El Gobierno de Navarra se inclina por una reforma expres de la Lorafna (Ley Orgánica de Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra), para blindar con garantías el traspaso de la competencia de Tráfico y Seguridad Vial. Los servicios jurídicos del Ejecutivo autonómico analizan todavía los efectos de la sentencia del Tribunal Supremo que ha anulado el Real Decreto con el que se había avalado la cesión a la Policía Foral de una decena de servicios, entre ellos la vigilancia y el control de las carreteras navarras. No hay una decisión definitiva, pero los responsables del Ejecutivo ven más opciones en la reforma estatutaria del Amejoramiento del Fuero que en la aprobación de una ley orgánica de cesión de competencias por parte del Gobierno central.
Hay dudas jurídicas y también dificultades políticas que invitan a la prudencia al Gobierno de Navarra, que encara un escenario inédito e inesperado. De momento ha optado por pedir al Supremo que aclare los efectos de la sentencia, y concrete si la suspensión del Real Decreto afecta a los diez servicios que se habían transferido, de los que nueve se estaban ya prestando por parte de la Administración foral, o solo al control de las carreteras, que es en definitiva lo que está en disputa política y judicial.
La duda ahora es si la respuesta debe venir por la vía de la reforma estatutaria, remarcando en la Lorafna que la gestión de tráfico y seguridad vial es competencia navarra, o por una ley orgánica con la que el Estado ceda a Navarra la competencia. Ambas deben contar con el aval del Gobierno de España y deben pasar por las Cortes Generales (Congreso y Senado), pero tienen matices importantes que, vista la lectura restrictiva que ha hecho el Supremo del régimen foral, el Gobierno de Navarra analiza con detalle.
Sobre el papel, es la reforma del Amejoramiento la que ofrece mayores garantías. En ese caso, la iniciativa recae en el Gobierno de Navarra, que daría traslado de su petición al Gobierno central para pactar una nueva redacción que clarifique la ambigüedad de la actual. Cerrado el acuerdo, el texto se sometería a votación primero del Parlamento foral y de las Cortes Generales después.
Esta vía implica además un reconocimiento expreso de que la competencia de tráfico es exclusiva de Navarra, blindándola para el futuro por si, en algún momento, la derecha quisiera dar marcha atrás al traspaso. Algo que podría hacer en el caso de recurrir a la vía de la ley orgánica, que podría ser modificada mediante una nueva ley de ámbito estatal.
Dificultades políticas
La reforma del Amejoramiento tiene no obstante algunas dificultades añadidas. De entrada, hace falta un consenso previo en Navarra que de momento no hay. El Gobierno ha iniciado las conversaciones con los grupos parlamentarios, pero tanto UPN como el PP han optado por marcar distancia, al menos en sus declaraciones públicas.
Eso supone que Geroa Bai y EH Bildu deberán votar a favor de la Lorafna y asumir el conjunto del texto legal a cambio de una modificación puntual. Lo que en la práctica supone además, al menos a corto plazo, cerrar la puerta a cambios de mayor calado tanto en lo que se refiere a las competencias del cuerpo autonómico como al resto de un texto estatutario que las fuerzas abertzales históricamente han venido criticando.
En todo caso, la preocupación principal del Gobierno reside en el trámite una reforma del Amejoramiento en Madrid. Aunque tanto el PP como el PSOE han apoyando siempre cualquier modificación planteada desde Navarra de la Lorafna y del Convenio Económico, no está claro que la derecha lo vaya a hacer esta vez. Y existe la preocupación de que el PP pueda utilizar su mayoría absoluta en el Senado para buscar algún resquicio legal con el que bloquear la tramitación.
Según el Amejoramiento, su reforma requiere el aval de las Cortes Generales, y al tratarse de una ley orgánica el Congreso, donde los socios del Gobierno de Sánchez tienen mayoría absoluta , puede levantar cualquier veto del Senado. Pero a estas alturas ya nada parece seguro.
El Ejecutivo foral observa pese a todo con optimismo el escenario y, más allá del retraso puntual, que se puede prolongan varios meses, confía en sacar adelante los cambios legales necesarios. Cuenta para ello con el apoyo del Gobierno central, que ayer reiteró el propio Pedro Sánchez, y de una mayoría parlamentaria a su favor tanto en Navarra como en Madrid. La decisión final se tomará en los próximos días.
