El Gobierno de Navarra reconoce a Mikel Iribarren como víctima de la policía

El Gobierno de Navarra ha reconocido a Mikel Iribarren Pinillos como víctima de violencia policial.

La comisión de expertos encargada de analizar cada caso ve acreditada la participación de “funcionarios públicos en el ejercicio de su actividad” durante unos disturbios ocurridos el 15 de diciembre de 1991 en los que Iribarren resultó gravemente herido después de recibir el impacto de un bote de humo disparado contra él a muy corta distancia.

Concretamente, el informe de la comisión subraya que fue “un miembro de la Policía Nacional” quien efectuó el disparo, “sin considerar el riesgo vital que se causaba ni intervenir posteriormente para minimizar sus efectos”.

El autor material nunca fue identificado a lo largo de un proceso judicial torturoso que duró casi dos décadas y que terminó con una sentencia histórica por parte del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) de Estrasburgo, que en enero de 2009 condenó al Estado a indemnizar a Iribarren con 140.000 € –más 30.000 € adicionales para gastos y costas– por los daños y las graves secuelas a raíz del incidente.

El reconocimiento

Ahora es el Gobierno de Navarra el que otorga la condición de víctima a Iribarren como parte de un proceso más amplio de reconocimientos que arrancó en abril. Consultado por este periódico, Iribarren agradece las muestras de apoyo durante todo este tiempo y celebra el reconocimiento por parte de Navarra.

Desde “el reino opresor y conquistador de España” nunca ha tenido “reconocimiento”, pese a que Estrasburgo condenó a España “por el trato que sufrí por parte de los agentes de inseguridad”.

Iribarren ve el reconocimiento como “un paso importante para la resolución del conflicto político que sufre nuestra querida Euskal Herria”, y reconoce sentirse “mínimamente respetado”. “Aunque la vida que me arrebataron nunca me la podrán devolver”, zanja.

Un tortuoso camino judicial

Mikel Iribarren, que en septiembre cumplirá 51 años, tenía 18 años en el momento de los hechos. Ocurrieron sobre las dos de la madrugada a la altura de Rincón de la Aduana, en Pamplona, en el contexto de unas movilizaciones contra la dispersión de los presos.

Ingresó en la UCI del Hospital de Navarra en coma, con un edema cerebral, afección a la parte izquierda del cuerpo, quemaduras de tercer grado en la parte derecha de la cara y pronóstico general grave. Tuvo que recibir asistencia sanitaria durante 459 días y todavía sufre secuelas físicas y psíquicas, por las que en 2010 le fue reconocida una incapacidad permanente absoluta.

La investigación judicial-penal de los hechos en los juzgados navarros duró hasta septiembre de 1995. La Audiencia Provincial de Navarra vio acreditada la perpetración de un delito de lesiones por la agresión policial, pero decretó el archivo de las investigaciones por haber resultado imposible identificar al policía que disparó el bote de humo.

Los abogados de Iribarren iniciaron entonces una reclamación de responsabilidad civil del Estado ante el Ministerio del Interior, cuyo titular entonces era Jaime Mayor Oreja. El ministerio rechazó la reclamación y en 1998 la Audiencia Nacional condena a la Administración central a indemnizar al afectado con 60.101,21 euros.

Pero no acabó ahí: el 31 de enero de 2003 el Supremo anula la sentencia de la Audiencia Nacional. Entiende que no procede indemnizar al afectado porque éste se había puesto voluntariamente en la situación del riesgo padecido y que el disparo del bote de humo había sido proporcionado, decisión confirmada por el Tribunal Constitucional en octubre de 2003. 

Histórica sentencia de Europa contra España

El caso tuvo que llegar a Europa. En enero de 2009, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) con sede en Estrasburgo condenó al Estado español a indemnizar con 140.000 € –con otros 30.000 € para costas– a Iribarren en los tres meses siguientes.

El tribunal, por unanimidad, consideró que el Estado violó su “dignidad” en relación con “la prohibición de someter a las personas a tratos inhumanos o degradantes, y a la integridad física y moral” que recoge el artículo 3 del Convenio Europeo de Derechos Humanos. La sentencia determina además que la duración del procedimiento no tuvo un “plazo razonable”, lo que contraviene el derecho a un juicio justo (artículo 6.1).

Solo hubo discrepancia dentro del tribunal a la hora de determinar la cuantía por daños morales. Finalmente, fue de 40.000 € gracias a cuatro votos sobre tres. Tres jueces –Elisabet Fura-Sandström, Alvina Gyulumyan y el español Alejandro Saiz Arnáiz– consideraban que esta cifra debía ser un poco más baja pese a que reconocían que Iribarren ha vivido “un infierno” desde aquel 15 de diciembre de 1991.