Fue en aquellos inquietantes días de finales de abril en los que determinados poderes políticos, mediáticos y jurídicos, a los que se refiere como la “máquina del fango”, acorralaron a la esposa de Pedro Sánchez implicándola en una presunta trama de corrupción y tráfico de influencias, cuando el presidente del Gobierno español sorprendió con su enésimo golpe de efecto y se volvió a situar en el centro de la escena y de todas las agendas. En una inaudita carta que publicó en sus redes sociales, en la que se preguntaba en voz alta si “merece la pena” seguir al frente del Gobierno, el jefe del Ejecutivo dejó patidifuso a todo su partido, de arriba abajo. Se tomó un retiro de cinco días para reflexionar sobre si dimitir o no ante la imputación judicial contra su mujer, Begoña Gómez, que denunciaron la derecha y la ultraderecha, dejando en vilo a todos, también a sus propios correligionarios en las filas socialistas. Muchos fueron los que menospreciaron su manual de resistencia y le dieron por enterrado políticamente, pero una vez más, como el ave fénix, resurgió de las cenizas incólume y vigoroso y decidió seguir al frente del Gobierno español.

Sánchez justificó su decisión, cuando la sensación generalizada era de una dimisión, para no sucumbir a los “ataques indiscriminados” e impulsar “la regeneración pendiente de nuestra democracia y el avance y la consolidación de derechos y libertades”. Casualidad o no, en sus seis años al frente del Gobierno fue cuando su familia, singularmente su esposa Begoña Sánchez, él y su entorno político sintieron apretada la soga cuando vio que el sistema hacía aguas por ese flanco y cogió la bandera de la limpieza y la regeneración democrática como banderín de enganche para retomar el vuelo. Episodios similares de acoso en otros entornos y a otras personas habían pasado antes desapercibidos ante sus ojos.

Buen conocedor de su oficio, Sánchez no dudó en imprimir un relato a su escenografiada espantada y se sacó de la manga un plan antibulos como píldora sanadora de lo que denominó “máquina del fango”. Vendió entonces su iniciativa como un intento de aumentar la transparencia en los medios y de proteger, regenerar y fortalecer la democracia.

Cinco meses después de aquel nuevo episodio de resiliencia y capacidad de reinventarse, Sánchez ha materializado su hoja de ruta rebautizada ahora como Plan de Acción por la Democracia. La iniciativa incluye 31 medidas de largo alcance que conforman una senda cuyo objetivo es, según el Gobierno, fortalecer las instituciones, evitar que la democracia se erosione y combatir la amenaza de la desafección ciudadana a la política y las instituciones, la desinformación y el auge de los extremismos y populismos.

María Silvestre, profesora de Sociología de la Universidad de Deusto y directora del Deustobarómetro, considera que el plan no solucionará todos estos temas pendientes, pero entiende que “sí puede ayudar a tomar conciencia de los problemas que afectan a las democracias actuales y a empezar a establecer nuevos marcos normativos”. Por su parte, el catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad de Sevilla Javier Pérez Royo considera que las medidas recogidas en el plan “no ponen en riesgo la democracia, sino todo lo contrario, la fortalecen”.

TRANSPARENCIA

El plan tiene tres pilares básicos: ampliar y mejorar la calidad de la información gubernamental; fortalecer la transparencia, la pluralidad y la responsabilidad del ecosistema informativo; y reforzar la transparencia del poder legislativo y del sistema electoral, blindar las democracias y las elecciones libres, obligar a la rendición de cuentas de políticos e instituciones y combatir las manipulaciones informativas, los bulos y los fake news. El Gobierno español tiene previsto implementar todas estas medidas en los próximos tres años para “dotar de mayor transparencia a los medios de comunicación en el marco de lo que ya establece la Unión Europea”.

Las medidas más destacadas de esta hoja de ruta, entre las que se incluyen reformas de leyes significativas, dan cumplimiento a algunas antiguas demandas de los socios de investidura de Sánchez, como la de Secretos Oficiales de 1968, del régimen electoral (Loreg), de la llamada Ley de Seguridad Ciudadana, también conocida como ley Mordaza, o del Código Penal en lo que respecta a la protección de la libertad de expresión y de prensa o el delito de injurias a instituciones del Estado, o la creación de un registro de medios de comunicación para saber quién financia y controla los medios, o los límites a la financiación de los medios.

Buena parte de las reformas están centradas en los medios de comunicación, que en su conjunto pretenden ejecutar “medidas y acciones” para intervenir los medios de comunicación y aplicar en el Estado español el reglamento europeo de libertad de medios que en su momento apoyó el PP en Bruselas.

Sobre esta misma cuestión, pero desde otro ángulo, Pérez Royo subraya que la futura ley no otorgaría al Gobierno español ningún poder, “lo que haría es reclamar a los medios que han de informar y han de ser transparentes porque los ciudadanos al recibir información tienen que saber de dónde la están recibiendo”. El jurista añade que no se trata de una cuestión de control de los medios de comunicación por parte del Gobierno, sino de que los medios sean “transparentes”. En la misma línea, Silvestre rechaza que las medidas supongan “una amenaza para aquellos medios de comunicación que ya informan acatando códigos deontológicos y éticos que proporcionan información veraz y contrastada”.

