El pulso entre UPN y PSN por las comisiones de investigación desdobló ya en el mes de agosto el tablero político navarro entre el Parlamento foral y el Senado. El senador socialista navarro Javier Remírez ha acusado este martes a los regionalistas de actuar con “incoherencia, hipocresía y querer saber solo lo que le conviene” al vetar la comparecencia de la expresidenta Yolanda Barcina en la comisión de investigación del Senado, mientras promueve, junto a PP y Vox, las de María Chivite y Uxue Barkos.
En una nota, Remírez ha defendido la necesidad de que Barcina dé explicaciones porque, según ha recordado, “las actuaciones del Gobierno de Navarra que presidió en torno al proyecto de Mina Muga están en el origen de la creación de Servinabar para gestionar dicho proyecto minero”. A su juicio, los permisos iniciales “se tramitaron con UPN al frente del Gobierno de Navarra y el PP al frente de los gobiernos de España y Aragón, las otras dos administraciones implicadas”.
El senador ha insistido en que así lo recoge el propio informe de la Guardia Civil, que menciona el convenio de encomienda de gestión para la tramitación del proyecto de Mina Muga firmado en junio de 2015 entre el Ejecutivo de Barcina, el Gobierno de Aragón de Luisa Fernanda Rudi (PP) y el Ejecutivo de Mariano Rajoy. En esa misma etapa, ha recordado, Koldo García fue condecorado por el Gobierno de Navarra de Yolanda Barcina en el Día de la Policía Foral de 2015.
“UPN no acepta las mayorías políticas salvo cuando le conviene”, ha subrayado Remírez, quien ha incidido en que el PSN no tiene problema en que comparezcan Barcina, Barkos o Chivite en la comisión de investigación del Parlamento de Navarra, “pero siempre después de que declaren las personas que gestionaron contratos con Servinabar en sus respectivos gobiernos, que ya están incluidas en las 41 comparecencias aprobadas por el Legislativo foral”. Además, ha lamentado que UPN, PP y Vox hayan tumbado también la comparecencia de Óscar Arizcuren, exsecretario general y exvicepresidente de UPN, propuesto por el PSOE.
Veto selectivo
Las declaraciones de Remírez llegan tras conocerse este lunes que la presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, tendrá que acudir al Senado el próximo 29 de septiembre, tras la citación de otros cargos como Bernardo Ciriza, exconsejero de Cohesión Territorial, o Fernando Merino, exdelegado de Acciona para Navarra y La Rioja.
La lista de comparecencias aprobada por la mayoría conservadora en la Cámara Alta incluye también a la expresidenta Uxue Barkos, al exvicesecretario general del PSN Ramón Alzórriz, a la ministra Elma Saiz, al propio Javier Remírez, al consejero de Hacienda José Luis Arasti y a todos los trabajadores que haya tenido Servinabar desde sus inicios, incluidos familiares de dirigentes socialistas como la hermana de Santos Cerdán o la pareja de Alzórriz.
Sin embargo, esa misma mayoría —UPN, PP y Vox— ha evitado que figuren en el listado dos nombres relevantes de la etapa regionalista: Barcina y Arizcuren, una decisión que, en opinión de los socialistas, refleja la voluntad de la derecha de orientar las investigaciones con un sesgo partidista.
Entre Pamplona y Madrid
La pugna en torno a quién debe o no comparecer forma no ha cesado en todo el verano. En agosto, la aprobación del plan de trabajo de la comisión foral ya evidenció las diferencias: el Parlamento de Navarra limitó a 40 las más de 100 comparecencias inicialmente propuestas, dejando fuera a nombres de peso como las presidentas Chivite, Barkos o Barcina, el exministro José Luis Ábalos o la ministra Elma Saiz.
La reacción de UPN fue inmediata: trasladó al Senado todos los nombres que habían sido descartados en Pamplona. Así, la Cámara Alta, donde el PP goza de mayoría absoluta, se ha convertido en un espacio alternativo para los regionalistas, bajo el paraguas de los 'populares', que hacen y desahacen a su antojo y han conseguido citar allí a dirigentes socialistas de primer nivel.
El resultado es un doble circuito de comisiones, en el que lo que no prospera en Navarra se impulsa en Madrid y viceversa, un juego del gato y el ratón que amenaza con diluir el objetivo de fondo: esclarecer con rigor el entramado de contratos públicos en torno a empresas como Acciona y Servinabar, vinculadas a la causa judicial que afecta a a la triple entente formada por Santos Cerdán, José Luis Ábalos y Koldo García.
