El Parlamento ha realizado este jueves un ejercicio de hiperactividad legislativa con la aprobación de seis leyes en el orden del día, a la que seguirá este viernes el visto bueno a los Presupuestos con la mayoría absoluta de PNV y PSE. En la sesión, se han aprobado leyes estratégicas consideradas como proyectos de país, como la de Educación y la de Empleo, que los socios del Gobierno vasco han defendido como un ejercicio de autogobierno para reforzar los servicios públicos. Esas dos leyes han salido adelante solo con los votos favorables de PNV y PSE, que suman 41 escaños sobre 75. Los escollos eran pocos en número, pero se han vuelto insuperables en un clima preelectoral para unos comicios que aún no tienen fecha, más allá de estar previstos para el año que viene.

EH Bildu votó contra ambas leyes. En el caso de la educación, lo hizo nuevamente con el argumento de que el modelo D de enseñanza en euskera se va a “degradar” porque PNV y PSE han pactado unas enmiendas que parten de la vigencia de los modelos actuales, asegura que el PSE se vanagloria de dejar a la coalición abertzale fuera del acuerdo, y que no habrá obligaciones claras para que la concertada tenga que cumplir unos principios a cambio de acceder a la financiación pública. Desde el PNV, lamentan el descuelgue por una frase que, además, aparece en la exposición de motivos y no en el articulado. El jeltzale Gorka Álvarez realizó sin éxito un último llamamiento a votar en conciencia y formar parte del bloque que quiere avanzar.

A EH Bildu le volvió a responder que el foco hay que ponerlo en los objetivos que se han fijado, que los alumnos deberán acreditar un nivel B2 de conocimiento en euskera y castellano al final de la educación secundaria, un objetivo que se conseguirá con la facultad que tendrá cada centro educativo para fijar su propio proyecto lingüístico. Además, le recordó que se le han aceptado 74 enmiendas. El consejero Jokin Bildarratz está convencido de que la ley también es de EH Bildu con independencia de su voto en contra, una versión que ha confirmado incluso el PP en su turno de intervención al asegurar, por boca de Carmelo Barrio, que hay “un acuerdo parcial” con EH Bildu, “de más de 70 enmiendas, y es el grupo que ha conseguido escorar el proyecto a pesar de la escenificación” de las diferencias. Toda la oposición votó en contra de la ley.

En el caso del empleo, una ley socialista de la vicelehendakari segunda, Idoia Mendia, el debate derivó en un choque entre el PSE y EH Bildu por el voto en contra de la coalición abertzale con un argumento un tanto anticipatorio: EH Bildu criticó que no se incluyan las políticas pasivas de empleo en la ley aunque el Estatuto de Gernika contemple la transferencia de la gestión del régimen económico de la Seguridad Social y el pacto del PNV con Sánchez la prevea para dentro de dos años. Desde el PSE, Ekain Rico le lanzó que es una verdadera sorpresa tener que explicar a estas alturas a un grupo político que una ley tiene que regular las competencias que ya se tienen, no las que se aspira a tener. “No están preparados para gobernar”, zanjó. Además, recriminó en tono sarcástico a la coalición abertzale que votara en contra junto a Vox, “un muy buen compañero de viaje para defender los derechos de los trabajadores”. PP y Elkarrekin Podemos-IU se abstuvieron, Vox votó en contra, y a todos los grupos salvo a la ultraderecha se les aceptaron enmiendas. EH Bildu despachó a Rico en un debate crispado con un “tonterías, las justas”.

Ley de Educación

Bildarratz ha tratado en los últimos meses de poner en valor los contenidos de la ley frente a una polémica lingüística que ha colocado en el debate unos árboles que impiden ver el bosque. Tras esta sesión, la comunidad autónoma cuenta finalmente con una nueva ley en sustitución de la aprobada hace tres décadas durante la etapa del socialista Fernando Buesa en la consejería. Esta norma, con vocación de perdurar otros treinta años, regula el Sistema Educativo Vasco, también a una escuela concertada que debe cumplir una serie de principios relativos a la igualdad o la integración a cambio de recibir dinero público, y establece la gratuidad de la enseñanza rechazando el cobro de cuotas en las enseñanzas obligatorias. Se adoptan medidas para evitar la segregación por sexos u otros criterios. Se da mayor autonomía a los centros para fijar sus proyectos lingüísticos.

