Gemma Ubasart (Castellar del Vallès, 1978) es consellera de Justicia de la Generalitat de Catalunya desde octubre de 2022. Dice que la amnistía aprobada “es un hecho histórico”, “de utilidad común”, que responde a un “clamor” de la sociedad catalana. Cree que se “tiene que entender como un punto de partida” y, a su vez, que como instrumento fortalece a los Estados que la aplican para “resolver conflictos políticos”. Ubasart prefiere no “especular” sobre cuándo se podría el retorno de Carles Puigdemont.  

¿Estamos ante un acuerdo de rango histórico? 

–Sí podemos hablar de un acuerdo histórico, que nos sitúa en el final de un camino de desjudicialización del conflicto. Estamos transitando en el retorno a la política de un conflicto de naturaleza política, de donde no tendría que haber salido nunca. Es un hecho histórico que ha costado mucho, y ha necesitado pasar por un camino inicial, como la aprobación de los indultos y la reforma del Código Penal, hasta llegar a la amnistía, que cierra este proceso.

¿El conflicto pervive? Hay quien entiende que este es el final del ‘procés’. ¿Hasta qué punto es un cambio de paradigma?

–Creo que la amnistía se tiene que entender como un punto de partida de la gestión política de la cuestión nacional territorial. Es una grieta de oportunidad para las vías de solución política. 

Habla del asunto con la autoridad de haberlo defendido hace bastante tiempo.

–Desde antes de la pandemia, cuando un grupo de gente plural, de distintas sensibilidades políticas nos reunimos en Òminum Cultural y planteamos que frente a una judicialización del conflicto, el horizonte era una amnistía. En aquel momento, en el que parecía una quimera, ya dibujamos la necesidad de desmontar una arquitectura de punición penal administrativa que dificultaba avanzar en el diálogo, la negociación y el pacto. 

“La amnistía se tiene que entender como un punto de partida de la gestión política nacional territorial”

Sin embargo, ya se subraya que Puigdemont seguirá en manos del Supremo y que habrá reacción judicial. 

–Esperemos a la implementación. Estamos frente a una ley sólida, constitucional. Creo que es una buena noticia para todos, también para los jueces, porque un conflicto político retorna a la política.

¿No peca de voluntarismo viendo las maniobras desde la judicatura?

–Yo confío en que todo el mundo esté a la altura de la situación cuando se implemente.

¿Quién? ¿García Castellón?

–Todos los actores. Conviene recordar lo que dijo la Comisión de Venecia en general de las leyes de amnistía, perfectamente compatibles con el Estado de Derecho y la separación de poderes, sumando también el objetivo político de reconciliación, que es legítimo. Ese es el marco. En la mayor parte de países europeos existe la figura de la amnistía, de forma explícita o no. En ese sentir común internacional y europeo no estamos ante un instrumento raro que lo sacamos de la chistera, sino de utilidad común. La amnistía no solo opera en procesos de cambios de régimen, ni solo en países lejanos. Opera en el corazón de Europa, y hace fuerte a los Estados que recurren a ella para resolver conflictos políticos. Este es el sentido común que va a tener que permeabilizar la implementación de la ley. Confío en que su despliegue tenga un recorrido positivo.

“Yo confío en que todo el mundo esté a la altura de la situación cuando se implemente”

¿Le preocupa que así como Esquerra capitalizó los indultos, ahora Junts, capitalice la amnistía con esa prórroga que forzó?

–Los protagonistas en la amnistía son muchos; actores sociales, políticos... toda una sociedad demanda la resolución política de un conflicto y el protagonismo es muy compartido. Es un clamor de la sociedad civil, de la mayoría de la sociedad catalana, pero me atrevería a decir que de una parte importante de la sociedad española, que entiende que en democracia deben buscarse vías políticas para resolver conflictos políticos, y que en pleno siglo XXI no tiene mucho sentido que existan presos políticos.

Presos políticos...

–Ha habido un conflicto político y derivado de este se han judicializado determinados casos, a partir de una derivada punitiva. Nadie puede poner en duda de que hay un proceso de judicialización de un conflicto.

En ese consenso sobre la amnistía, ¿qué debe aportar el independentismo de cara a la convivencia?

–Yo creo que no tenemos problemas de convivencia, ni que este sea el marco en el que nos situamos ahora ni nos hemos situado nunca. 

Se lo formulo de otro modo: ¿Qué debe hacer el independentismo para que este acuerdo histórico tenga recorrido? ¿Qué clima se tiene que generar? Se visualiza una doble visión, de Esquerra y de Junts. 

–La amnistía no beneficia a unos o a otros, sino a todo el país, que sale de un contexto de judicialización de un conflicto. Un país democrático encuentra vías de resolución política de un conflicto. Creo que es el valor de la amnistía.

Al Govern le faltan dos escaños para poder aprobar los Presupuestos en Catalunya, pero la próxima semana acaba el plazo. Usted, que fue dirigente de Podemos, ¿cree que los comunes apoyarán las cuentas?

