La llegada de las vacaciones estivales tuvo un efecto balsámico por el nivel de decibelios que había alcanzado la confrontación política, azuzada por el combustible de la corrupción que sitia al PSOE, con el presunto caso que tiene como protagonistas a Santos Cerdán, José Luis Ábalos y Koldo García en el frontispicio. Sin embargo, este periodo de asueto no ha sido tal y la ola de incendios que ha asolado el Estado ha tenido otro foco en el ámbito político, con el PSOE y el PP atizándose a cuenta de la eficacia de la gestión para sofocar los fuegos y el nivel de responsabilidad tanto del Gobierno español como de las comunidades autónomas afectadas.
La controversia por la distribución obligatoria de menores migrantes procedentes de Canarias, Ceuta y Melilla, y el rechazo frontal de una decena de comunidades gobernadas por el PP que han recurrido esta medida tanto en el Tribunal Constitucional como en el Tribunal Supremo, no han hecho sino enconar las posiciones de los dos principales partidos en el Estado. Las espadas siguen, por tanto, en alto de cara a los primeros plenos ordinarios que tendrán lugar a partir del martes de la semana que viene, 9 de septiembre, donde el presidente español, Pedro Sánchez, y el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, volverán a confrontar cara a cara.
Por el momento, la estrategia desplegada por el PP para forzar la comparecencia en el Senado de cuatro ministros con el fin de abordar los incendios se le ha vuelto en contra como un bumerán. Así, lo que se puso en solfa en esas intervenciones fue la actuación de las comunidades autónomas gobernadas por los populares, con especial incidencia en Castilla y León, presidida por un Alfonso Fernández Mañueco cada vez más cuestionado.
Es el caso de la ministra de Defensa, Margarita Robles, que el pasado martes recriminó a las comunidades del PP su falta de prevención ante los incendios y los retrasos a la hora de pedir medios para combatirlos. Les recordó a su vez que la competencia para pedir la activación de la Unidad Militar de Emergencias (UME) les corresponde, ya que “el Ejército no actúa de oficio”.
Distribución de menores
El sistema para derivar menores no acompañados desde Canarias, Ceuta o Melilla al resto de comunidades autónomas ha provocado un nuevo choque entre el PP y el Gobierno, en este caso por la advertencia de que las autonomías están obligadas por ley a asumir la acogida.
A este mecanismo, por el que se derivará a 3.000 menores migrantes y a los que lleguen a partir de septiembre, se opone el PP, que votó en contra de la reforma legislativa, y diez comunidades gobernadas por este partido han recurrido al Tribunal Constitucional, al igual que Castilla-La Mancha, presidida por el PSOE. Eso sí, Ceuta y Melilla, dos ciudades autónomas gobernadas por el PP, han pedido ya formalmente la contingencia migratoria extraordinaria, que debe declarar el Gobierno, para que se derive a menores que a día de hoy acogen.
La petición de comparecencias no se queda en el Senado, y el PP no logró sumar apoyos en la Diputación Permanente que se celebró el martes para que comparezcan Pedro Sánchez y ocho de sus ministros. La petición respecto a Sánchez estaba motivada por la imputación de su esposa, Begoña Gómez, la investigación judicial a la exmilitante socialista Leire Díez y el “incumplimiento” del informe del Grupo de Estados contra la Corrupción del Consejo de Europa (GRECO). Pese a ello, cuatro ministros acudirán a la Cámara Baja a petición propia para informar, entre otros, sobre la gestión de los incendios en todo el Estado y las incidencias ferroviarias.
Respecto a la corrupción, el Consejo de Ministros aprobó el pasado martes la creación de una comisión interministerial, que estará liderada por la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, para impulsar y coordinar el plan de lucha contra esta lacra que Pedro Sánchez anunció en el Congreso tras el estallido del caso que afecta al ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán. Este órgano “servirá para la coordinación política y técnica entre todos los ministerios” de las medidas contra la corrupción, además de supervisar “las actuaciones de los departamentos e impulsar la elaboración de propuestas”.
Presupuestos
El Consejo de Ministros celebrará asimismo su reunión mañana, cuando tiene previsto aprobar otro de los temas que enfrenta a Moncloa con el PP y las comunidades donde gobierna, la quita de la deuda. El Ministerio de Hacienda llevará al Consejo un anteproyecto de ley para condonar deuda a las comunidades autónomas por un importe de 85.000 millones de euros.
El anteproyecto pasará después al Congreso para su aprobación, donde el Gobierno también tendrá que llevar el objetivo de estabilidad presupuestaria que habitualmente se presenta de forma conjunta con el techo de gasto y que son el paso previo a la presentación del proyecto de presupuestos.
Sobre las cuentas para el próximo ejercicio ya se han pronunciado varios socios del Gobierno durante la legislatura. Bildu ha asegurado que acudirá a la negociación presupuestaria “con toda la voluntad del mundo”, Podemos recuerda sus líneas rojas y sospecha que Sánchez quiere presentarlos para poder convocar elecciones anticipadas si no logra su aprobación, y Junts avisa de que la estabilidad se tiene que ganar de forma periódica.
“En otoño quizás tienen que pasar cosas que no se han visto hasta ahora”. Con estas palabras, el presidente de JxCat, Carles Puigdemont, verbalizaba hace unos días la enésima advertencia a Sánchez y anticipaba un trimestre en el que los siete diputados de Junts en el Congreso volverán a ser determinantes.
El formato del primer pleno ordinario en el Congreso, en el aire
El propio formato del primer pleno ordinario en el Congreso, previsto la semana que viene, es objeto de controversia y sobre el mismo se cierne una sombra de duda, después de que el PSOE haya avanzado que propondrá que dure dos días en lugar de tres y que se libere el jueves día 11, festivo en Catalunya, para que los diputados catalanes que lo deseen puedan estar en su comunidad celebrando la Diada.
Así lo sugerirá el Grupo Socialista en la primera reunión que celebrará la Junta de Portavoces en el nuevo periodo de sesiones que arranca hoy. Es previsible que la propuesta cuente con el apoyo, al menos, de ERC y Junts. De salir adelante, obligará a rediseñar el programa habitual de las sesiones plenarias, que reserva los jueves para los debates en los que interviene el Gobierno y los relativos a los decretos ley y las enmiendas de totalidad.
Sin embargo, el PP se opone a este formato comprimido, que supondría condensar la actividad de la cámara esa semana, y lo ve un “un tic autoritario más” de Pedro Sánchez, que “está acorralado por la corrupción y su debilidad parlamentaria”. Así lo afirmó la vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, que añadió que esta petición obedece a que el 11 de septiembre está citada a declarar como imputada Begoña Gómez, la esposa de Sánchez, y el presidente español pretende que no haya actividad política “para que no haya foco sobre él”. La defensa de Gómez ha pedido al juez Juan Carlos Peinado aplazar la citación porque tenía fijado de forma previa otro señalamiento para ese mismo día en Tenerife.
Los socialistas defienden que el recorte de un día no afectará a la actividad parlamentaria porque el Congreso hará el mismo trabajo en dos días que en tres, y agregan que hay “un número muy elevado de diputados catalanes” que quieren estar en Barcelona ese día.
Pero estos argumentos no convencen al PP, que no ve motivo para suspender un pleno “porque hubiera una fiesta de una comunidad autónoma” y lo tacha de “absoluta degeneración democrática”. Vox cree que “lo que no quiere Sánchez es recibir una vez más un vapuleo histórico en el Congreso”.
