Manos Limpias ha reclamado cuatro años de cárcel para el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, en la causa que se sigue en el Tribunal Supremo contra él y la fiscal jefa Pilar Rodríguez por un presunto delito de revelación de secretos de Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.
En su escrito de acusación, al que ha tenido acceso Europa Press, la organización pide además que sea suspendido del cargo público de fiscal durante tres años y 216.000 euros de multa, ya que considera que "no hay duda" de que García Ortiz "estaba legitimado para acceder al documento".
"Por lo que nos hallamos ante un supuesto de exhibición o entrega del documento secreto a un tercero no autorizado: su remisión, tanto de forma directa como a través de la Presidencia del Gobierno, a los medios de comunicación social, para su difusión pública", indica.
Manos Limpias, que achaca al fiscal general un presunto delito de "violación de secretos", solicita que declare como testigo en el eventual juicio el ministro para la Transformación Digital y líder del PSOE madrileño, Óscar López, puesto que "ostentaba la condición de director del Gabinete del Presidente del Gobierno".
Pide también la declaración de la exasesora de Moncloa Pilar Sánchez Acera y del senador y exlíder de los socialistas madrileños Juan Lobato.
Igualmente, la organización demanda que comparezcan el fiscal de delitos económicos de Madrid que investigaba a Alberto González Amador, Julián Salto, y la fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra, además de varios periodistas.
INDICACIONES DEL GOBIERNO
El magistrado instructor del Tribunal Supremo (TS) Ángel Hurtado acordó el pasado 9 de junio procesar al fiscal general basándose principalmente en la filtración del correo electrónico que la defensa de González Amador envió el 2 de febrero de 2024 a la Fiscalía ofreciéndose a reconocer dos delitos fiscales a cambio de un pacto de conformidad con el Ministerio Público.
Hurtado puso a García Ortiz a las puertas de juicio al entender que filtró a la prensa dicho 'email' por "indicaciones" del Gobierno y que desde la Fiscalía General del Estado que dirige se envió el mismo a Sánchez Acera, actual 'número dos' del PSOE de Madrid.
Asimismo, el instructor procesó a la jefa de la Fiscalía Provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, al considerar que "sabía" que los correos electrónicos relativos al novio de Ayuso que "hacía llegar al fiscal general del Estado" serían difundidos.