Sánchez se ha puesto manos a la obra y una vez más ha conseguido atraer el foco hacia su plan, opacando debates públicos incómodos como la financiación singular para Catalunya, también conocida como el concierto catalán, la crisis migratoria, así como sus polémicas palabras jactándose de que, si no logra sacar adelante los Presupuestos para 2025, gobernará sin el legislativo, en referencia a los decretos-ley, con los que no necesita el aval del Parlamento. Necesita una narrativa de gobierno y pretende escribirla aterrizando en el Congreso de los Diputados esta treintena de medidas en forma de iniciativas legislativas concretas para su posterior y definitiva llegada al Boletín Oficial del Estado (BOE), la mayoría leyes orgánicas, que requieren de mayoría absoluta para cambiarlas.

La compleja aritmética parlamentaria le obliga a ir ley a ley negociando con sus socios de gobierno (Sumar) y sus socios parlamentarios (Junts, ERC, EH Bildu y PNV, además de los cuatro diputados de Podemos desgajados de Sumar). No lo tiene fácil porque arrastra ya alrededor de cuarenta votaciones perdidas en el hemiciclo legislativo, la mayoría de ellas por la deserción de Junts, aunque también en algunos casos de ERC y del PNV. Además, a la vuelta de la esquina llegará la hora de la verdad de los Presupuestos, que no los tiene garantizados, ni siquiera en su fase previa del techo de gasto.

Los de Carles Puigdemont ya lo tumbaron en julio y amagan con hacer lo propio el próximo jueves cuando será votado de nuevo en el Congreso. Sánchez va a tener que echar el resto para sacar adelante las medidas incluidas en el Plan. Sabe que chocará frontalmente con el PP y que deberá trabajar los apoyos parlamentarios día a día, con cada ley y con cada iniciativa. Los populares ya han tildado la iniciativa como plan de “degeneración democrática”, con lo que venden muy cara cualquier aproximación. El partido liderado por Alberto Núñez Feijóo considera que las medidas suponen un ataque contra la prensa, aunque sí asumiría las partes que están recogidas en el reglamento europeo que ellos mismos apoyaron en el Parlamento Europeo.

El presidente español tiene tres años por delante, pero algunas medidas, como la reforma del Código Penal, son complicadas y de larga tramitación, ya que afectan al derecho de libertad de expresión y a la creación artística cuando se refiera a las instituciones del Estado o se trate de delitos contra los sentimientos religiosos, de modo que, por ejemplo, un rapero no vaya a prisión por sus cantos críticos a la Corona.

BULOS

Los grupos aguardan a conocer el texto de esta reforma para pronunciarse pero, sin duda, este será uno de los temas de mayor controversia y confrontación entre los partidos ya que afecta a un nervio democrático fundamental. “No es una legislatura para legislar y menos para lanzar medidas sin hablarlas con quienes dan soporte parlamentario”, advierten desde el PNV, que tildan de “inconcretas” las medidas planteadas. También el resto de los partidos han hecho saber que estarán especialmente vigilantes en esta cuestión.

Para luchar contra “la desinformación y los bulos” en los medios de comunicación, también se propone reformar las leyes orgánicas que regulan el derecho al honor y a la rectificación, que datan de 1982 y 1984. La pretensión del Ejecutivo es garantizar que los tribunales puedan dar una respuesta ágil y efectiva a cualquier difamación que se publique, pero desde el PP y otros partidos entienden que para eso están los tribunales, para combatir mentiras y difamaciones.

Ante las dudas que genera el plan en torno al papel de los medios, Silvestre reconoce que la línea que separa la transparencia y el control de los medios es muy fina, pero la directora del Deustobarómetro considera que hay que “avanzar en la regulación y en la exigencia de más transparencia, ya que redundará en beneficio de de una información y de una comunicación más veraz y fiable”.

EL PLAN DE ACCIÓN

El plan tiene tres ejes básicos: mejorar la calidad de la información gubernamental, fortalecer la transparencia en el ecosistema informativo y reforzar la transparencia del poder legislativo. Incluye 31 medidas, entre ellas destacan las siguientes:

Ley de lobbies y grupos de interés. La norma servirá para conocer la influencia de cada sector en la elaboración de las leyes.

Control de bienes. El objetivo es fortalecer el régimen sancionador a los partidos y a los diputados que no presenten sus cuentas y sus declaraciones de bienes de manera adecuada.

Rendición de cuentas. Será obligatorio semestralmente para todos los gobiernos conocer cómo se cumplen los programas de gobierno.

Ley de Secretos Oficiales. La reforma de esta ley que data de 1968 pretende adecuarla al contexto europeo.

‘Ley Mordaza’. Reforma de la ley actual sobre la calificación de la sanción por el uso de imágenes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado por parte de los periodistas.

Reforma del Código Penal. Modificar los artículos que puedan afectar al derecho de libertad de expresión y a la creación artística, cuando se refiera a las instituciones del Estado o se trate de delitos contra los sentimientos religiosos. No aclara si se prevé derogar los delitos de injurias a la Corona.

Registro de medios de comunicación. Con información sobre su propiedad e inversión publicitaria que reciben. Gracias a este registro público se podrá conocer quiénes son los propietarios de los medios y qué inversión reciben y con qué criterios se reparten. Pretende con ello luchar contra los pseudomedios que difunden bulos.

Inversión en medios. Las administraciones públicas estarán obligadas a publicar anualmente su inversión publicitaria.

Protección del periodista. El objetivo declarado es evitar las presiones políticas y empresariales, a través del impulso de la ley del secreto profesional.

Debates electorales. El plan incluye una reforma de la ley electoral para imponer por ley la celebración de debates obligatorios en las campañas.

Encuestas electorales. La reforma prevé la obligación de publicar todos los microdatos de las encuestas.