La comisión navarra para el reconocimiento y reparación de víctimas provocadas por grupos de extrema derecha y funcionarios públicos estudiará si el asesinato del panadero pamplonés Ángel Berrueta tuvo una motivación política y, por lo tanto, si debe ser considerado víctima. En ese caso, Berrueta tendría un reconocimiento oficial y su familia recibiría una indemnización equivalente a la de las víctimas de ETA. 

La comisión de reconocimiento y reparación trabaja ya sobre 15 informes sobre otras tantas posibles víctimas de violencia política y policial. Entre ellas se incluyen casos como los de Mikel Zabalza o Mikel Iribarren, y las denuncias presentadas desde enero son 35. La comisión de expertos ha retomado su actividad tras el parón veraniego, por lo que las primeras resoluciones definitivas podrían tener lugar en los próximos meses. La comisión de reparación es consecuencia de la ley de víctimas del Estado y de la extrema derecha aprobada en 2019, y que busca reconocer los abusos y vulneraciones de derechos humanos cometidos en Navarra o a personas de origen navarro entre 1950 y 2010.

Según han informado este martes el colectivo Egiari Zor y la Red de Personas Torturadas en Navarra, el pasado 20 de septiembre tuvo lugar la comparecencia en la comisión para analizar el caso de Ángel Berrueta. El próximo 13 de marzo se cumplen 20 años de su asesinato a manos de un policía nacional fuera de servicio y su hijo, tras negarse a colocar en la panadería que regentaba, en el pamplonés barrio de San juan, un cartel que vinculaba a ETA con los atentados del 11-M. 

Comparecencias

Los últimos en ser llamados ante la comisión de expertos han sido los representantes de la familia Berrueta-Mañas que, recuerdan, además del asesinato de Ángel sufrieron “cargas policiales” mientras velaban su cuerpo, “amenazas de muerte continuas por teléfono prolongadas durante años, roturas de cristales de la tienda o pintadas en la puerta de casa” sin que ninguna institución pública en Navarra les haya reconocido como víctimas.

Egiari Zor y la Red de Personas Torturadas esperan que esta comparecencia sea el punto de partida para que, “de una vez por todas, Angel Berrueta y su familia sean reconocidas como víctimas de motivación política en base a la Ley Foral 16/2019, después de tantos años de sufrimiento e impunidad”. Está previsto que en las próximas semanas los solicitantes del reconocimiento de la condición de víctima comparezcan también ante la comisión.