El Tribunal Constitucional (TC) exoneró toda la malversación por la que fue condenado el expresidente andaluz José Antonio Griñán y parte de la prevaricación por la que se condenó a su predecesor Manuel Chaves en el “procedimiento específico” de financiación de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos con cargo a los fondos autonómicos. La mayoría del Pleno estimó parcialmente sus recursos y acordó anular sus condenas al considerar que se vulneraron sus derechos a la presunción de inocencia y se aplicó de forma incorrecta el delito de prevaricación. Así, ordena a la Audiencia de Sevilla que dicte dos nuevas sentencias que se ajusten a Derecho y excluya los hechos de 2002 a 2009. Como en los casos anteriores de los ERE, las votaciones se cerraron con siete votos a favor y cuatro en contra. El dictamen tiene los votos particulares de los cuatro magistrados conservadores: Ricardo Enríquez, Enrique Arnaldo, César Tolosa y Concepción Espejel.
Cabe recordar que aunque Griñán fue condenado a pena de cárcel, su ingreso en prisión quedó suspendido por el cáncer que padece. Al exonerarle del delito de malversación, el TC aleja la posibilidad de que el expresidente andaluz ingrese en un centro penitenciario. Para los magistrados, la motivación de las sentencias de la Audiencia de Sevilla y del Tribunal Supremo “carece del desarrollo argumental suficiente” para considerar probado que los hechos que se le imputan a Griñán hubiesen sido cometidos por él. El Constitucional insiste en que el derecho a la presunción de inocencia exige que toda condena penal se funde en una prueba de cargo suficiente, e impide que pueda trasladarse automáticamente la responsabilidad de quienes gestionaron las ayudas en la Consejería de Empleo a quienes se limitaron a aprobar las partidas presupuestarias correspondientes. Respecto al delito de prevaricación, el tribunal reitera su conclusión de que la elaboración de los anteproyectos de ley y su aprobación como proyectos de ley por el Parlamento de Andalucía no puede ser constitutiva de un delito de prevaricación.
En el caso de Chaves, el tribunal insta a la Audiencia de Sevilla a dictar otro fallo donde se excluyan los hechos relacionados con la aprobación de los anteproyectos y proyectos de ley de Presupuestos y de las modificaciones presupuestarias amparadas por dicha ley en los años 2002 a 2009. Sostiene que la nueva resolución debe limitarse a la posible prevaricación cometida en 2000, 2001 y 2004. Los magistrados del TC entienden que tanto la Audiencia Provincial de Sevilla como el Tribunal Supremo realizaron “una interpretación y aplicación imprevisible del delito de prevaricación”, lo que supone una vulneración del derecho a la legalidad penal de Chaves. Por ello, ordenan retrotraer las actuaciones para que se “dicte un nuevo fallo respetuoso con los derechos fundamentales infringidos”.
José María Calero, abogado defensor de Griñán, mostró su “total satisfacción” por la decisión del TC ante lo que “era una evidencia” pero lamentó que “es irreparable todo el daño sufrido durante todo este tiempo”. “El TC ha superado un test de esfuerzo en un asunto que suponía una presión que absolutamente era necesario superar”, enfatizó el letrado. Por su parte, el propio Chaves declaró su alegría y la extendió a todos sus “compañeros”, porque “tenemos razón”. “No había trama política, no había ninguna confabulación política, no había absolutamente nada. Vinieron a por nosotros, y ahora ha quedado todo desmontado”, sentenció.
Reproche del PP
Sin embargo, el PP acusó al TC de intentar “borrar” lo que entiende que fue una trama. “La ley de amnistía pidió perdón a los políticos del procés y esta resolución del Constitucional pide perdón a los corruptos de los ERE”, reprochó el portavoz popular en el Congreso, Miguel Tellado. Para el partido de Alberto Núñez Feijóo, el TC se está convirtiendo en un “órgano de relectura” de las condenas del Tribunal Supremo. Está conformado por dos exmiembros del Gobierno de Pedro Sánchez y desde luego esa conformación pone en duda la imparcialidad del trabajo que está haciendo”. Por contra, el portavoz adjunto de Sumar en el Congreso, Enrique Santiago, defendió que el TC ha actuado con “total sensatez” dado que “el delito es incumplir la ley conscientemente y con intencionalidad”, algo que no aprecia en este caso. Vox se alineó con el PP y lamentó que se fomente la “desigualdad de los españoles ante la ley”: “Los políticos pueden robar”, suscribió su líder, Santiago Abascal.
