Una veintena de víctimas y familiares de víctimas de la violencia de la extrema derecha y del Estado, entre ellas las familias de Mikel Zabalza y de Mikel Arregui, ambos fallecidos a manos de la Guardia Civil, han iniciado los trámites para solicitar al Gobierno de Navarra su reconocimiento oficial como víctimas del Estado. La Comisión de Reconocimiento tiene ahora un mes para decidir si analiza cada uno de los casos y, si acepta su tramitación tendrá un año para resolver y otros tres meses para dictar una resolución.

Se trata de los primeros casos de víctimas de la violencia policial y de la extrema derecha que se van a tramitar en Navarra. Lo hacen al amparo de la ley foral de reconocimiento y reparación de las otras víctimas de la violencia, aprobada en 2019 y que cuenta con el aval del Tribunal Constitucional. El Gobierno de Navarra, a través del Departamento de Relaciones Ciudadanas habilitó el pasado enero el procedimiento, con el que se pretende subsanar, al menos en parte, la memoria y el olvido al que estas víctimas han tenido que sufrir en algunos casos durante más de cuatro décadas.

En una comparecencia conjunta auspiciada por los colectivos Egiari Zor y la Red de Personas Torturadas de Navarra, distintas víctimas han informado de que han dado ya el paso o que prevén darlo en los próximos días. Junto con Zabalza y Arregi están también las familias de José Luis Cano y Miguel Itúrbide, fallecidos por disparos de las fuerzas de seguridad en 1977 y 1967 respectivamente. También la de Ángel Berroeta, asesinado por un policía nacional fuera de servicio tras los atentados del 11-M en Madrid en 2004. Así como de Josu Zabala, un presunto miembro de ETA encontrado muerto en 1997 con un disparo en el pecho, y José Miguel Etxeberria ‘Naparra’, presunto miembro de los comandos autónomos desaparecido en 1980.

Heridos y torturados

Entre los primeros solicitantes se encuentran también personas heridas por las fuerzas de seguridad o grupos de extrema derecha. Casos como el de Javier Nolasco, herido de bala en 1979 por disparos de fascistas en Montejurra; el de Mikel Iribarren, que con 18 años recibió el disparo de un bote de humo a quemarropa; o el de Aingeru Zudaire, que en 2012 perdió la visión de un ojo por un pelotazo durante una huelga general. Además, también han solicitado su condición de víctimas varias personas que han sufrido torturas durante los procesos de detención.

“Esta es una realidad que hasta ahora han querido negar y mantener ocultar”

“Consideramos imprescindible no dejar pasar esta oportunidad para el reconocimiento oficial de las vulneraciones de derechos humanos por motivación política sufridas en Navarra”, han señalado en nombre del colectivo Eneko Etxeberria, hermano de Naparra, y Merche González, de la Red de Personas Torturadas. En el comunicado, que lleva por título Egiaren garaia da. Memoria inclusiva para Navarra, el colectivo admite que tramitar la solicitud de víctima es un paso “personal” e “individual” que no todos quieren dar, pero consideran que “la suma de esos pasos individuales y la suma de los reconocimientos oficiales puede ofrecer colectivamente una radiografía de gran valor, por su influencia en el ámbito de la memoria, en el relato de lo ocurrido y porque visualiza el carácter político del conflicto que vivimos”.

LAS CLAVES

● La comisión de reparación. Es el órgano encargado de examinar las solicitudes de reconocimiento de víctima y, en su caso, de proceder a la homologación de derechos con el resto de afectados por acciones de similar naturaleza. La declaración como víctima podrá implicar, además de asistencia sanitaria, el reconocimiento de indemnizaciones económicas por daños físicos, psicológicos y materiales.

● Sus miembros. Participan como miembros natos, el director de Paz y Convivencia, Martín Zabalza, y el director del Instituto Navarro de la Memoria, José Miguel Gastón. A ellos se suman dos peritos forenses y un psicólogo, designados por el Instituto Navarro de Medicina Legal, con experiencia en materia de víctimas. Completan la comisión los cuatro miembros elegidos por el Parlamento de Navarra: la profesora de Sociología de la UPNA Marta Rodríguez; el asesor del Departamento de Paz y Convivencia, Mikel Berraondo; el historiador Roldán Jimeno y la profesora de Derecho Penal de la UPNA, Soledad Barber.

● Los plazos. Una vez presentada la solicitud, la comisión tiene un mes para decidir si tramita o no el caso. si la respuesta es afirmativa, tiene un plazo de un año para resolver. Una vez tomada una decisión, el responsable de Paz y Convivencia tendrá tres meses para dictar resolución.

● La indemnización. Se establecen prestaciones concretas a favor de las personas que han sufrido violencia por motivos políticos en los mismos términos que las víctimas de ETA. Serán 500.000 euros en caso de gran invalidez y 75.000 euros por incapacidad permanente parcial. El fallecimiento se repara con 250.000 euros, la incapacidad permanente absoluta con 180.000 y la incapacidad permanente total con 100.000 euros.

● Otras ayudas. La asistencia sanitaria y/o psicológica correrá a cargo del SNS-Osasunbidea y, cuando no fuera posible, se abonarán los gastos devengados por servicios y tratamientos individuales en otros centros.

● Daños materiales. Las compensaciones por daños materiales tendrán carácter subsidiario respecto de los reconocidos por las administraciones públicas o contratos de seguro. 

El manifiesto cifra en “por lo menos” medio centenar las víctimas mortales provocadas por la violencia ultra y del Estado, incluidas desapariciones forzosas. A ellos se suman los 1.068 los casos de tortura estimados desde 1960, los 240 los heridos y heridas y 174 los ataques a bienes en toda Navarra. “Esta dolorosa lista irá creciendo conforme la recopilación de datos vaya en aumento”, advierten, ya que se trata de una realidad que “hasta ahora han querido negar y mantener oculta”.

Estas primeras víctimas confían así que su realidad “se pueda empezar a hacer visible” a través del reconocimiento oficial que habilita la nueva ley. Una normativa “con grandes limitaciones”, pero que puede ser “útil” para empezar a recorrer el . “Necesitamos una memoria que reconozca a todas las víctimas, que ponga en valor todos los relatos, sin ninguna discriminación ni asimetría, para poder establecer de esta manera las bases para una convivencia democrática”, reclaman.