Navarra es la tercera comunidad autónoma a la que el Estado ha puesto más recursos de inconstitucionalidad. Según datos de la Secretaría de Estado de Política Territorial, los diferentes gobiernos centrales han formulado 34 recursos contra leyes navarras, solo por detrás de otros territorios que también tienen un gran margen de autogobierno, pero que a diferencia de Navarra tienen muchísima menos población: la CAV, que suma 41 recursos, y Catalunya, que registra 104.
Un vistazo a la base de datos del Ministerio –con datos desde 1980– permite sacar dos conclusiones rápidas. La primera, que el periodo de Rajoy (2011-2018) fue de récord. La segunda, que el Estado vive desde 2018 una época de frenazo en los recursos de inconstitucionalidad.
No por casualidad. Sánchez llegó a la Moncloa, en junio de ese año, con el mensaje de destensar las relaciones con los territorios después del bombardeo del PP desde 2011. Sánchez trasladó una premisa a los delegados del Gobierno: negociación antes que recurso. Al menos, de forma general. Porque el Gobierno de Rajoy venía de acumular hasta 121 recursos de inconstitucionalidad contra los territorios.
Es más que lo que suman el resto de presidentes juntos en los últimos 25 años. En la segunda legislatura de Aznar hubo 42 asuntos elevados hasta el Constitucional; 39 hubo en tiempos de Zapatero; y 29 lleva hasta el momento Sánchez.
Doble crisis política
Semejante caudal de recursos colapsó al Constitucional. En Navarra, hace casi una década, las leyes navarras que el alto tribunal mantenía suspendidas cautelarmente sin sentencia generaban polémicas de forma cíclica, porque afectaban al ejercicio del autogobierno.
Muchos de ellos eran recursos que venían de una etapa muy concreta: esa que fue desde 2011 hasta 2014, cuando confluyeron dos crisis políticas. Por una parte, la del Estado: Rajoy empezó con recortes y terminó con varios casos de corrupción. Y luego la de Navarra, la del último gobierno de UPN, cuya alianza con el PSN saltó por los aires y tuvo que sobrevivir como pudo en minoría y con el Parlamento legislando en contra.
En 2016, Navarra acumulaba ocho leyes pendientes de resolución. De todo tipo: prestaciones farmacéuticas, apertura de comercio en festivos, clubes de cannabis, fracking... La bajada en los recursos desde 2018 permitió que el Constitucional pudiera ir resolviendo leyes. Ahora mismo, como se indica en una de las piezas adjuntas, Navarra solo tiene vivo un asunto relativo a la constitucionalidad de las leyes navarras: una negociación abierta –desde mediados de julio– por el artículo 53 de la ley foral de Protección Civil y Emergencias y que todavía no ha evolucionado en recurso.
La ley foral de Emergencias, sobre la mesa de negociación
Navarra solo tiene un asunto caliente con respecto al Constitucional. Desde el 17 de julio, hay en trámite una comisión bilateral con el Estado para negociar sobre el artículo 53 de la ley foral de Protección Civil y Emergencias, reformada hace unos meses.
El Gobierno foral pretendía clarificar la situación de los peones auxiliares de bombero, pero el Estado vio en la reforma la posibilidad de reducir la edad en el acceso a la jubilación, materia netamente estatal por tratarse de Seguridad Social. Lo voluntad expresada por las dos partes es acordar, no obstante, antes de que el tema tenga que elevarse al Constitucional. La última vez que ocurrió esto fue con la ley foral de Contratos Públicos, que terminó con dos artículos anulados para dar primacía a la legislación básica del Estado en materia de contratación.
El Gobierno vigila de cerca otras dos leyes navarras
El Estado siempre está atento de la legislación que aprueban las comunidades autónomas. Como ahora la premisa es negociar siempre que se pueda, el Estado tiene muy a mano un mecanismo que denomina “cartas de cooperación”, y que intenta “prevenir la conflictividad con respecto a las leyes autonómicas aprobadas”.
Son cartas que informan sobre los preceptos en duda para que las comunidades convengan la pertinencia de hacer cambios. Hasta junio, el Estado había examinado 184 normas autonómicas. De ellas, 8 han sido impugnadas por el Estado. Otras 8 han sido resueltas por acuerdo. Y se han enviado 11 cartas de cooperación. Dos de ellas han llegado aquí: una sobre la ley 21/2023 de gestión piscícola de Navarra y otra sobre una duda relativa a la contratación para la que se tiró de la ley de Presupuestos.
