Como aquel acertijo. ¿Qué fue antes? ¿El huevo o la gallina? ¿Qué delito es mayor? ¿Un fraude a Hacienda confesado por su protagonista, a la sazón pareja sentimental de la presidenta madrileña, o la presunta revelación de secretos de todo un fiscal general? Bajo este marco zozobra la judicializada política estatal que tiene al máximo representante de la Fiscalía, Álvaro García Ortiz, enfilando el paseíllo para declarar como imputado en el Tribunal Supremo (TS) el próximo día 29 por la filtración de un correo electrónico de Alberto González Amador, novio de Isabel Díaz Ayuso, mientras el alto tribunal señala la participación en el entuerto del Gobierno de Pedro Sánchez; Moncloa lanza dardos al juez Ángel Hurtado; y el ideólogo de la trama, el jefe de gabinete de la lideresa, Miguel Ángel Rodríguez, se jacta del guión del que es máximo exponente y que arrancó hace ya casi un año.
Todo empezó cuando la Fiscalía autonómica madrileña presentó el 7 de febrero del pasado año una denuncia contra la pareja de Ayuso, a quien apenas nadie ponía entonces cara, y cinco personas más, por un delito de fraude tributario y otro de falsedad documental mercantil a raíz de que Hacienda detectase movimientos sospechosos en las sociedades de González Amador, empresario ceutí del sector sanitario que habría dejado de ingresar a Hacienda 350.000 euros (155.000 euros por el ejercicio de 2020 y 195.951 euros por el año siguiente), aceptando una pena de ocho meses de cárcel con multa de 489.330 euros, por el cobro de comisiones en la compra de mascarillas. La jueza Inmaculada Iglesias le investiga, entre otras cosas, por presunto delito de falsedad en documento mercantil al aportar unas facturas que no se corresponden con servicios prestados realmente con el fin de reducir la cuota tributaria que debía satisfacer. A lo que él deberá dar cuenta cuando declare el próximo 7 de febrero.
La noticia tardó un mes en saltar a la arena pública y desde Puerta del Sol se pusieron a tejer su estrategia. Ayuso tardó solo horas en denunciar que obedecía todo a “una inspección fiscal salvaje” contra su novio con el fin de “desestabilizarla”, lo que ahora describe como “otro Watergate”, una operación de Estado encabezada por Sánchez para “destruirla”. Su mano derecha en la Asamblea, alias MÁR, difundió el bulo de que había sido el Ministerio Público quien había ofrecido un pacto a González Amador. Una información errónea de la que se hizo eco El Mundo al publicar un email que enviaba el fiscal especialista en delitos económicos Julián Salto al abogado del novio de Ayuso, Carlos Neira. En él decía al letrado defensor que “no será obstáculo para poder llegar a un acuerdo si usted y su cliente lo estiman posible” el hecho de que se “haya denunciado a otras personas”. Las líneas son ciertas pero fuera de contexto, ya que como pudieron confirmar varios medios, en primer lugar la cadena Ser en la medianoche del 13 al 14 de marzo, fue el abogado del empresario quien, en un correo enviado previamente a Fiscalía de Madrid y que el medio citaba punto por punto, el que admite la comisión de dos delitos por parte de su defendido y ofrece un acuerdo de conformidad. Otro periodista de Eldiario.es declaró que había visto ese correo días antes, el 6 de marzo. Era la confesión de un fraude o, lo que es igual, estábamos ante un “defraudador confeso”.
Un correo en más manos
Fiscalía de Madrid, bajo la asunción de toda responsabilidad sobre su difusión por parte del fiscal general, se vio obligada a emitir un comunicado durante la mañana del 14 de marzo donde recapitulaba lo sucedido hasta el 12 de marzo desde el 23 de enero, cuando la Sección de Delitos Económicos de la Fiscalía Provincial de Madrid abrió diligencias sobre este asunto a raíz de un escrito-denuncia de la Agencia Tributaria. El primer email con fecha del 2 de febrero que Neira envía y en el que admite los delitos cometidos por su cliente y ofrece un pacto llega a un correo genérico de la sección de delitos económicos de la Fiscalía, que más tarde se remite a la Fiscalía Provincial, a la Autonómica y a la General. Este extremo conlleva a que estos correos estuvieron en manos de hasta una treintena de personas. De ahí que los periodistas que pudieron verlos hayan sostenido en sede judicial que lo conocían antes que el propio fiscal general. Al acogerse al derecho de información y al secreto profesional, se intuye complicado saber quién filtró el correo y por tanto responsabilizar a alguien de ello. Esa nota asumida por la Fiscalía es la que llevó a González Amador y al colegio de Abogados de Madrid a denunciar filtraciones ante el TSJ de Madrid, que luego remitió el asunto al Tribunal Supremo dada la calidad de aforado de García Ortiz.
