El consejero Chivite defiende que la sociedad para gestionar los peajes en Navarra estaba prevista desde 2007

Chivite ha recordado que la sociedad pública ya estaba en los planes del Gobierno de Navarra desde 2007, cuando UPN, que entonces estaba al frente del Ejecutivo, contempló en la Ley de Carreteras la posibilidad de poner en marcha un canon a las vías. 

Además, fue en aquella época cuando el Gobierno, liderado por los regionalistas, optó por la fórmula del peaje en sombra, mecanismo que lastra los Presupuestos navarros con una cuota de unos 80 millones de euros por una serie de obras proyectadas entonces por UPN. Un dinero que, según ha recordado el consejero, condiciona la inversión que necesitan las carreteras.

El consejero ha explicado que en Europa el modelo va hacia el “quien contamina paga”, como ocurre con los transportistas navarros cuando viajan por los países comunitarios, donde tienen que hacer frente a este tipo de tarifas.

Una idea ya en 2007

Para entender la historia de los peajes y los cánones hay que volver 17 años atrás, incluso más. En 2007, ha explicado el consejero, “se plantea la posibilidad de financiar las actuaciones de conservación y de explotación de las vías mediante una recaudación extraordinaria” a través de una sociedad pública. “Incluso, dos años antes, en 2005, el Gobierno de Miguel Sanz, encarga un informe para estudiar poner peajes no sólo en las vías de alta capacidad, sino también en todas las carreteras nacionales. ¿Y qué ocurrió en ese momento? ¿Cómo planteó UPN el mantenimiento o la construcción de nuevas vías? Dejó a un lado el canon y apostó por los peajes en la sombra”, ha recordado.. 

“Hoy, 17 años más tarde, todos los navarros y navarras seguimos pagando, anualmente, 80 millones de euros por el peaje en la sombra de la autovía A-12 (Pamplona-Logroño) y la A-21 (Autovía del Pirineo), 80 millones que vuelan de las arcas públicas; que no se pueden invertir en mejorar nuestra red de carreteras puesto que lo condenó UPN”, ha remarcado.

El porqué de los peajes

Cohesión Territorial ha explicado que, en Europa, el principio de “quien contamina paga, quien usa paga”, emana de las políticas de movilidad de la Comisión Europea y funcionan en Alemania, Portugal, Bélgica o Suecia. El 88% de los vehículos pesados que circulan por las cinco vías que gestionará Nafarbide son vehículos de paso que usan y no pagan.

El Gobierno cree que, mediante Nafarbide, podrá destinar “más de 40 millones de euros, íntegramente, a la conservación de las cinco vías de alta capacidad”. Son recursos adicionales que quedarán añadidos a las partidas presupuestarias. “Las carreteras no son gratis. O se pagan a través de los impuestos de todos o se elige una fórmula en la que pagan las personas o empresas que utilizan esas carreteras. Nada nuevo”, ha resumido.

¿Por qué una sociedad pública?

UPN y PP también han solicitado la comparecencia del consejero para que explique por qué el Gobierno decidió poner en marcha Nafarbide cuando la Comisión Europea todavía no ha fijado la tarifación de esos peajes y, por lo tanto, no tiene actividad. 

Sobre todo, por dos asuntos: porque el Gobierno creó la sociedad cuando estaba en funciones (el 28 de junio de 2023) y porque al frente de Nafarbide está Federico Colmenar, exconcejal socialista que cobra casi 100.000 euros al año como director gerente.

Chivite ha explicado que la razón de que se creara antes de que la UE definiera las tarifas se explica por lo que ha ocurrido en territorios vecinos, como Gipuzkoa o Bizkaia, donde necesitaron tener constituida la sociedad antes de poder empezar los trámites para empezar con los peajes.