiene sede en Luxemburgo y que ya falló a favor de mantenerle la inmunidad de forma cautelar hace justo un año, y de dejar sin valor las euroórdenes emitidas por el instructor Pablo Llarena de forma cautelar, después de que Puigdemont hubiera sido detenido y luego puesto en libertad en Italia en septiembre de 2021. Todo esto afectará a Junts, ya que se tendrá que poner a trabajar en quién será el próximo candidado a la presidencia de la Generalitat, ante la previsión de que el año que viene haya comicios al Parlament otra vez. El mejor situado en las quinielas para ser el cabeza de lista hasta ahora es el exconseller Josep Rull, ya libre de la pena de inhabilitación por el 1-O, pero también se había barajado el nombre del exconseller Jaume Giró, una vez que se apartó de la opción de ir en la lista al Congreso que encabezará Míriam Nogueras. La probable elección de Xavier Trias como alcalde de Barcelona ha reanimado el ánimo posconvergente.