La Abogacía sostiene que “la primera revelación de secretos fue de Miguel Ángel Rodríguez” el pasado 13 de marzo, para lo cual se basa en varias noticias en distintos medios publicadas aquella noche. Sin embargo, obvia que el email que difunde Rodríguez no es el correo en el que González Amador confiesa fraude fiscal, cuya revelación es la que según el novio de Ayuso vulnera su derecho de defensa. MÁR llegó a escribir en X: “Resumen de la locura de hoy: la Fiscalía ofrece por email un acuerdo al sr. González y, antes de que pueda responder, la misma Fiscalía dice que ha recibido órdenes de arriba para que no haya acuerdo y, entonces, vayan a juicio”. Los mensajes entregados por el propio MÁR en el Supremo revelan que mintió sobre esa orden “de arriba” que habría desbaratado el pacto. Aunque la nota de prensa del Ministerio Público fue el origen de la investigación, el TS descartó que el comunicado fuera delito, ya que cuando la Fiscalía lo difundió la información estaba en los medios. Sin embargo apreció indicios de delito en la filtración previa a la prensa de datos que solo podía conocer el fiscal general.
En su investigación, la UCO de la Guardia Civil encontró una conversación previa que acredita que el teniente fiscal de la Secretaria Técnica y amigo personal de García Ortiz, Diego Villafañe, pidió a la fiscal jefe provincial, Pilar Rodríguez, la denuncia completa contra el novio de Ayuso, y una vez recibido ese correo, se publicó en Eldiario.es. La UCO concluyó que el fiscal general podría haber participado en los pasos que llevaron a la filtración, aprovechando su posición jerárquica, y que borró los mensajes que intercambió e incluso cambió de terminal telefónico tras iniciarse las pesquisas en el alto tribunal.
Pero el juez señala al Gobierno
En este contexto, a día de hoy, el juez Hurtado pone en la picota a Moncloa por la filtración indicando que “con salida de la Fiscalía General del Estado y destino Presidencia del Gobierno, circuló el mismo correo de 2 de febrero de 2024, y de ahí al medio de comunicación Elplural.com”. Agrega, además, que desde Presidencia del Gobierno se hicieron “gestiones” para que se publicara para que así el entonces líder del PSOE en Madrid, Juan Lobato (en contacto con la asesora en Moncloa Pilar Sánchez Acera), pudiera hacer uso de esa información. El auto del juez que imputa formalmente y por primera vez en la historia de la democracia a un fiscal general del Estado en ejercicio desoye todos los argumentos desplegados tanto por la defensa que ejerce la Abogacía del Estado como por la propia Fiscalía. El instructor señala la existencia de una “operación coordinada” del denominado equipo de Fortuny (nombre de la calle que da acceso a la Fiscalía General) realizada con prisas, “urgencia” y en medio de una “gran tensión” para responder a una información periodística que afectaba a la pareja de Ayuso. Desde la Fiscalía y la defensa se habla del interés en “desmentir un bulo”, una consideración que al juez no le sirve para considerar justificada la actuación de García Ortiz.
Un entramado que retroalimenta la refriega política. El Gobierno de Sánchez, en su ejercicio de defensa del fiscal general, acusa al magistrado de tirar de “elucubraciones” para colocar en el punto de mira a Moncloa al no aportar ninguna “base probatoria”, sintiéndose objeto de un “acoso judicial”. Mientras, Ayuso manosea a diario el caso en su guerra contra el Ejecutivo de coalición, al que reprocha el uso de la Fiscalía “para dinamitar el Estado de derecho y vulnerar los derechos de un ciudadano“. “El fiscal general y la cuadrilla de Fortuny deberían dimitir porque son un peligro”, sostiene en una hipérbole constante que tiene en Miguel Ángel Rodríguez al ideólogo de lo que, en contraposición, el que ya ejerce como líder socialista en Madrid, Óscar López, tilda de “Whiskygate”.
La sombra de la duda sobre García Ortiz
– “Álvaro, ¿has filtrado tú?”. Esa pregunta tan directa que le hizo la mañana del 14 de marzó la fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra, a Álvaro García Ortiz, una interpelación a modo de sospecha, ha sembrado aún de más dudas esta semana el proceder que tuvo el fiscal general. Pero todavía más por la respuesta que obtuvo: “Eso ahora no importa”. Según la declaración de Lastra en el Supremo, el máximo exponente de la Fiscalía no cortó de raíz el asunto con una negativa rotunda, dejando abierta así la posibilidad de que, en verdad, fue el quien procedió a trasladar a los medios el correo relativo a Alberto González Amador, la pareja de Isabel Díaz Ayuso. La fiscal precisó que la filtración solo pudo haber salido de la Fiscalía porque a los datos en cuestión no tenían acceso otras partes, y que ella no estaba de acuerdo con el contenido de la nota difundida y que así se lo hizo saber a García Ortiz.
La corrupción cerca al novio
En paralelo, al novio de la presidenta no le ha ido mejor. La Fiscalía ha pedido investigar posible “corrupción en los negocios” entre González Amador y Fernando Camino, presidente de Quirón Prevención, ante “lo que parece ser una comisión encubierta de medio millón de euros” de la pareja de Ayuso al directivo del gigante sanitario por una empresa sin apenas actividad que le compró a finales de 2020. A esa cifra se suman al menos 26.000 euros que González Amador pagó antes a dos empresas de Camino por “asesoramiento” o propaganda, según la documentación remitida al juzgado. En total, 525.836 euros en 2019 y 2020. Así, no se descasta la existencia de una organización criminal en la trama de fraude fiscal del empresario.
