Castilla y León abrió la veda de la irrupción de Vox en los ejecutivos autonómicos del PP hace año y medio, pero en Valencia se ha visto cómo los populares están dispuestos a dejar entrar a la extrema derecha hasta la cocina de la gobernabilidad institucional.
Tras llegar el martes a un rápido acuerdo de investidura que conllevaba un Ejecutivo de coalición en la próxima legislatura, el futuro president, Carlos Mazón, ha optado por dar carteras clave en dicho gabinete a la ultraderecha, como Interior y Justicia o la vicepresidencia.
En concreto, Vox gestionará la Consejería de Interior, Justicia y Governación, la de Agricultura, y una vicepresidencia a la que se sumarán las competencias en Cultura.
Esta última área ha recaído en manos de un antiguo torero, Vicente Barrera, que, tras apartarse Carlos Flores por su condena por violencia machista, se convertirá en la cara visible de la ultraderecha en el Ejecutivo valenciano.
“Violencia intrafamiliar”
La huella de la extrema derecha ya se ha hecho notar en el programa de Gobierno donde, entre otras cuestiones, desaparecen las menciones a la violencia machista o violencia de género, que pasa a llamarse “violencia intrafamiliar”.
De esta forma, en las medidas incluidas en los 50 puntos programáticos del futuro Gobierno de coalición se imponen el vocabulario y los términos que emplea Vox, partido que cada vez que ha habido una concentración institucional por un asesinato machista se ha apartado de la pancarta al afirmar que condena “toda la violencia” pero que no existe la violencia de género como tal.
Otro ámbito perjudicado en el acuerdo de Gobierno es la enseñanza en valenciano. En esa línea, en materia educativa los dos partidos se comprometen a garantizar “la libre elección de centro y de la lengua de enseñanza en todas las etapas educativas”, frente al actual modelo plurilingüe que enseña en valenciano, castellano e inglés.
El documento, escrito íntegramente en castellano señala también que se reforzará la inspección educativa para sacar “la ideología de las aulas” y asegura que los padres “elegirán libremente y en su caso autorizarán” el contenido de las actividades extracurriculares, abriendo la puerta al llamado pin parental.
En materia de memoria histórica, de la que hasta ahora se encargaba la Conselleria de Calidad Democrática, el acuerdo avanza que se derogarán las normas atonómicas que “atacan la reconciliación en los asuntos históricos”, para garantizar “la libertad de memoria y el absoluto y pleno respeto a los derechos de todos”.
Por último, y en materia fiscal, el PP se ha dado prisa también en imponer su visión liberal, y el acuerdo deja ya claro que el futuro Govern valenciano eliminará los impuestos de sucesiones y donaciones y patrimonio, una “reducción drástica” del IRPF en todos sus tramos, especialmente a los salarios medios y bajos; y una bajada de las tasas autonómicas “que impiden el crecimiento y desarrollo del tejido industrial”, junto a la eliminación de la tasa turística que iba a entrar en vigor en 2024 con aplicación voluntaria por parte de cada municipio.
Precedente para Moncloa
Este acuerdo exprés entre populares y ultraderecha en Valencia esboza cuál puede ser el escenario en Moncloa si las dos formaciones logran mayoría absoluta en el Congreso tras las elecciones del 23-J, habiendo quedado claro que a los de Alberto Núñez Feijóo no les tiembla el pulso al incorporar a Vox en los gobiernos.