–Estamos frente a los Presupuestos más expansivos de la historia, que suman 2.400 millones respecto a los del año anterior, ya de por sí expansivos. Las cuentas suponen un 34% más de incremento respecto al inicio de la legislatura. Son posibles ahora porque tenemos un crecimiento económico importante aunque estemos en un contexto muy incierto y porque las reglas fiscales aún no operan. Es el momento de aprovecharlo. Realmente suponen un salto cualitativo, dejan atrás los recortes y consolidan políticas sociales, sanitarias, económicas...

Habrá elecciones en Catalunya a final de año o principios del que viene. Es importante si se aprueban las cuentas y con quién.

–Sí, y porque estamos ante estos Presupuestos creo que se van a aprobar. No se entendería lo contrario. Es un escenario que no contemplo, cuando son objetivamente muy buenos. Ya vamos tarde para poder hacer una buena ejecución presupuestaria, hubiera sido mejor tenerlos el 1 de enero, pero aún tenemos margen para que tengan un impacto muy positivo en el país y en su gente.

Usted entró en el Govern tras la salida de Junts en 2022. Ese 52% independentista invocado al inicio de la legislatura pasó a la historia. Para la próxima, volver a una entente con Junts no es la principal hipótesis. 

–La fórmula de gobierno que tenemos ahora funciona. Con un president de Esquerra Republicana y un Govern donde algunos consejeros somos independientes. 

Tiene que tener apoyo en las urnas.

–El Govern está desplegando política pública con una potencia que hacía muchos años que no se desplegaba. Es una fórmula de gobierno que reivindico. Esperemos que la semana que viene los Presupuestos tengan luz verde. Serían los terceros consecutivos, lo que no ocurre desde hace mucho tiempo en Catalunya.  

“Ya no va a haber grandes mayorías, es el eje en el que estamos situados, y también el Gobierno español”

Con los socialistas ya hay acuerdo presupuestario. ¿Cuál es la relación de Esquerra con el PSC y con Salvador Illa? El horizonte electoral se ve próximo.

–Yo soy siempre partidaria de que cuantas mejores relaciones haya entre más fuerzas políticas, mejor la irá al país. En un contexto donde existe una fragmentación importante de fuerzas políticas, tiene que haber diálogo entre todas ellas, para construir un bien común. 

Pero el PSC fue la fuerza más votada en Catalunya en 2021. 

–La capacidad de diálogo es la que tiene que hacer funcionar el país. Ya no va a haber grandes mayorías. Es el eje en el que estamos situados ahora, pero también lo está el Gobierno español, que tiene que dialogar con distintas fuerzas.

En noviembre de 2023 Catalunya selló una alianza de justicia restaurativa con Navarra y la CAV. ¿Por qué ese concepto y ese eje?

–Catalunya fue pionera en justicia restaurativa, el año pasado celebramos los 25 años de la apertura de un servicio para adultos. En el ámbito juvenil hubo prácticas antes. El servicio de justicia restaurativa hace referencia al ámbito penal. Así como en la jurisdicción civil tenemos la mediación, en la penal se contemplan también otras vías, poniendo en el centro la preocupación de la víctima, no tanto en qué hacemos con el victimario, sino sobre todo centrándose en la víctima y sus necesidades. Estas experiencias las encontramos en otros puntos de Europa, y en Navarra y en Euskadi también hay un recorrido hecho. Somos tres territorios con una historia y unas experiencias compartidas. Queremos reforzar esta apuesta, y de ahí esta declaración conjunta. La musculación de los servicios debería acompañarse con modificaciones legales que permitieran una mayor normalización de estas vías.

La semana pasada se recordó la ejecución de Salvador Puig Antich en 1974. ¿La nueva Ley de Memoria puede ayudar a conseguir una revisión en el Supremo?

–Hubo una conmemoración de este asesinato, que creo que la tenemos que entender como una impugnación al franquismo, un régimen que murió matando. Es muy importante explicar a las nuevas generaciones la importancia del Estado de Derecho y la democracia. Esta necesita ser alimentada. Su consecución, imperfecta y siempre mejorable, fue gracias a la lucha en las calles. La ley de 2022 declara nulos este tipo de juicios a la vez que ilegales e ilegítimos los tribunales que los llevaron a cabo durante el franquismo. Es un punto de partida importante. Yo no acabo de ver la posibilidad de abrir un proceso judicial, pero si hay una grieta no sería la primera vez que la Generalitat lo apoyase.  

La familia Puig Antich echa en falta algún gesto o acto por parte del Gobierno español. Por aquí también tenemos experiencia que ese tipo de gestos cuesta mucho darlos.

–Que se declare nulo un juicio e ilegal e ilegítimo un tribunal quizá también puede ser un gesto de reparación. Que en la Ley de Memoria se sitúe esta nulidad es importante. A veces las consecuciones cuestan mucho y después las valoramos poco. Creo que tiene su valor.