Amnistía Internacional avala las leyes de violencia política de Navarra y la CAV

Así lo expresó Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional para España que el pasado miércoles hizo una visita al lehendakari del Gobierno Vasco, Iñigo Urkullu, entre otras para presentar el informe sobre el derecho a la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas de tortura. Tanto en Navarra como en la CAV, el Tribunal Constitucional mantiene la suspensión de varios artículos de la norma, recurrida por el Gobierno español por entender que invade sus competencias o que persigue dictar culpabilidades sin juicio previo. En el caso de la ley foral, esta suspensión se ha extendido a casi todos los artículos, también al que fijaba la creación de una comisión de evaluación de víctimas que el Estado interpreta que quiere suplantar a los órganos de justicia, y solo se permitió un homenaje sin listado concreto de víctimas, al no poder realizarse un censo.

Beltrán fue ayer claro al respecto. “Es un momento clave para las víctimas de abusos policiales, y en concreto de la tortura, porque el Tribunal Constitucional debate si se puede acometer una reparación integral de estas víctimas”, dijo, para considerar “importante la iniciativa de presentar esta ley, de visibilizar a las víctimas de la tortura, de reconocer que hubo casos durante muchos años”, y también su preocupación “por los obstáculos del Gobierno central, que ni investiga ni permite la reparación”. El punto de las comisiones de reparación ha sido doblemente denunciado. Beltrán lo tiene claro: “No se puede argumentar la división de competencias en el Derecho interno de un país para dejar sin reparación a las víctimas”. Al mismo tiempo, aseguró Beltrán, “pueden combinarse las investigaciones judiciales con mecanismos de reparación integral como los que plantea la Ley de abusos policiales; no hay ninguna contradicción, la investigación judicial y la reparación mediante mecanismos no judiciales contribuyen a la reparación”. Además, afirmó, en virtud del Derecho internacional “no es necesario identificar los responsables” de dichos abusos, y es, de hecho, obligada la reparación “aunque no se haya podido investigar en sede judicial”.

Fallo inminente El caso de la CAV es probablemente más sensible. Parece que en un plazo razonable de tiempo el TC podría pronunciarse. Por ello insistió varias veces Beltrán en el “momento clave” que se vive en la actualidad con el recurso pendiente de resolución, porque “hay una ley sobre la mesa que podría avanzar en la visibilización sobre la tortura en un lugar como el País Vasco, donde se ha dado en buena medida”. Con su aplicación “se empezaría un proceso de reparación”, y sin embargo “el Gobierno central la recurre y no ofrece alternativa”. En todo caso, “al margen de lo que indique el Tribunal Constitucional, el delito de tortura es un delito, mal recogido en Código Penal, y es obligación del Estado investigarlo; no lo dice solo el Tribunal Europeo, sino en 2016 el propio Tribunal Supremo”. Si el TC fallase en contra del Gobierno Vasco, “eso no disminuiría la obligación del Estado y habrá que buscar otros mecanismos”, señaló Beltrán.