La crisis que ha llevado a Vox Navarra a su desaparición en el Parlamento no ha sido un estallido casual. Más bien, es fruto de una serie de tensiones internas larvadas durante años, un mar de fondo que ha terminado por agitarse en el momento en el que Maite Nosti, improvisada candidata para las forales de 2023, decidió dejar el partido y pasar al grupo de los no adscritos antes de que Vox la destituyera como portavoz por su negativa a plegarse a los requerimientos de la dirección estatal.
En los últimos años, hay al menos tres episodios que ilustran la mala situación interna de un partido que nunca tuvo ni organización, ni estructura ni solvencia jurídico-política.
Y casi todos tienen en común un punto: unas críticas más o menos veladas a las formas de hacer tanto de Emilio Jiménez Román, antiguo presidente del partido y hoy parlamentario foral del Grupo Mixto –todavía responde a la dirección nacional, mientras que Nosti se ha dado de baja–, como de María Estévez García, vicepresidenta durante mucho tiempo.
Hoy, sobre el papel, ninguno tiene cargos orgánicos. Pero su gestión del partido, sus formas y su círculo de confianza despertaron tiranteces internas y espantaron a muchos militantes que se acercaron a Vox ilusionados por la marca a nivel estatal, pero que huyeron tras comprobar cómo funcionaba el partido aquí.
Una denuncia interna de 23 militantes por "abuso de poder" de la dirección
Los problemas internos en Vox Navarra vienen de atrás. Lo comenta cualquier militante que se haya acercado al partido en todo este tiempo. De 2021 consta una denuncia interna firmada por 23 personas –con nombres, apellidos y formas de contacto– y formulada ante el comité de garantías de Vox en Madrid.
La denuncia está formulada contra Emilio Jiménez Román y María Estévez García, entonces presidente y vicepresidenta. Hoy, Jiménez Román es parlamentario en el Grupo Mixto –después de la marcha de Maite Nosti al grupo de los no adscritos– y Estévez sigue teniendo peso en el día a día del partido en Navarra, pese a que teóricamente no desempeña ningún cargo orgánico. Fue la número 3 en la lista de las pasadas elecciones forales y le correspondería entrar al Parlamento en caso de que Nosti termine por dejar el acta.
En la denuncia, el grupo de personas narra una serie de episodios –que se remontan a las elecciones forales de 2019– que sirven para ilustrar que el partido “no goza de buena salud”.
Los denunciantes ponen al corriente al comité de garantías del número de bajas en la afiliación navarra –unas cien, cuantifican–, producidas en parte por las “desconsideraciones, mal comportamiento, abuso de poder, prepotencia e insolencia en el trato a los ‘subordinados’” que reciben de los gestores.
Señalan, también, que algunos cargos intermedios de Vox Navarra salieron “despavoridos” al ver “la falta de libertad y democracia aplicada por la gestora”, que habría demostado “un talante muy lejano al espíritu de las ideas de Vox”. Los militantes también denunciaron dejación en labores básicas, como elaboración de actas de reuniones, o falta de información a la militancia, y avisaron de que así “se están llevando Vox Navarra a la deriva”.
Un excoordinador en Tudela acudió a la Agencia Española de Protección de Datos por una filtración
Un año más tarde, a finales de 2022, ocurrió otro episodio feo dentro del partido. El excoordinador del partido en Tudela acudió a la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) tras haber detectado que una empresa privada estaba al tanto de sus datos personales y de su afiliación política, una información especialmente sensible y que exige un tratamiento muy escrupuloso.
El exmilitante de Vox preguntó a la cúpula del partido en Navarra por si sabían cuál podía ser el origen de la filtración, pero desde el partido quitaron hierro al asunto y no le dieron muchas explicaciones.
Visto que no iba a tener mucho apoyo por parte del partido, el militante abandonó Vox en el verano de 2022 y se puso en contacto con el abogado Jorge Piedrafita, con quien formuló un requerimiento ante la Agencia Española de Protección de Datos con el fin de aclarar bien el episodio y localizar el punto de fuga.
Estos datos no se pueden vender o ceder de cualquier forma, y requieren, mínimo, de un consentimiento expreso y reforzado por parte del propietario de los datos –en este caso el militante– en caso de que se quieran utilizar para cualquier cosa. Las sospechas del excoordinador, además, iban en otra dirección: que su caso no era el único, y que pudiera haber más afectados, no solo en Navarra.
Los datos relativos a la afiliación política y la pertenencia a sindicatos están prácticamente blindados por la Constitución, que ampara a cualquier ciudadano a no revelar, bajo ninguna circunstancia –ni siquiera en sedes parlamentarias, ante comisiones de investigación, por ejemplo– si milita en algún partido político o sindicato. A día de hoy, no consta resolución de la AEPD sobre este caso.
Condena a las costas después de una denuncia sin fundamento
Otro golpe al partido llegó desde los tribunales. En abril de 2022, el Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN) rechazó dos demandas que Vox Navarra había formulado contra dos decretos anticovid en tiempos de pandemia. La justicia vio escaso fundamento en la iniciativa, le dio carpetazo y condenó a Vox a asumir las costas del proceso.
Vox Navarra impugnó las órdenes forales 63/2021, de 27 de diciembre, y la prórroga de la 60/2021, de 24 de noviembre, que tenían que ver con el pasaporte covid, restricciones horarias y de aforos en la hostelería. El TSJN dictaminó que las órdenes forales no infringían el derecho a la intimidad ni a la igualdad y recordaba que la doctrina constitucional avala que los derechos fundamentales no tienen carácter ilimitado, sino que pueden modularse en función de bienes mayores.
