El Gobierno de Navarra insiste en enviar un mensaje de tranquilidad a los empleados públicos que han logrado plaza fija durante el último proceso de estabilización. El Tribunal Constitucional debe resolver ahora las dudas planteadas por el Tribunal Superior de Justicia de Navarra, que considera que el baremo de méritos ha podido vulnerar el principio de igualdad de oportunidades. La resolución puede tardar todavía varios años pero, apunta el Ejecutivo, no será retroactiva por lo que no peligran las plazas ya adjudicadas.
La consejera de Interior, Función Pública y Presidencia del Gobierno de Navarra, Amparo López, intervino ayer tras el habitual Consejo de Gobierno para reiterar, a preguntas de la prensa, el “mensaje de tranquilidad” respecto a la cuestión de inconstitucionalidad. “En principio entendemos que no tendría por qué afectar a los procesos ya concluidos y a esas plazas adjudicadas”, argumento la responsable de Función Pública.
La portavoz del Gobierno defendió así que “en este momento simplemente se ha elevado una cuestión de posible inconstitucionalidad”. Subrayó en todo caso que el Ejecutivo “va a defender su marco legal y todos los procesos de estabilización con mucha fuerza, contundencia y argumentación jurídica suficiente”. “Vamos a defender la garantía de los procedimientos que se han seguido y que afectan a más de 3.500 personas”, subrayó.
Los argumentos del TSJN
El problema surge tres el auto de la Sala de lo Contencioso del TSJN, que al igual que ha hecho con los procesos de estabilización para secretarios e interventores ha emitido dos autos en los que cuestiona que en el baremo los servicios prestados en los puestos de la Administración de Navarra supongan más del 50% respecto a los méritos acreditados en puestos similares en cualquier otro ámbito geográfico del Estado, lo que a juicio del Tribunal plantea “dudas” en cuanto a su “proporcionalidad”. Una la interpretación normativa que podría ser extensible al conjunto del plan de estabilización, por el que se han llevado a cabo 388 procesos selectivos para un total de 3.548 plazas. La mayoría se han adjudicado ya, y ese es una actu jurídico irreversible, a jucio del Gobierno.
