El juez Hurtado (TS) ha decidido abrir juicio al fiscal general de Estado, Álvaro García Ortiz, por presunta revelación de secretos en relación con la investigación que pesa sobre la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Aunque no se le ha suspendido, sí se le ha impuesto una fianza de 150.000 euros para hacer frente a posibles responsabilidades penales.

El auto judicial dictado por Hurtado no es recurrible y envía a juicio al fiscal general, al que le da un plazo de diez días para que presente su escrito de defensa frente a las acusaciones, que piden cuatro años de prisión e inhabilitación, salvo la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales que lo eleva a seis años.

En cambio, rechaza suspenderle cautelarmente de sus funciones, como pedía esta asociación, al señalar que existe una regulación para acordar la suspensión de cualquier miembro de la carrera fiscal por vía administrativa, que no contempla la del fiscal general del Estado, lo que a su juicio entiende como “un vacío legal”, si bien envía su auto a la Inspección Fiscal para que, en su caso, resuelva lo que proceda y le informe de la decisión adoptada.

Ahora corresponde a la Sala de lo Penal fijar la fecha de un juicio que será histórico y que previsiblemente se celebrará en noviembre por un tribunal compuesto por siete magistrados, según las normas de reparto. De esta forma, presidirá el tribunal Andrés Martínez Arrieta y le acompañarán Manuel Marchena, Juan Ramón Berdugo, Antonio del Moral, Carmen Lamela, Ana Ferrer y Susana Polo.

En su auto, Hurtado envía a juicio a García Ortiz por, “indiciariamente, haber revelado, en su condición de fiscal general del Estado, secretos de los que pudo haber tenido conocimiento por razón de su cargo”. El juez trata de dirimir si el fiscal general es el responsable de hacer llegar a los medios la información contenida en los correos que intercambiaron Julián Salto, el fiscal del caso contra Alberto González Amador, pareja de Díaz Ayuso, y el abogado del empresario, Carlos Neira. En concreto, la causa se centra en la filtración de una oferta para alcanzar un pacto de conformidad que evitara llegar a juicio por los dos delitos fiscales que presuntamente habría cometido González Amador.

El juez explica en el auto que el protocolo de conformidad suscrito por la Fiscalía General y el Consejo General de la Abogacía lleva aparejado un deber de discreción, por razón del cual “no es tolerable divulgación alguna a terceros sin autorización del interesado, cuya reputación bien pudiera verse perjudicada por esa revelación” 

Pareja de Ayuso 

La pareja de Ayuso se enfrenta a varios años de cárcel por un presunto delito de fraude a la Hacienda pública mediante facturas falsas..Considera que se lesionaron sus derechos a la intimidad y al derecho de defensa. 

Los partidos que sustentan el Gobierno español respaldaron a García Ortiz y reivindicaron la presunción de inocencia. Así lo hizo Patxi López (PSOE) que se preguntó cómo se entendería un país que hiciera dimitir a quien defiende la verdad sin darle la presunción de inocencia mientras que siguen en la calle “quienes no son inocentes, por ejemplo Aldama”.

El PP salió en tromba contra el Gobierno español y pidió la dimisión del fiscal general. El líder de los populares, Alberto Núñez Feijóo, aseguró que si Sánchez no exige la dimisión de García Ortiz, “le acompañará hasta el banquillo”. A través de la red X, el jefe de la oposción insistió en que “la degradación institucional” a la que Sánchez somete al país “es insoportable”. Por su parte, la portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, considera que la continuidad del fiscal plantea un conflicto “moral y ético”. 

Caso púnica

Ramificación murciana La Audiencia Nacional ha condenado a cuatro años de prisión a los principales implicados en la rama murciana del caso Púnica, tal. En un auto al que ha tenido acceso la cadena Ser, el juez de la Sección Primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, José Ricardo de Prada, considera acreditado que los contratos públicos “fueron simulados para financiar trabajos de reputación personal del consejero, vulnerando principios de transparencia y legalidad”. 

‘Caso Púnica’. Esta sentencia de la Audiencia Nacional llega diez años después de que estallará la operación Púnica. En 2014 la Guardia Civil detuvo a medio cenenar de políticos del PP de Madrid, ediles, empresarios y funcionarios implicados en una trama de corrupción que adjudicó servicios públicos por valor de 250 millones de euros. Como contrapartida, se cobraban comisiones ilegales del 3%