El Gobierno de Navarra ya tiene preparado el dinero para indemnizar a las primeras personas que reconozca como víctimas de violencia policial, ultra y de motivación política.
El Ejecutivo foral ha reservado una partida específica de casi un millón de euros en los Presupuestos de 2024 con destino a la comisión de reconocimiento y reparación, el órgano experto e independiente que emana de la ley foral 16/2019 de abusos policiales y que es el encargado de decidir quién es víctima.
De esta manera, el Gobierno deja entrever a través de las Cuentas que ya este mismo año habrá reconocimientos oficiales al amparo de la ley navarra, que ha tenido que salvar varios himalayas legales –como la redacción de una nueva norma y varios recursos de inconstitucionalidad formulados por la derecha– para echar definitivamente a andar.
La consigna de dinero permitirá compensar a una serie de víctimas –entre ellas casos tan notables como los de Mikel Zabalza o Ángel Berrueta– institucionalmente olvidadas en Navarra.
Algo que desde 2015 ha intentado enmendar la política de reconocimiento integral de víctimas impulsada por el departamento de la vicepresidenta Ana Ollo ya desde los tiempos del gobierno de Uxue Barkos (2015-2019).
La partida que figura en el recién aprobado anteproyecto de Presupuestos, dotada con 995.000 euros, es uno de los síntomas más claros de que esta política va afianzándose.
La norma –que estuvo dos años suspendida por los recursos de PP y Vox pero que luego avaló al completo el Constitucional– prevé que una comisión de expertos reciba las denuncias y decida quién accede a la condición de víctima.
Decenas de expedientes, en trámite desde verano
El grupo de trabajo, formado por nueve expertos y presidido por el director general de Paz y Convivencia, Martín Zabalza, trabajaba desde verano en casi medio centenar de casos.
Más de treinta están en trámite y alrededor de 15 ya en proceso de redacción del informe. Los más notables, los ya mencionados de Zabalza –reconocido por la ley de víctimas de la CAV en 2022– o Berrueta o el de Mikel Iribarren. Pero también otros más anónimos.
Todos ellos tienen en común un componente de abuso por parte de cuerpos policiales, funcionarios públicos, grupos de ultraderecha o motivación política.
De ahí que entre los denunciantes haya torturados por el franquismo, familias de muertos por la guerra sucia, muertos en atentados o víctimas de abusos policiales ya en democracia.
De hecho, hay un gran grupo de denunciantes de tortura que, agrupados en diferentes plataformas –como la Red de Torturados de Navarra o Egiari Zor– han manifestado su intención de acudir ante la comisión. Son alrededor de 300, de momento, pero pueden ser más porque hay estudios oficiales que avalan un millar de casos en Navarra.
El procedimiento, en resumen, es el siguiente. Las víctimas o las familias de quienes hayan sufrido algún tipo de estas violencias desde 1950 pueden presentar una solicitud ante la comisión. Hay de plazo hasta 2027.
A partir de que la registren, la comisión tiene un mes para decidir si la admite a trámite. Si la pasa, contactará con los denunciantes para continuar la investigación, algo que suele empezar con una entrevista.
El informe debe poner fin a un proceso que, en cada caso, tiene que rondar el año, año y medio. Hay varios desenlaces: que la persona sea reconocida como víctima y además indemnizada; que la persona sea reconocida como víctima, pero no indemnizada; y que la persona no adquiera la condición de víctima. Pronto se conocerán las primeras resoluciones.
