Los miembros del Gobierno de Navarra que comparezcan en comisión parlamentaria serán los encargados de cerrar la comparecencia con su turno de palabra y no lo harán los portavoces de los grupos, como interpretaba UPN.

La Mesa y Junta de Portavoces se dan por enteradas del Informe de los Servicios Jurídicos sobre el escrito presentado por UPN para cubrir una laguna jurídica del artículo 228 del Reglamento del Parlamento.

En sus conclusiones, el informe de los Servicios Jurídicos desestima el escrito de UPN, al entender que en el artículo 228 ni existe laguna jurídica (su rectificación exigiría una resolución supletoria de Presidencia, previo acuerdo de la JP), ni de su redacción se suscitan cuestiones dudosas atribuibles a los debates (la interpretación correspondería a la Mesa, a instancia de cualquiera de sus miembros).

Respecto a la cuestión de fondo, el informe deja patente que no hay laguna jurídica, pues el cambio de redacción del artículo 228, materializado a través de una enmienda in voce incorporada al dictamen que el Pleno aprobó por mayoría absoluta, "propicia la posible intervención de los miembros del Gobierno para la contestación de las preguntas formuladas", también en las segundas rondas abiertas de manera "preceptiva", para efectuar preguntas y/o observaciones, a petición de cualquier parlamentario de la Comisión que corresponda.

Del mismo modo y en términos análogos, el informe deja sin efecto la pretensión de reinterpretar el sentido del artículo 228 a través del procedimiento previsto para las "cuestiones dudosas surgidas en los debates parlamentarios", ya que no cabe "modificar el sentido del nuevo Reglamento para innovar o contradecir el contenido reglamentario".

Así las cosas y tras rechazar la petición formulada por UPN, también por razones "formales", se subraya que para modificar el artículo 228 en su actual redacción únicamente cabe hacer uso de la iniciativa legislativa, que requiere mayoría absoluta en Pleno.

Por tanto, la fijación de un turno final para los Grupos Parlamentarios como réplica a la intervención de los miembros del Gobierno pasa únicamente por la modificación del nuevo Reglamento, aprobado el 16 de marzo de 2023.