El juez del Supremo abre la puerta a dejar en libertad a Santos Cerdán

Es la primera vez que la defensa deSantos Cerdán no se topa con un muro inquebrantable. El juez del Tribunal Supremo Leopoldo Puente ha dado un plazo de cinco días a la Fiscalía Anticorrupción y a las acusaciones populares, representadas por el PP, para que se pronuncien sobre la última petición de libertad presentada por el exsecretario de Organización del PSOE, en prisión preventiva desde el 30 de junio en la célebre cárcel de Soto del Real, que ha solicitado en varias ocasiones su excarcelación. En su nuevo recurso, presentado el 8 de septiembre, sus abogados reclaman la libertad inmediata y la práctica de nuevas diligencias de investigación.

El Supremo justificó en su momento el ingreso en prisión de Cerdán por riesgo de destrucción o alteración de pruebas, manipulación de testigos o incluso de movimiento de posibles fondos ocultos de la presunta trama de comisiones vinculadas a adjudicaciones de obra pública. La decisión de encarcelamiento fue adoptada por el propio instructor y confirmada posteriormente por la Sala de Apelación, que rechazó el recurso de la defensa. Mientras tanto, el Tribunal Constitucional analiza esta semana si admite a trámite el recurso de amparo presentado por Cerdán contra su entrada en prisión provisional, en el que también se denuncia vulneración de derechos fundamentales.

Fuentes de la defensa se muestran prudentes y recuerdan que, por el momento, el juez se ha limitado a dar traslado de la petición y no se pronunciará hasta recibir los escritos de las acusaciones. Si estas no se opusieran a la excarcelación, el magistrado estaría obligado a decretar la libertad de Cerdán; en caso contrario, resolverá conforme a su criterio. No obstante, recuerdan que ya existen dos resoluciones desfavorables: la decisión inicial de Puente y la posterior confirmación de la Sala de Apelación.

Investigación “sin límites”

La defensa del exdirigente socialista navarro sostiene que la investigación judicial “carece de límites” y busca “incriminar actividades propias de la participación política”. En su escrito, los letrados denuncian que el procedimiento está “fuertemente tensionado procesalmente” y constituye “una pesquisa general” que no investiga “un hecho delictivo pasado, concreto y delimitado”, sino que “construye una causa general” sobre toda la trayectoria política de Cerdán con el único objetivo de “alcanzar a toda costa una conclusión incriminatoria”.

En su escrito, los letrados Benet Salellas y Jacobo Teijelo insisten en que la prisión provisional es “inconstitucional” porque se ha superado el plazo legal y porque “no hay pruebas”. Recuerdan que “el crédito que se ha dado, siete meses, para acreditar la hipótesis de corrupción en la más benevolente de las posibilidades, está vencido, no hay pruebas y las actuaciones están viciadas de vulneraciones de derechos fundamentales”.

Asimismo, advierten de que la medida “conlleva el riesgo de superar materialmente la duración máxima de la prisión preventiva” acordada inicialmente para asegurar la investigación del presunto delito. A su juicio, “los cuerpos policiales han tenido el tiempo y las oportunidades suficientes para asegurar la debida investigación, sin que quepa ya seguir privando de libertad”.

Los abogados subrayan que desde que surgieron las sospechas, en los meses de febrero y marzo, “han transcurrido los seis meses que el legislador entendió suficientes” para la instrucción. También alertan de los “importantes riesgos” de avalar “una hipótesis policial sin indicios que la confirmen”, de “realizar una investigación judicial sin objeto delimitado” y de “estar superando la proporcionalidad temporal de la medida de prisión provisional”.

Nulidad de las pruebas

Uno de los puntos clave de la defensa es la validez de las grabaciones incautadas a Koldo García, exasesor del exministro de Transportes José Luis Ábalos, que sirvieron de base para imputar a Cerdán. Consideran que se trata de “una prueba absolutamente nula”, ya que García ha negado ser el autor y, en caso de haberlo sido, “es evidente que lo habría hecho bajo la dirección policial”.

En otro escrito remitido al Alto Tribunal, los abogados subrayan la “especial relevancia de dilucidar las circunstancias y naturaleza de la investigación para evitar cualquier hipotética desviación de poder de la Policía Judicial que pudiera haber contaminado el proceso debido”. En este sentido, piden interrogar como testigos a los agentes de la Guardia Civil que elaboraron el informe del 5 de junio, el que dio lugar a la imputación de Cerdán. También reclaman la declaración de Rubén Villalba, agente del instituto armado imputado en la parte del caso que se investiga en la Audiencia Nacional, al que relacionan con el comisionista Víctor de Aldama