La consejería pone en valor que, más allá de los votos de PNV y PSE, se ha contado con la comunidad educativa y con propuestas de EH Bildu, frente a quienes tratan de devaluar el alcance del acuerdo con el argumento de que ya no lo apoya el 90% del Parlamento al haberse descolgado finalmente Elkarrekin Podemos-IU y la coalición abertzale. La posición de EH Bildu ha venido motivada también por la forma en que el PSE vende su propia interpretación de lo acordado con el PNV, ya que en este mismo pleno María Jesús San José volvía a decir que las enmiendas pactadas con los jeltzales “clarifican la vigencia de los modelos” y "se hace explícito el derecho a estudiar en euskera y castellano” que está “en la legislación vigente”. “Si Bildu no apoya esta ley, es porque es una Ley de Educación y no una Ley de Construcción Nacional, y eso es una gran noticia”, sostuvo, para añadir que Bildu quería un “modelo monolingüe”.

Ikoitz Arrese tomó la palabra después para asegurar que la negociación se había desarrollado mano a mano entre el consejero Bildarratz y él mismo, y después se habrían entrometido agentes “externos” para dejar a EH Bildu fuera del acuerdo. “Se han roto los puentes a propósito”, dijo. Volvió a argumentar que, a su juicio, se abren las puertas a la concertación universal sin un mecanismo para que la concertada cumpla los requisitos y sin obligarle a devolver el dinero público si se salta los principios; y que el modelo D se va a degradar.

Paradójicamente, PP, C’s y Vox hablaron de lo contrario, de que es un proyecto “identitario” que margina el castellano y solo garantiza el éxito educativo de los alumnos cuya lengua materna sea el euskera.

Desde Elkarrekin Podemos-IU, Miren Gorrotxategi coincidió en que no se obliga como se debería a la escuela concertada, y que el respaldo a la pública son puras “palabras”.

Las claves de la ley

La Ley de Educación fija que los centros concertados no podrán cobrar cuotas por impartir enseñanzas obligatorias y la consejería realizará auditorías. Se aprueban medidas para evitar la segregación de los alumnos por motivos socioeconómicos o por sexos. Los centros que segreguen por sexos, como los del Opus Dei, no podrán recibir fondos públicos. Además, para garantizar la escolarización equilibrada, se establece la reserva de plazas para alumnos con necesidades específicas, ya sea por su nivel socioeconómico o por padecer trastornos del aprendizaje. Para fijar el cupo, nace el Índice de Vulnerabilidad de cada zona.

Los proyectos lingüísticos se adaptarán a la realidad de cada zona. La enmienda PNV-PSE plantea que cada centro educativo diseñe el proyecto dentro de un marco común que integra los derechos establecidos en el Estatuto de Gernika y la Ley de Normalización del Euskera, “sobre la base del sistema de modelos lingüísticos” (son el A en castellano, el B en bilingüe y el D en euskera), y cualquier “actualización” respetará esos derechos. Los alumnos tendrán un B2 en euskera y castellano y B1 en inglés al acabar secundaria

Ley de Empleo

En cuanto al empleo, la vicelehendakari Mendia puso en valor que se legisle por primera vez desde que se recibió la transferencia sobre políticas activas de empleo en 2010, y reivindicó que esta norma permitirá elaborar planes personalizados para la formación de las personas que buscan trabajo, de tal manera que sus oportunidades laborales no dependan “de su cartera” y del dinero que tengan para apuntarse a cursillos. Llegó a hablar de “profunda revolución” y trató de lanzar un mensaje de calma sobre las dos cuestiones que han llevado a la oposición a no respaldar la ley en cuanto a la regulación de Lanbide: la no presencia de las cooperativas (dijo que no se cierra la puerta, sino que se reconoce su posibilidad de participar) y la conversión de Lanbide en un ente público de derecho privado para favorecer la especialización de sus trabajadores, y que no tendría por qué suponer una pérdida de control público o de transparencia.