La ley más polémica del Gobierno de Pedro Sánchez, la amnistía a los líderes independentistas catalanes, que fue el asidero de la oposición para azotar al Ejecutivo, parece haber quedado ya apartada de la escena política cuando, en verdad, aún queda por resolverse la situación de Carles Puigdemont, que permanece exiliado en Waterloo. Dicha norma tardó solo tres meses en acabar en el Tribunal Constitucional, que será el que tenga la última palabra, previsiblemente en verano. Hasta la fecha algunos tribunales han ido aplicando sus efectos a decenas de condenados pero no así a Oriol Junqueras, que sigue inhabilitado y al máximo dirigente de Junts, que hizo una breve aparición en Barcelona el pasado 8 de agosto, cuando dio un discurso en plena calle y logró abandonar de nuevo el Estado español sin ser detenido. El Supremo rechazó aplicarles la norma al ver ánimo de enriquecerse y daño a los intereses financieros de la Unión Europea, que son las excepciones que marca la ley para no perdonar la malversación.
Junqueras ya ha activado la vía del Constitucional, que encara 19 recursos, la mayoría de comunidades gobernadas por el PP, si bien será la cuestión de inconstitucionalidad del Supremo, abiertamente crítica con la ley, la que marcará el paso, sin olvidar el recurso de los populares. En cuanto a Puigdemont, también la legislatura depende de su futuro.
