El Gobierno de Pedro Sánchez anunció este viernes que la Fundación Francisco Franco se encuentra en sus “últimos días”. Explicó que las intenciones del Ejecutivo no pasan por ilegalizarla sino por “extinguirla”. “Nosotros no ilegalizamos la fundación, lo que hacemos es extinguirla”, argumentó el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres. “Si una fundación, un espacio, un lugar, rememora, homenajea, vanagloria a alguien que fue represor, no tiene ningún sentido dentro de la democracia”, añadió Torres, que el pasado febrero ya avanzó que Moncloa haría “lo que tenga que hacer” para dar este paso aunque evitaba concretar fechas de cuándo se va a producir.
Al ser preguntado por los cambios que está llevando a cabo la fundación para intentar adaptarse a la ley de Memoria Democrática, el dirigente socialista cree que “no” van a poder esquivar la norma.
Torres puso fecha a los próximos pasos que dará el Gobierno en esta materia. Será el próximo martes cuando su ministerio lleve al Consejo de Ministros la composición de tres comisiones y otras medidas relacionadas con el Valle de Cuelgamuros.
En una entrevista en la cadena Ser remarcó que desde el Ejecutivo “tienen que cumplir unos plazos” y su intención es mantener el espíritu de la “verdadera concordia”.
“La ley dice claramente que no caben fundaciones que vanaglorian a aquellas personas, colectivos o asociaciones que hicieron apología del franquismo”
Según explicó, entre las comisiones que llevarán al próximo Consejo está incluida una de restauración económica para los familiares de las víctimas del bando republicano, porque “el otro bando fue recompensado”. “Los que llegaban al Valle de Cuelgamuros, si eran del bando nacional, iban en una caja con su nombre y venían de un cementerio y se lo decían a la familia. Si eran del republicano, venían en la misma caja 10 o 12 personas mezcladas, eran sacados de una fosa común y nunca se lo decían a los familiares”, denunció.
Desde el Ministerio de Cultura también han confirmado que se trabaja en la extinción de esta Fundación ya que entiende que es “prioritario aplicar” la Ley de Memoria Democrática.
La fundación se revuelve
Poco después, la Fundación Franco advirtió a Sánchez de que se enfrentará a una “dura lucha” en los tribunales si acomete cualquier medida que la extinga, que entienden como la pretensión de “callarlos”, al tiempo que denunció que usan a Franco para “desviar la atención”.
Según el director de la Fundación, el general Juan Chicharro, los planes del Ejecutivo no llegarán a materializarse porque significaría “violentar” el artículo 22 de la Constitución, que reconoce el derecho de asociación.
A su juicio, el Gobierno tendría primero que “reformar” la Carta Magna. Del mismo modo, avisó de que no pueden extinguir la Fundación a través de un real decreto ley, “que es lo que pretenden”, porque el derecho de asociación es un derecho fundamental. En esta línea, recordó que la Fundación retocó sus estatutos en junio del año pasado para acomodarlos a la Ley de Memoria Democrática, y sostuvo que la organización cumple con la norma. Es más, soltó que cumple la función de acercar a la la ciudadanía la “obra social” llevada a cabo en la dictadura.
