El Gobierno de Navarra ya trabaja en los expedientes de las primeras personas que han denunciado haber sufrido abusos por parte de cuerpos policiales y grupos de extrema derecha en Navarra.
La comisión de expertos del Ejecutivo ha admitido a trámite varios casos y ha comenzado las entrevistas con las personas que denuncian al amparo de la ley foral 16/2019, que protege a víctimas y familiares de personas que sufrieron malos tratos por parte de la policía y grupos paramilitares desde 1950 y hasta principios de la década de 2010.
Entre ellos está el caso de Mikel Zabalza –cuya familia ya ha hecho la entrevista ante la comisión– y que será uno de los primeros casos en resolverse. Por el calado del episodio, pero también porque Zabalza ya fue reconocido como víctima por el Gobierno de la CAV en 2022 y hay mucho trabajo institucional adelantado.
Ahora, el grupo de trabajo continuará recopilando información para dictaminar, en el plazo de aproximadamente año y medio, si a los denunciantes les corresponde recibir compensaciones económicas y morales –al mismo nivel que las víctimas de ETA– por haber sufrido una violencia que históricamente no ha tenido reconocimiento institucional en Navarra. Solo a partir de 2015 ha ido ganando protagonismo como parte importante de las políticas de paz y convivencia del Departamento de Relaciones Ciudadanos, en manos de la consejera Ana Ollo.
Los primeros, pero habrá más
Son los primeros casos, pero el plazo está abierto hasta 2027 y habrá mucho más. Es lo que les consta a las plataformas Egiari Zor y la Red de Personas Torturadas en Navarra, que están ayudando a gestionar los trámites para cumplir los requisitos.
Esta norma, aprobada a finales de la legislatura pasada y que estuvo suspendida dos años por los recursos de la derecha –hasta que fue totalmente avalada por el Constitucional–, es de la que emana la comisión de reconocimiento.
La ley contempla prestaciones concretas en los mismos términos que las víctimas de ETA. Serán 500.000 euros en caso de gran invalidez y 75.000 euros por incapacidad permanente parcial; 250.000 euros en caso de muerte, 180.000 por incapacidad permanente absoluta y 100.000 euros por la incapacidad permanente total. También se prevé asistencia sanitaria y psicológica, que correrá a cargo de Osasunbidea.
Y, cuando no fuera posible, se abonarán los gastos devengados por servicios y tratamientos individuales en otros centros. Todo esto, unido al reconocimiento oficial, busca resarcir en el plano moral a unas víctimas institucionalmente olvidadas.
De momento, Egiari Zor y la Red tienen constancia de media docena de casos admitidos a trámite. Es cuestión de poco tiempo que sean muchos más. Desde principios de mayo y hasta el 15 de este mes se han registrado otras 19 denuncias, entre ellas la de Mikel Iribarren y la de la familia Berrueta.
En breve se presentarán otras 23, de ellas 6 de víctimas mortales, una de un herido y 16 de personas que han sufrido torturas y cuyos casos han sido reconocidos por el Protocolo de Estambul, el estándar internacional admitido. A estos casos hay que sumar todos aquellos que se hayan tramitado de forma individual, sin el apoyo de asociaciones.
En resumen: por lo bajo, medio centenar de casos ya en parrilla de salida. Y lo previsible es que haya muchos más. Solo de torturados, Egiari Zor y la Red saben que hay alrededor de 300 personas que, de forma escalonada, tienen intención de ir presentando denuncias. Y luego hay heridos, víctimas mortales, personas que sufrieron daños materiales…
En los próximos días va a volver a reunirse la comisión, que suele hacerlo una vez al mes. Abordará nuevas denuncias y lo previsible es que el calendario institucional se retome en septiembre. Pero, durante el verano, tanto Egiari Zor como la Red continuarán ayudando a recopilar la información necesaria de un proceso que va cogiendo fuerza al calor de la ley foral 16/2019.
