Una llamada de María Jesús Montero a Carles Puigdemont desatascó el acuerdo sobre el paquete fiscal en una pirueta más del Gobierno de Pedro Sánchez para sacar adelante la legislatura aunque sea sudando la camiseta en cada negociación. Aunque el Ejecutivo español ha ido librando batallas, la probabilidad de que pueda sacar adelante unos Presupuestos Generales del Estado (PGE) puede caer hacia cualquier lado, cual moneda al aire, toda vez que la tarea de seducir y contentar a partes iguales a unos y otros socios de investidura no parece tarea sencilla, aunque la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda lo haya llegado a considerar más factible que el pacto anteriormente mencionado.
Por de pronto,el gabinete de coalición se verá obligado a prorrogar las Cuentas de 2023 el próximo enero toda vez que solo restan dos plenos este mes de diciembre y, por medio, hay que cruzar aún el Rubicón de la senda de estabilidad que permita trazar un nuevo reparto de los objetivos de déficit, que sigue sin ser consensuada oficialmente con Junts. Con el cerco del caso Ábalos y las revelaciones de Aldama sobre su cogote, pero henchido al tomar oxígeno en el Congreso Federal, Sánchez es consciente de que el pack fiscal vio la luz gracias a tejer una red de pactos en principio imposible y en tiempo récord. Y, también, de que se avecinan nuevos obstáculos. La formación de Carles Puigdemont rechazó tramitar el mecanismo en verano y demandó ampliar el margen del gasto siete décimas, hasta el 0,8%, llegando incluso a reclamar a Moncloa la posibilidad de distribuir los límites de gasto en función del peso de cada región sobre el PIB estatal.
El Gobierno parece dispuesto a ampliar el margen para las comunidades autónomas, en detrimento del Estado, que debería asumir una parte mayor de ajuste. De salvar el escollo, Economía podría impulsar el envío del plan presupuestario que el Ejecutivo tiene pendiente con Bruselas tras remitir el plan fiscal que garantiza el cumplimiento de las reglas europeas. Solo entonces, cumplimentado el trámite, le tocará el turno al proyecto de Presupuestos. PSOE y Sumar cuentan ya con un borrador pactado que podría ser anunciado en Consejo de Ministros a corto plazo, al tiempo que los socios parlamentarios hilan semanas de conversaciones tratando de forjar un documento de mínimos sobre el que levantar las Cuentas.
Parte de las peticiones de Sumar se incluyeron por el PSOE como enmiendas en el paquete tributario que se votó aunque la mayoría decayó. Entre los anhelos frustrados de Yolanda Díaz se sitúan la supresión de las exenciones fiscales a las socimis (Sociedades Anónimas Cotizadas de Inversión Inmobiliaria), los seguros sanitarios o un repunte del IVA al 21% para los pisos de uso turístico. También el impuesto a las grandes herencias superiores al millón de euros. El debate, la negociación y el trabajo en las diferentes comisiones en la Cámara baja se dilatarían varios meses y la hipótesis más optimista hablaría de validar las Cuentas en la segunda mitad de marzo de 2025.
Tras la cuadratura del círculo con el paquete fiscal, a expensas de cómo acabará esa mesa negociadora donde el asunto piramidal reside en el impuesto permanente a las energéticas que reclama Podemos como contrapartida a su respaldo, los colaboradores de Sánchez evitan anticipar escenarios y se entregan al “partido a partido”. Junts, que es una de las cartas que puede hacer saltar por los aires el castillo de naipes, advierte de que de su lado debe caer la “delegación integral” a Catalunya de las competencias estatales en materia de inmigración, y pide al líder del PSOE el 50% del presupuesto de la Generalitat para avanzar en la negociación mientras vigila los pasos de Esquerra, todavía más pendiente de su reciente congreso que de si se cumplimenta el pacto para contar con una Hacienda propia, una especie de Concierto Económico como la CAV y Navarra, que integrara una cláusula de solidaridad.
El Govern del Palau ha realizado en los últimos años un cálculo de lo que ellos consideraban déficit fiscal de Catalunya, que alcanza los 21.982 millones de euros, casi el 10% del PIB catalán, tal y como manejó el Ejecutivo de Pere Aragonès. Ya el Estatut de 2006 incluía una disposición adicional, que fue revisada por el Tribunal Constitucional, que fijaba que “la inversión del Estado en Catalunya en infraestructuras, excluido el fondo de compensación interterritorial, se equiparará a la participación relativa del PIB en Catalunya con relación al PIB del Estado en un periodo de siete años”. El TC aclaró que un Estatuto de autonomía no puede menoscabar la libertad de las Cortes para decidir sobre la existencia y cuantía de dichas inversiones. Y de aquellos barros llegó el procés. El resumen de la propuesta de Junts es más firme: exigir al Estado que Catalunya reciba lo mismo que paga.
Las condiciones para contar con los cuatro apoyos de Podemos no son tampoco baladí. La secretaria general, Ione Belarra, anunció que su formación pondría como materias a ejecutar la ruptura de relaciones con Israel y la intervención del mercado del alquiler para bajar los precios un 40%. Líneas rojas acompañadas del refrendo de la militancia morada y, por tanto, inamovibles. “La negociación del paquete fiscal ha sentado un importante precedente. Esperamos que el PSOE tome nota y entienda desde ya las condiciones de Podemos para apoyar los Presupuestos”, declaró haciéndose fuerte. Y proclamó: “Ahora estamos parando balones, algo absolutamente fundamental, pero hay que trabajar sin descanso para volver a meter muchos goles”.
En esta batalla del Gobierno con las brechas ideológicas de su propio bloque anti reaccionario, el PNV, en palabras de Andoni Ortuzar, ha ofrecido a Sánchez toda la energía “eólica” necesaria y viento de cola para que la legislatura aguante, pero sin ponerle alfombra roja ni darle carta blanca. El presidente del EBB añadió que, en plena situación de emergencia en la Comunitat Valenciana por la dana, “es más necesario que haya una clarificación presupuestaria para las actuaciones que se tengan que hacer”. Pero en este escenario, subrayan los jeltzales, toca ratificar en la práctica los acuerdos de investidura.
En materia de nuevo estatus, ese pacto establecía que el nuevo acuerdo sobre autogobierno tendría que estar cerrado un año y medio después de que arrancara la nueva legislatura vasca, de manera que el plazo empezó a contar en julio. Respecto al cumplimiento del Estatuto de Gernika vigente y si será posible traer 29 competencias en un año, el PNV entiende que es cuestión de “voluntad política” y que, si la hay, “sobra el tiempo”.
Noviembre de 2022: En 2022 transcurrieron casi dos meses desde la presentación de las Cuentas ante el Congreso, el 6 de octubre, y la convalidación final en el pleno de la Cámara baja, el 24 de noviembre. Entonces, cuando se aprobaron los últimos Presupuestos, Sánchez logró el respaldo de diez formaciones diferentes. 2025 arrancará con la Cuentas de 2023 prorrogadas y se confía en poder certificar unas nuevas en marzo.