“La amnistía cabe evidentemente en el actual orden constitucional”

¿Cuál es su mirada a la cuestión? 

–Este es uno de los temas en que lo jurídico y lo político prácticamente van implicados. El derecho es una forma de ordenar la sociedad, y sobre él hay posiciones, más avanzadas o retrógradas. Desconfiaría mucho de quien pretenda plantear su punto de vista como exclusivamente técnico y desprovisto de toda de ideología. No es así. La amnistía evidentemente sí cabe dentro del actual orden constitucional. En un equilibrio de poderes, las normas las hace el legislativo y las interpreta el poder judicial, pero no al revés. No podemos convertir las interpretaciones del poder judicial en un corsé para que la voluntad popular no pueda normativizar sobre algo. Claro que ha habido amnistías. Por ejemplo, con la insumisión, que desapareció literalmente del Código Penal. Algo que estaba considerado como un delito grave, incluso con penas de prisión, de repente dejó de entenderse así. La amnistía cabe siempre que haya un principio de proporcionalidad, desde mi punto de vista, una motivación política específica que excluya la arbitrariedad. El caso catalán es un problema de ámbito estrictamente político que se subarrienda a los órganos judiciales, primero al Tribunal Constitucional y después, a mi entender indebidamente y a posteriori, al derecho penal. Hubo una creación jurisprudencial de impulso monárquico para calificar los hechos, primero como rebelión y después como sedición, haciendo una interpretación arriesgada de los derechos de reunión y manifestación, y generando una interpretación de violencia ambiental, que es la que permitió encajar los hechos. 

Se ha comenzado a advertir de que esto no puede estar redactado en cuestión de un mes. 

–Cuando se aborda una norma de este tipo, con un carácter más excepcional, tiene que hacerse con cuidado, porque el derecho siempre deja huella, un precedente, y tiene que manejarse siempre en términos democráticos. Esto debe tratarse con cariño y con tiempo, las prisas pueden ser negativas. Hay que partir de un principio de confianza política y de buena fe, y todo el mundo lo tiene que asumir. 

Deberá haber puntos comunes en un relato que acompañe el acuerdo, y eso no es fácil. No hay que olvidar que detrás de esto también hay una investidura pendiente. 

–Y por eso insisto en la motivación y en la proporcionalidad. ¿Esa motivación tiene que ser compartida específicamente por todo el mundo? Evidentemente, y refuerza el carácter político de los hechos y de la controversia, esto se tiene que debatir, y es bueno que haya este debate y diferentes puntos de vista, pero hacerlo desde una opción. Si esto fue un conflicto de tipo político, que ha llegado hasta un punto donde es imposible la gobernabilidad de Catalunya y la de España, tendremos que ser pragmáticos al buscar una solución. Si se cree que la amnistía no es una solución y pongamos que la investidura (de Sánchez) fracasa y volvemos a nuevas elecciones. ¿Alguien realmente ahora mismo cree que sin Catalunya es posible la gobernabilidad del Estado?  

“Esta apuesta debería salir adelante si queremos la utilización del derecho en términos democráticos para generar futuros posibles”

La derecha vende una humillación a España. Pero la amnistía puede dar una ventaja al Estado.

–Nunca puede ser una humillación a España, democráticamente debatida, y asumida por una mayoría en el Congreso. Podrá parecer bien o muy mal, pero hablar en términos dramáticos de eso es ignorar las reglas básicas de la democracia, y llevar el tema a un sentimentalismo antipragmático que nos coloca en el bloqueo. 

El Constitucional se pronunciará sobre un recurso. Aunque la legislatura ya estuviese en marcha, su dictamen podría ser una bomba de relojería.

–Creo que examinará dos tipos de argumentos. El primero es si cabe o no una amnistía, que yo estoy convencido de que sí. Y en el caso de que quepa, si la ley aprobada cumple los parámetros de constitucionalidad. Que eso suponga una bomba de relojería o no, todo el mundo asume cuando toma una decisión que puede haber contrapoderes que en un momento determinado se pronuncien en contra, y hay que asumir las consecuencias jurídicas y políticas de las decisiones que se toman.

¿Tiene conocimiento por Yolanda Díaz de cómo fue el encuentro con Carles Puigdemont?

–No.

¿Ni de Jaume Asens?

–No, rotundamente no.

¿Su apuesta es que esto va a salir adelante?

–Debería. Si lo que queremos, desde un punto de vista político y pragmático es la utilización del derecho en términos democráticos, para generar futuros posibles, tanto en España, como en Catalunya.