Las trabajadoras de Acción Social alzamos la voz

Lo que ocurre en los servicios sociales no es casualidad: es el resultado de decisiones políticas y de gestión que precarizan un sector esencial, feminizado y permanentemente tensionado.

1. Riesgos laborales invisibilizados

Trabajamos expuestas a una alta carga emocional, estrés crónico, burnout, conflictos éticos, amenazas e incluso agresiones. Estos riesgos psicosociales no se evalúan ni se abordan de manera efectiva, pese a ser una obligación legal. Nuestra salud mental no está protegida y enfermar se ha convertido en el precio a pagar por sostener unos servicios sociales saturados.

Hemos solicitado el reconocimiento de un complemento de riesgo y se nos ha respondido que las medidas preventivas son suficientes. Nos preguntamos cómo puede negarse el reconocimiento económico de una realidad objetiva bajo el argumento de que existen medidas que, además, son obligatorias por ley. Prevenir no excluye reconocer. Nuestra exposición al riesgo es real y constante.

2. Injerencias externas y pérdida de autonomía

En los últimos años hemos sido situadas en el centro de presiones por parte de algunos miembros de asociaciones y colectivos que, en su legítima defensa de derechos, trasladan la tensión directamente a nosotras. Esto ha incrementado el riesgo de conflicto y agresión.

Nuestro criterio técnico es cuestionado y desautorizado por personas sin competencia profesional para ello, y se nos presiona para adoptar decisiones que contradicen nuestras valoraciones fundamentadas. Además, debemos aplicar un marco normativo que excede nuestras competencias y es de obligado cumplimiento, quedando en una posición de exposición constante.

3. Desautorización profesional y falta de criterios claros

Trabajamos en ocasiones sin protocolos claros y con criterios internos no comunicados, lo que genera desigualdad y arbitrariedad en la atención. Decisiones técnicas bien fundamentadas han sido modificadas por instancias políticas tras presiones externas, produciendo inseguridad profesional y agravios comparativos entre personas usuarias.

Cuando se altera una intervención técnica por motivos ajenos al criterio profesional, se debilita el sistema y se erosiona nuestra legitimidad.

4. Sobrecarga creciente y sin negociación

Nuestras funciones no han dejado de aumentar: más tareas administrativas, más gestión de recursos externos, más encomiendas del Gobierno de Navarra (IMV, arraigos, informes de vulnerabilidad, etcétera), más ratios y más responsabilidad, sin refuerzo de plantilla ni reconocimiento profesional.

La externalización de servicios no ha mejorado la atención. La sobrecarga se impone sin negociación ni análisis de impacto, ignorando los límites humanos y profesionales. Esto genera agotamiento colectivo y demoras inaceptables en la atención. No es admisible que una persona tarde meses en ser atendida dependiendo del barrio en el que viva.

5. Plantillas bajo mínimos

La no sustitución de bajas, permisos y reducciones de jornada se ha convertido en práctica estructural. Cada ausencia recae sobre el resto del equipo, aumentando listas de espera y deteriorando la calidad de la intervención. En algunos barrios hemos trabajado sin personal administrativo o sin cobertura de programas esenciales.

Mientras tanto, observamos cómo se financian proyectos externos, pero no se cubren bajas ni se amplían plantillas.

En el caso del EAIA, intervenimos con más familias y con ratios más elevadas que otros municipios de Navarra, pero con menos profesionales. Pese a existir financiación del Gobierno de Navarra para reforzar equipos como EAIA y EISOL, el compromiso de ampliación no se ha materializado. Asimismo, la experiencia piloto de Unidad de Tramitación que funcionó en Pamplona ha desaparecido aquí, aunque se haya consolidado en otros municipios.

6. Presión añadida por retrasos en prestaciones

La lentitud en la resolución de prestaciones –Renta Garantizada, discapacidad, dependencia, IMV– incumple plazos legales y genera malestar social. Somos nosotras quienes recibimos y gestionamos esa frustración diaria, incluyendo presiones y coacciones, además de asumir la elaboración de múltiples informes sin criterios unificados.

Se nos exige responder por demoras que no dependen de nuestra intervención directa.

7. Desigualdad en la compensación económica

Se ha aprobado una compensación económica para las personas referentes de las Unidades de Barrio, pero no para quienes desempeñamos funciones equivalentes en programas especializados como EAIA, EISOL o SMAM. Asumimos responsabilidades similares sin el mismo reconocimiento ni compensación.

Consideramos que esta diferencia constituye un agravio comparativo injustificado. Como profesionales municipales, exigimos condiciones equitativas sin que se traslade la responsabilidad a otras administraciones.

SOLICITAMOS

Reclamamos respeto efectivo a nuestra autonomía y criterio técnico. Exigimos evaluaciones reales de riesgos psicosociales con medidas concretas y calendario de implementación. Demandamos la sustitución inmediata de bajas y un refuerzo estructural de plantillas. Defendemos una gestión pública sólida frente a la externalización indiscriminada.

Solicitamos coordinación institucional para unificar criterios, espacios reales de participación en la organización de los servicios, la implantación inmediata de una Unidad de Tramitación para prestaciones económicas, el reconocimiento económico de la exposición al riesgo y la equiparación salarial de las figuras referentes con funciones equivalentes.

No podemos seguir sosteniendo un sistema basado en la precarización y el desgaste de quienes lo mantenemos.

Cuidar a quienes cuidamos no es una opción: es una obligación institucional.

Porque sin condiciones dignas para intervenir, no hay derechos sociales que puedan sostenerse. l

Firman este artículo: Iudith Aguilar, Idoia Artazcoz, Maider Beltza Yolanda Briongos, Cristina Compains, Marian Fraile, Maritxu Galduroz, Leyre Gamboa, Maika Iriarte, Iosune Legal, Lourdes Rey, Susana Sánchez, Ana Ureña y 107 firmas más