Navarra reclama 640 millones de euros a empresas y particulares que deben dinero a Hacienda. La Cámara de Comptos, en su informe sobre el último ejercicio, señala a los contribuyentes “en vía de apremio” –aquellos a los que ya les ha llegado un expediente de reclamación de dinero– como los responsables de estar detrás del 65% del total que se debe a Hacienda.
Es una cantidad alta, que ha crecido más de un 30% desde 2016 y que además tiene muy mal pronóstico. Al Gobierno no se le escapa que esa millonada es, en muchos casos, el reguero que han dejado muchas empresas y particulares declarados insolventes. Por muchos motivos, pero sobre todo empresariales.
De ahí que el Gobierno tenga un apunte específico para la “provisión de insolvencias” y que compensa sobre el papel todo ese dinero que muy probablemente jamás ingresará la Hacienda.
La deuda, sin embargo, es mucho más grande. Tiene un aparte específico en el informe de Cuentas. Comptos hace un desglose en varias categorías. La más importante, la de “deudores presupuestarios”.
Ahí dentro se incluyen los deudores en departamentos –por tasas, expedientes de reintegro, etc...– y tres grandes capítulos de deudores tributarios, como se denomina a los que deben el pago de impuestos: deudores en gestión ordinaria –227 millones–, deudores en aplazamiento –67– y los deudores en vía de apremio –640–.
Estos últimos, los que ya han recibido cartas oficiales en las que les reclaman el pago de impuestos atrasados, deben el 65% del total del dinero. Y luego están los deudores especiales –9 millones– y los de devolución de compras –medio millón–. En total, con una serie de pequeños descuentos, 979 millones.
La otra gran categoría es la de “deudores no presupuestarios”. Suman 93 millones y ahí hay que meter a los deudores por “anticipos de subvenciones”. La Administración concede una subvención y el contribuyente debe justificar posteriormente que, efectivamente, utilizó la ayuda para lo que se concedió. Hasta el momento de la justificación, la subvención aparecerá como deuda.
Muy por detrás están otras categorías como los deudores “por recursos de otros entes públicos” –generalmente anulaciones o insolvencias–, que solo son 3 millones; y el apartado “otros”, que consigna 6 millones.
Hacienda sabe que todos esos apuntes son derechos de cobro sobre el papel, pero de “difícil recaudación” en la realidad. De ahí que consigne una “provisión para insolvencias” de 622 millones que funciona como una resta: el órgano fiscalizador suma los 979 millones de los deudores presupuestarios, los 93 de los no presupuestarios, los 3 de otros entes públicos y los 6 de otros deudores. Y a todo eso le aplica el fondo de provisión, que el año pasado estaba dotado con 622 millones de euros. Por lo tanto, lo que reconoce Comptos es que “el saldo de deudores a 31 de diciembre de 2022 es de 459,88 millones”.
Aumento desde 2016
Es la forma de contar del órgano fiscalizador, que puntualiza que el fondo de insolvencias termina ampliándose porque la realidad es que año a año se ingresa muy poco por estas deudas.
La cronología es elocuente: desde 2016, la cantidad de deuda de contribuyentes en vía de apremio ha crecido más de un 30%. Ese año, la cifra era de 487 millones. La secuencia sigue así: 2017, 499 millones; 2018, 503; 2019, 552; 2020, 576; 2021, 627; y 2022, 640 millones.
Es una deuda que se va acumulando y que crece. Por suerte, el porcentaje de prescripción de esa deuda –porque pasa el tiempo y termina extinguiéndose si no se ha iniciado ningún expediente– cada vez va a menos, algo que habla bien de la tarea de la Hacienda Foral.
Encontrar el porqué de estas deudas es complicado. Casi todas tienen un denominador común: la insolvencia. Son muchas las empresas y particulares cuyos proyectos quebraron y dejaron grandes descubiertos, sobre todo en IRPF y Sociedades.
