El registro de lobbies de Navarra, el instrumento que dispuso la Ley de Transparencia para saber quién está detrás de los grupos de presión que quieren influir en las políticas públicas, va camino de morir antes de nacer.
Hace cinco años que debió ponerse en marcha, pero a día de hoy está sin hacer ni visos de salir adelante. Nadie hizo ninguna aportación al proyecto cuando se sacó a consulta pública hace tres años –lo que también da la dimensión del miedo que tienen los grupos de presión a este registro– y el Gobierno ni siquiera tiene claro quién debe gestionarlo, si ellos o la Oficina de Buenas Prácticas, creada precisamente por un mecanismo de la misma ley pero que no se puso en marcha hasta 2023. Con todo, hoy es el día que el Ejecutivo cree que el registro es un “hito importante pendiente de implementación” que “limita” los logros de la Ley de Transparencia.
La iniciativa está en punto muerto. Lo deja claro el propio Gobierno en el informe de evaluación de la Ley de Transparencia fechado en mayo de 2024. Ahí es donde reconoce sin ambages que los plazos se han superado con mucho –debió estar vigente en 2019– y que ahora, además, están pendientes de coordinarse con el Oficina de Buenas Prácticas.
Además, el Gobierno tampoco descarta que vaya a tener que hacer una pequeña reforma para clarificar qué pasa con el registro, si lo tiene que elaborar el Gobierno o la Oficina de Buenas Prácticas. Lo único seguro es que solo va a haber uno, y que estará coordinado entre Gobierno y Buenas Prácticas.
El registro, según la propia ley, será una especie de clasificación con nombres de las asociaciones, que quedarán sujetas a un código de conducta regido por un código sancionador.
El contexto de 2018
La gestión de este tema no ha sido la mejor, y el Ejecutivo lo sabe. La propuesta era muy audaz y nació en un contexto muy concreto: en 2018, en plena legislatura del cuatripartito liderado por Uxue Barkos, aunque ya se veía contemplando desde 2016, cuando Iulen Urbiola sentó las bases de lo que luego sería la Oficina de Buenas Prácticas.
La derecha y todos sus satélites, muchos de ellos asociaciones y think tanks, lobbies de toda la vida, redoblaron la presión por todos los frentes para debilitar al Gobierno. Fueron tiempos de manifestaciones convocadas por asociaciones de las que nadie había oído hablar, pero que nacieron entonces; de informes económicos apocalípticos; de maniobras desde Madrid... hasta el punto que el Gobierno de Navarra quiso poner coto a esa tendencia y planteó el registro.
Tampoco es nada descabellado, sobre todo comparando con lo que pasa en Europa. Desde hace muchos años, la influencia de los lobbies está absolutamente asumida en la Unión Europea. Pero a cambio existe más control y exigencia de estas plataformas. Ni que decir tiene que los lobbies están a la orden del día en la política americana.
Que el asunto no está nada claro en Navarra también quedó claro en una respuesta del Gobierno a la parlamentaria Cristina López Mañero, de UPN. Ahí, el departamento de Presidencia e Igualdad reconoce que la puesta en marcha del registro “genera una serie de dudas” sobre quién debe regular este tema. Por eso, es “necesaria o bien una coordinación o bien una modificación legal”.
La modificación tendría sentido, explica el Gobierno, en la medida en la que puede servir para aclarar “cuál será el papel del Gobierno” y cuál el de la Oficina de Buenas Prácticas.
