El PP mantiene recurridas en el Constitucional ocho leyes navarras

Salvo el conflicto de competencias abierto por la ley sobre el patrimonio, que regula la propiedad en caso de defunción sin herederos, y que fue denunciada por el Gobierno del PSOE en 2008, el resto de recursos pendientes se han planteado en los últimos tres años. Tres son de 2013, dos de 2015 y uno de 2016.

El Parlamento foral, por su parte, está personado ante el Tribunal Constitucional en el recurso interpuesto contra la LOMCE junto con los gobiernos de Catalunya, Canarias y Principado de Asturias, el Parlamento de Catalunya y más de 50 diputados socialistas. La gran mayoría de los recursos se han producido así en la última legislatura, la de la mayoría absoluta del PP, y están motivados fundamentalmente por leyes del Parlamento foral que trataban de evitar los efectos de algunos de los recortes aprobados los últimos años. Son los casos de las normas que pretendían garantizar la asistencia sanitaria a inmigrantes irregulares, impedir los desahucios y evitar el copago. Son ámbitos en los que teóricamente Navarra cuenta con autonomía, pero que el Ejecutivo central ha querido regular con el argumento de que afecta a la estabilidad económica del país.

Las otras tres leyes, las que regulan las policías de Navarra, los clubes de cannabis y el reconocimiento de las víctimas de motivación política, tienen un trasfondo competencial y se encuentran parcialmente suspendidas. En la primera, la parte en la que se fija a la Policía Foral como cuerpo de referencia para las policías locales; la segunda lo está en su totalidad en su totalidad; y en la tercera solo se salva la disposición que faculta a las administraciones públicas a reconocer oficialmente a víctimas de la Guardia Civil, como Mikel Zabalza.

proceso recentralizador El gran número de leyes recurridas los últimos años da muestra de los numerosos conflictos competenciales abiertos entre Navarra y el Estado. Algo en lo que ha influido la discrepancia ideológica entre el Gobierno central, en manos del PP, y un Parlamento foral con una mayoría de izquierdas. Pero que viene condicionado también por un proceso de recentralización de competencias activado durante la crisis.

Con el argumento de la estabilidad presupuestaria, y agarrado a la capacidad de regular lo que considera legislación básica, el Gobierno central ha ido recortando la autonomía legislativa a Navarra en cuestiones como la función pública o el ámbito local. Algo que ha ocurrido también con el resto de comunidades, y en lo que está contando con el apoyo del Constitucional, que en la mayoría de los casos acaba compartiendo los argumentos para bloquear muchas leyes autonómicas de contenido social. Una tendencia que el Gobierno de Rajoy parece querer revertir en la nueva legislatura, para la que ya no cuenta con mayoría absoluta y que pudo empezar a intuirse en la reunión preparatoria para la Conferencia de Presidentes autonómicos a la que asistió el pasado miércoles María José Beaumont. Allí, la consejera de Presidencia, Función Pública, Interior y Justicia tuvo la oportunidad de exponer ante la vicepresidenta Sáenz de Santamaría, el ministro Montoro y otros 15 representantes del resto de autonomías los problemas generados a raíz de los recursos a las leyes navarras: un problema que en el fondo pone en cuestión las competencias de Navarra. La intervención tuvo eco en la cumbre autonómica, y al final del encuentro el secretario de Estado para la Administración Territorial, Roberto Bermúdez, emplazó a Beaumont a mantener una reunión al respecto a la vuelta de las fiestas navideñas, a fin de comenzar una serie de contactos que puedan desembocar en un desbloqueo de los recursos ante el TC.

Un giro propiciado por la minoría parlamentaria, y que le ha llevado también a buscar el deshielo con el PNV y el Gobierno Vasco, con quien mantiene una litigiosidad similar.

Las 17 leyes recurridas

1. Patrimonio sin dueño. Aprobada en 2007 y recurrida por el Gobierno del PSOE. Establece que los inmuebles que no tengan dueño en Navarra pasen a formar parte del patrimonio de la Comunidad Foral. El TC debe decidir si son de Navarra o del Estado. No está suspendida.

2. Prestaciones farmacéuticas. La ley pretende dar marcha atrás al copago farmacéutico implantado por el Estado. Propone que los trabajadores activos paguen el 40% del fármaco y que sea gratis para los pensionistas. Parcialmente suspendida.

3. Asistencia sanitaria gratuita. Norma para que la sanidad sea gratuita para todas las personas, al margen de su situación legal. El Alto Tribunal permite a Navarra mantener la asistencia universal gratuita mientras delibera sobre este asunto. El Gobierno central también tiene abierto en el Constitucional un conflicto de competencias contra el decreto que regula el acceso a la sanidad de los inmigrantes irregulares. Parcialmente suspendida.

4. Antidesahucios. Permite expropiar a las entidades financieras el uso de los pisos en caso de desahucios cuando las familias afectadas estén en riesgo de exclusión. Fija también el registro de viviendas vacías. Está en suspenso.

5. Clubes de cannabis. Navarra fue pionera en regular el uso de los clubes de cannabis, fruto de una petición popular. El Estado recurrió la ley, que se encuentra en suspensión mientras se delibera sobre su futuro.

6. Ley de Policías. El pasado diciembre, el Estado recurrió algunos puntos de la Ley de Policías, como el que regula el acceso de auxiliares a las policías locales; el que determina que sea la Policía Foral quien centralice los datos de policías o el régimen sancionador. Se encuentra parcialmente suspendida.

7. Víctimas de otras violencias. Incluso en tiempo de descuento, el Gobierno recurrió en enero la ley por la que se reconoce a las víctimas de abusos policiales o de grupos de extrema derecha. Al igual que la anterior, suspendida casi en su totalidad a la espera de sentencia.

1. Regulación de las rebajas. Aprobada en abril de 2013, limitaba la apertura de comercios de más de 300 metros cuadrados a 10 domingos y festivos al año. También los periodos de rebajas. En marzo el Tribunal Constitucional declaró nulo este último artículo al considerar que contradice de modo “evidente” la norma estatal. En la sentencia, sí avala en cambio la limitación en la apertura en el número de festivos.2. Endeudamiento entidades locales. Permitía que las entidades con una deuda que supere el 75% de sus ingresos podrían pedir créditos para obras del plan de inversiones.

3. Equiparación del personal de Justicia. Pretendía integrar al personal de la Administración de Justicia en la normativa que rige para el resto del funcionariado navarro.

4. Impuesto sobre la producción de la energía. La función de esta norma era eximir del pago del impuesto a los pequeños productores de energía.

5. Pago del IBI por parte de la Iglesia. Esta ley quitaba el privilegio a la Iglesia de no pagar el impuesto por los bienes que tiene en Navarra. El Estado la anuló y sigue sin pagar la contribución.

6. Funcionarización de la Administración. Permitía hacer funcionarios automáticamente a los trabajadores fijos de la Administración.

7. Paga extra. Se aprobó un complemento personal transitorio por la pérdida de poder adquisitivo de cuantía equivalente al importe de la paga extra retenida.

8. ‘Fracking’. Prohibía en el territorio de Navarra el uso de la fractura hidráulica como técnica de investigación y extracción de gas no convencional.

1. Registro de objetores del aborto. Regula el registro de médicos objetores de conciencia al aborto y permite la inclusión de nuevos profesionales en dicha lista.

2. Órganos rectores de fundaciones. Establece, conforme a principios de interés social, los órganos rectores de determinadas fundaciones, como la Fundación Can.